Chile moderniza y refuerza su protección de datos personales
Chile pondrá al día su ordenanza de Protección de la Vida Privada, de agosto de 1999, con el objetivo de adecuarla a los tiempos actuales. Considerando los cambios traídos por la incorporación de las nuevas tecnologías y soportes existentes, la nueva ley perseguirá regular la protección de datos personales: su uso deberá hacerse con expresa autorización del titular, evitando la intromisión de terceros.
El proyecto de ley también incluye la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales, con características similares a las existentes en la Unión Europea -ente descentralizado, personalidad jurídica y patrimonio propio-. Se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Su director será elegido por Alta Dirección Pública. La agencia tendrá atribuciones fiscalizadoras, 21 funcionarios al inicio y 30 en régimen. Dispondrá de un presupuesto anual de alrededor del millón y medio de dólares, destinado principalmente a remuneraciones y sostenes tecnológicos adecuados a su tarea.
La Agencia, en el ejercicio de sus facultades, estará autorizada para cursar multas cuyos montantes irán desde una unidad tributaria mensual (UTM) -65 dólares- hasta las 5.000 UTM (325.000 dólares). Como vulneraciones de mayor gravedad se citan el manejo de antecedentes sensibles, de modo masivo, en grandes magnitudes. Aunque también está previsto en situaciones extraordinarias cerrar o suspender las actividades en situaciones de abusos comprobados y reiterados.
Esta regulación propuesta a discusión en el Poder Legislativo apunta a las personas naturales como sujetos dueños de sus identificaciones, las empresas solo podrán utilizarlos y comercializarlos con el consentimiento manifiesto del cliente. Tratándose de "reseñas sensibles", léase entre otros vinculados a la salud, género, raza, orientación sexual, política o religiosa de una persona, su mal empleo podría dar lugar a actitudes segregacionistas, los permisos deberán otorgarse por escrito.
Cuatro protecciones específicas
De forma similar a la normativa europea, se establecen los llamados derechos ARCO, un conjunto de acciones a través de las cuales una persona física puede ejercer el control sobre sus referencias particulares. Son cuatro: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Serán propios, intransferibles, irrenunciables y no podrán ser restringidos o limitados.
Brevemente digamos las implicaciones de estas prerrogativas: el acceso reconoce al ciudadano conocer y obtener gratuitamente información sobre sus menciones de carácter privado sometidos a tratamiento; la rectificación permite corregir errores, modificar los testimonios inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la referencia objeto de disfrute. La cancelación tolera la supresión de magnitudes inadecuadas o excesivas. De aquí, surge el conocido "derecho al olvido", esto es, impedir la difusión de contenidos privativos cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos. Finalmente, la oposición admite al afectado a evitar se lleve a cabo la utilización de anales de naturaleza íntima o se cese en el mismo....LEER NOTICIA COMPLETA.