Nicaragua aprueba ley que protege datos sensibles de personas y empresas


El Congreso de Nicaragua aprobó este miércoles una ley para regular el uso y transferencia de información sensible de personas físicas y jurídicas sin su consentimiento, salvo por razones de seguridad, epidemias u orden judicial.

La Ley de Protección de Datos Personales "tiene por objeto la protección" de información que almacenan entidades públicas y privadas, indica el texto aprobado, anunció el titular del Legislativo nicaragüense, René Núñez.

La normativa regulará el uso de datos sobre preferencias sexuales, etnia, religión, ideología, salud, información genética y otros datos que son almacenados en bancos de datos de instituciones públicas y privadas.

La Dirección de Protección de Datos Personales, que entrará a operar próximamente, investigará denuncias de violación de la privacidad.

Las personas y empresas que manejen archivos, registros y base de datos deberán inscribirlos ante esa dependencia estatal.

Los bancos de datos tendrán validez por cinco años y deberán ser creados con el consentimiento de los afectados, excluyendo aquellos que ordene la justicia u obtenidos de fuentes públicamente disponibles.

La ley faculta a los ciudadanos a que conozcan sus expedientes, los informes que se brinden sobre su persona, así como actualizar y cancelar sus perfiles.

La iniciativa prohíbe compartir datos entre empresas o con terceros no autorizados, y transferir información a "países u organismos internacionales que no proporcionen niveles de seguridad".

Una empresa que envíe información privada al extranjero sin autorización "está cometiendo un delito", explicó la diputada Xochil Ocampo.

La disposición se exceptúa en casos de "colaboración judicial internacional, intercambio en materia de salud, información de inteligencia o transferencias bancarias", entre otros.

Los órganos de inteligencia dispondrán libremente de los datos de una persona o empresa "con fines de defensa nacional o seguridad pública".

La ley no afectará los datos que están "bajo el control de la Superintendencia de Bancos", las encuestas de opinión e investigaciones científicas

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