Delatan delitos, infidelidades, empleados ociosos: cámaras que están “en todos lados

La colocación de cámaras de seguridad se encuentra actualmente en auge ante la eficacia de las grabaciones para esclarecer los hechos delictivos o para aumentar la productividad en las empresas. Las ventas de los aparatos aumentaron en un 40 % en los últimos tres años.

Luis Fretes, propietario de la firma de seguridad Protek, sostuvo que últimamente los delitos pueden dilucidarse mediante las grabaciones de las cámaras de seguridad. “La cámara es el mayor descubriendo para esclarecer los hechos delictivos, entre otras cosas”, añadió.

En charla con la 650 AM, el empresario dijo que en los últimos tres años, la venta de cámaras de circuito cerrado se incrementó en un 40 %, sobre las alarmas que anteriormente eran las más vendidas, estas solo crecieron un 15 %.

Destacó además el efecto disuasivo que producen las cámaras, porque uno puede también utilizar para otros objetivos, como la productividad de los empleados, ya sea, por ejemplo, en una industria o call center. “La semana pasada vinieron a pedirme cámaras para instalar en un lugar de producción de pollos. El dueño me dijo: ‘quiero controlar desde mi celular el tema de la comida y cómo trabajan’. Es impresionante que se puede hacer mediante el celular desde cualquier parte del mundo”, acotó.

Fretes indicó que una cámara tiene un costo de 150 dólares, y puede conectarse mediante la red de Internet. Dijo que cuatro cámaras con un grabador de 30 días está alrededor de los 800 y 1.000 dólares. “Hace tres años eso no se conseguía por menos de 3.000 dólares”, recordó.

“Nosotros promocionamos mucho ‘la seguridad en tus manos’, donde en tu propio celular, con un aplicativo que tenemos, vos podés ver la ubicación de tu vehículo con el GPS, la localización de dónde están los hijos pequeños con el smartphone de los niños. Además hay el botón de emergencia, o si se necesita auxilio, remolque, etc...LEER NOTICIA COMPLETA.

Chile-Para mejorar seguridad: Antes de diciembre La Serena contará con 10 cámaras adicionales de vigilancia

A las 41 ya existentes se sumarán tres más en el sector céntrico, cuatro en La Antena, dos en El Milagro y una en La Avenida del Mar. Los puntos específicos están por definirse.

A más tardar en el mes de diciembre deberían estar instaladas las 10 nuevas cámaras de televigilancia que resguardarán la seguridad en comuna de La Serena. En la actualidad la capital regional cuenta con 41 aparatos -22 en el sector céntrico-, pero gracias al Plan Comunal de Seguridad, que inyecta recursos por la suma de 1000 millones de pesos al municipio, será posible llevar a cabo esta iniciativa. Así lo informó la coordinadora regional de Seguridad Pública Catalina Guzmán. “Los recursos ya están y los estudios también, por lo que esto debería concretarse sí o sí este semestre. Con esto, ciertamente que se estará resguardando aún más la seguridad, para que la gente pueda circular por las calles de la ciudad, porque las cámaras son un elemento disuasivo para la comisión de delitos. Además, sirven mucho en las investigaciones a las policías para que, si el ilícito se concreta poder dar con los antisociales. De hecho, así ha ocurrido en muchos casos. El último ejemplo fue la captura de los asaltantes de los servicentros en La Pampa, donde las cámaras fueron fundamentales para lograr establecer el modus operandi de los sujetos y dar con su paradero”, aseguró.

Con respecto al costo de estos aparatos, Guzmán precisó que bordearía los 200 millones de pesos, los cuales son aportados por la subsecretaría de prevención del delito.

LA UBICACIÓN. No sólo el centro de la ciudad será el beneficiado. De acuerdo a estudios efectuados por la autoridad de Gobierno y las policías las cámaras nuevas cámaras de televigilancia serán instaladas en diferentes sectores de la ciudad. Del total de diez, tres estarán efectivamente en la zona céntrica, cuatro en el sector de La Antena, dos en El Milagro y una en la Avenida del Mar. Sin embargo, aún no se sabe la ubicación exacta de los aparatos ya que este punto se continúa evaluando. “Hay que ser bastante cuidadosos y hacer esto con mucha cautela, por eso no se deja nada al azar y estamos viendo los lugares exactos en donde estratégicamente serán más útiles en los diversos sectores. De hecho, en algunos casos se está redefiniendo la ubicación”, indicó Catalina Guzmán.

LLAMADO A EMPRESAS. Fue el pasado 10 de agosto cuando, tras una discusión, un hombre baleó a otro en pleno centro de La Serena. El hecho ocurrido en calle O’Higgins, justo enfrente del local de Telepizza no fue registrado por las cámaras de seguridad. Al ser consultada la autoridad respectiva, se señaló que la razón no era que no hubiese un aparato destinado para resguardar la seguridad en ese sector, es más, sí existía la grabación pero de nada servía ya que la lente de la cámara era tapada por los cables del alumbrado público.

