El suicidio de dos detenidos en los calabozos de la comisaría de Motril el 9 y 12 de septiembre mantiene abiertas dos causas en los juzgados, mientras la Policía Nacional trata de averiguar si se cumplieron adecuadamente los protocolos establecidos. Precisamente, el Ministerio del Interior emitió una instrucción, la 12/2015 de la secretaria de Estado de Seguridad con fecha 1 de octubre de 2015, de «obligado cumplimiento» y en la que establece en el apartado f del anexo la necesidad de instalar cámaras de videovigilancia en los calabozos: «Los centros de detención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispondrán de sistemas de videovigilancia con grabación que contribuyan a garantizar la integridad física y la seguridad de las personas privadas de libertad y de los funcionarios policiales que ejercen su custodia (...) los agentes deben mantener un control de los calabozos a través de la videovigilancia», advierte este documento.
La comisaría de Motril disponía de una sola cámara de vigilancia en la zona de calabozos y sólo recogía imágenes del pasillo, no del interior de las celdas, tal y como marca el protocolo de seguridad. A este periódico le consta la existencia de una petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP) avalada por la comisaría de Motril y respaldada por la comisaría provincial de Granada para solicitar la instalación de cámaras en el interior de las celdas de los calabozos, tal y como ocurre en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental.
Policía Nacional tomó ayer declaración a los funcionarios que custodiaban las celdas
Ese mismo protocolo, que en apenas semana y media cumplirá dos años vigente, también establece que los funcionarios encargados de custodiar los calabozos -en Motril sólo había uno, pendiente también del control de las cámaras de videovigilancia tanto de las zonas externas como de las internas del recinto policial- deben hacer rondas cada hora por los calabozos, como mínimo. Un extremo que ya se ha podido comprobar que se cumplió con el visionado de la cámara allí instalada.
Falta de imágenes
Las dudas planteadas por estos suicidios, registrados en un corto espacio de tiempo, se alimenta de la imposibilidad de saber qué pasa en el interior de los calabozos con los detenidos y la imposibilidad de conocerlo si no hay alguien de forma permanente allí. La videovigilancia hubiera alertado al funcionario de los intentos de suicidio.
Los dos óbitos se registraron en los intervalos existentes entre ronda y ronda, de uno de ellos se pudo percatar el agente de policía pocos minutos después de haber ocurrido según ha podido saber este periódico. El policía inició maniobras de reanimación mientras llegaba la ambulancia, pero el esfuerzo por recuperar la vida resultó infructuoso.
Los investigadores de la Policía Nacional estuvieron ayer en la Comisaría de Motril tomando declaración a los funcionarios encargados de la custodia de los calabozos los dos días de autos. Ahora sólo queda por ver si las familias de los fallecidos pedirán algún tipo de responsabilidad civil a la Dirección General de Policía debido a que es el Estado el responsable de su protección mientras se encuentran detenidos en dependencias policiales.
De momento, ni la Dirección General de Policía (DGP) ni los máximos responsables de este cuerpo en Granada se han querido pronunciar sobre lo ocurrido. Sólo la subdelegación del Gobierno confirmó lo sucedido y las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior para esclarecer lo sucedido.
Los dos fallecidos se encontraban detenidos en espera de pasar a disposición judicial por los delitos presuntamente cometidos, uno de ellos de violencia en el ámbito familiar. Uno de los fallecidos se quitó al vida con una venda que llevaba en una herida en la pierna y el otro con una prenda de vestir. La investigación sigue abierta.
Fuente: Ideal