El hecho no pasó inadvertido y así lo consignó Catalina Guzmán. “Este fue un problema que se suscitó producto de las empresas que instalan cableados donde están las cámaras, no fue un tema de eficiencia de éstas. Por lo mismo, en reunión con el municipio ya se acordó hablar con las empresas de energía eléctrica y también de telefonía para que no instalen sus cables frente a las cámaras y también hay que fiscalizar que no haya cámaras obstruidas”, concluyó. 4602i

LA FRASE: “Hay que ser bastante cuidadosos y hacer esto con mucha cautela, por eso no se deja nada al azar y estamos viendo los lugares exactos en donde estratégicamente”, Catalina Guzmán, Coordinadora Regional de Seguridad Pública....LEER NOTICIA COMPLETA.

La Justicia ya investiga la denuncia contra el jefe de la Aduana

Primera acusación contra un funcionario macrista

El fiscal Marijuán imputó ayer a Gómez Centurión y a otros acusados. El juez Lijo ordenó secuestrar cámaras de seguridad y nuevas medidas de prueba.

La Justicia imputó ayer a Juan José Gómez Centurión, el jefe de la Dirección General de Aduanas (DGA) desplazado el viernes pasado a raíz de una denuncia anónima que llegó al Ministerio de Seguridad.

Gómez Centurión se presentó en tribunales, nombró abogados defensores y se puso a disposición de la Justicia.

Paralelamente, el fiscal Guillermo Marijuán elevó al juez Ariel Lijo su requerimiento para impulsar la investigación, sin aludir a un delito en particular, contra Gómez Centurión y Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias “Cuqui”, empresario paraguayo ex dueño de la compañía de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack.

Marijuán solicitó una serie de pedidos de informes a registros públicos para corroborar el contenido de la denuncia, que comenzarán a ser dispuestos a partir de hoy.

El juez Lijo ayer mismo ordenó ejecutar varias de las medidas pedidas por el fiscal Marijuán.

En ese sentido, solicitó el secuestro de las cámaras de seguridad del shopping Design, en Recoleta, donde Gómez Centurión se habría reunido con “Cuqui” Barreiro Laborda, según consta en la denuncia anónima.

En la denuncia del Ministerio Público se mencionó además de Gómez Centurión y Barreiro Laborda a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán, al abogado Edgardo Rodolfo Paolucci, quien fue funcionario en la Aduana; a Julio César Tizado, quien seria un empleado de “Cuqui”, y a Claudio Minicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros.

Los abogados Alejandro Pérez Chada (abogado del presidente Mauricio Macri en otra causa) y Hugo Wortman Jofre (presidente de Poder Ciudadano) se presentaron ante el juzgado a cargo de Lijo como letrados de Gómez Centurión para ponerse a disposición de la Justicia para que lo investiguen.

El funcionario desplazado preventivamente hizo su descargo público en una serie de entrevistas diciendo que estaba siendo víctima de intereses que había tocado en la Aduana. Y atribuyó la operación a “gente de Stiuso” por el ex director general de la SIDE.

“Avanzando sobre el delito en la aduana molestamos y pisamos mucha gente (...) Ahora, la banda que más fuerza hizo, porque además tiene la capacidad operativa para hacerlo, fue Ezeiza. Tratar de cambiar Ezeiza, y tratar de sacar los viejos operadores de Ezeiza —que muchos de ellos tienen doble legajo, histórico: un legajo en la Aduana y un legajo enfrente (lo que era la vieja Side). El día que sepa quién lo ordenó (se refiere a la “operación en su contra”) yo lo llevo a la Justicia”.

Por su parte, Barreiro Laborda, alias “Cuqui”, ex dueño de la compañía de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack dijo a PERFIL que detrás de una “cama” que le hicieron “estuvo la número dos de la AFI, Silvia Majdalani”. “Sí. Me editaron y me sacaron de contexto. Me pusieron micrófonos en mi casa de San Isidro, violaron mi domicilio, fue una rata de AFI. El micrófono estaba abajo de la cómoda al lado de donde tomo café. La “cama” la hizo Majdalani. Desconfío de algún chofer mío, que seguro quebraron”, dijo Barreiro.

Peña confía en la inocencia

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se manifestó confiado en la inocencia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien fue apartado preventivamente del cargo por una denuncia de corrupción, y garantizó que volverá al cargo de inmediato cuando la Justicia aclare lo ocurrido....LEER NOTICIA COMPLETA.

Mexico:En los hospitales hay más agresiones que robos.

Los profesionales de la Salud sufren más insultos y golpes que asaltos y hurtos; cómo y dónde funciona el nuevo botón antipánico. La mayoría de los delitos no se dan ni de noche ni de madrugada, sino en los consultorios externos cuando más gente hay.

El director del hospital Avellaneda, Luis Medina Ruiz, acciona el botón antipánico de la guardia principal y de repente una luz anaranjada comienza a titilar en la sala de espera de la guardia infantil, ante la desconcertada mirada de madres que llevan en la falda a sus hijos enfermos. Al mismo tiempo, suena bajita una alarma, lo suficientemente fuerte como para que la escuche el personal de seguridad que debe estar apostado en la puerta por una cuestión de privacidad hacia el paciente. El volumen de este sonido intenta pasar desapercibido para no crear un clima de psicosis en las salas de espera. Unos segundos después llegan dos hombres que integran la seguridad privada -ninguno sabía nada de la prueba- y preguntan qué pasó. La insistente alarma suena e ilumina hasta que la única persona que puede apagarla va y la desactiva.

“Es una de las características que tiene este botón antipánico. La alarma, una vez accionada, no deja de sonar hasta que uno de los efectivos de seguridad inserta una llave. Esto está especialmente pensado para un caso, supongamos, de una pelea. Si la alarma se desactivada solamente con volver a tocar el botón, entonces el agresor podría hacerlo fácilmente”, señala a LA GACETA Federico Jordán, coordinador del área de Seguridad del Ministerio de Salud.

El tema de los peligros que corren los profesionales de la Salud es un tema que no es nuevo para los gremios, pero que volvió a ponerse en el tapete a comienzos de este mes cuando una médica del CAPS Bienestar de San Cayetano recibió una golpiza por parte de una chica trans adicta a la que no quiso darle drogas. La semana pasada, fuentes policiales aseguraron que los familiares de un joven asesinado de una puñalada en Cebil Redondo se mostraron agresivos con los médicos del CAPS y al lugar tuvieron que llegar refuerzos de la comisaría de la Unidad Regional Oeste.

Estadísticas vs. prejuicios

Antes de colocar los botones antipánico, desde el Siprosa pidieron a todos los centros médicos de la provincia que registren todos los incidentes: agresiones verbales y físicas, asaltos, hurtos y daños a la propiedad. Los resultados coincidieron con análisis a gran escala hechos en Estados Unidos y España y sorprendieron a más de uno.

“La mayoría de los incidentes no ocurre durante la madrugada como uno puede llegar a creer desde el prejuicio, sino en el momento en que más afluencia de público. En el Hospital Padilla, por ejemplo, ingresan de 1.500 a 1.800 personas diarias. Allí el 58% de los incidentes se da en los consultorios externos y el 33% en el shockroom. El resto, menos de 10%, son robos, hurtos y daño a la propiedad. Por lo tanto, la violencia verbal y física son los delitos que más nos preocupan”, razona Jordán, mientras recorre el hospital Avellaneda. Los médicos de allí tienen un temor especial cuando deben atender a un interno de Villa Urquiza. “Una vez, recuerdo, llegaron muchos vehículos de la Policía acompañando a un preso. Nunca vi una cosa así, salían efectivos de todos lados. Después me contaron que tenían el dato de que alguien de afuera planeaba ayudarlo a escaparse mientras lo atendían”, cuenta el director, quien atendió personalmente al interno.

En este centro médico el botón antipánico está ubicado, además de en la guardia infantil, en la guardia mayor y en el centro de atención de adicciones. El sistema también se encuentra en lugares sensibles de otros nosocomios de referencia como en las salas de traumatología de los hospitales Padilla y Centro de Salud, a las que llegan muchas veces personas alcoolizadas o drogadas después de sufrir un accidente. En una segunda etapa del programa, explicaron las autoridades, el botón estará en hospitales más chicos y en los CAPS. Se trata de un sistema que busca ser un complemento de las vigilancias mixtas que realizan personal de seguridad privada y efectivos de la Policía provincial.

Impacientes

Entonces, si la mayor parte de las agresiones no viene ni de asaltantes ni de personas fuera de sí por alguna sustancia, ¿quiénes son los agresores? Desde el Siprosa creen que en las últimas semanas encontraron una respuesta a ese interrogante.

“El agresor muchas veces es el mismo paciente o su acompañante. En algunas ocasiones no entienden los tiempos de espera en las salas o en las guardias. Sabemos que si llega una emergencia se considera que esa situación es más importante. La comunidad debe comprender que hay tiempos de espera y la urgencia prima siempre”, argumenta Jordán. “Vamos a pedir a la gente tolerancia y respeto en la espera. La atención es para todos”, dijo.

Eso no quiere decir que no se den otros tipos de agresores, aunque los porcentajes son menores. “También tenemos pacientes alcoholizados o drogados que actúan de forma muy violenta con el personal. Muchas veces llegan como víctimas de accidentes de tránsito. Algunos ni siquiera se quieren atender. Todas estas situaciones hacen que se termine violentando la relación entre el paciente y el médico”, agrega y adelanta que todos los profesionales de la salud recibirán una serie de capacitaciones para poder interactuar con estos nuevos elementos de emergencia en los hospitales.

Sitas dice que no les informaron

A principios de agosto, una médica del CAPS Bienestar -ubicado en la calle Díaz Vélez al 1.600, en San Cayetano- recibió una golpiza por parte de una chica trans que sufriría de adicción a las drogas. La médica se negó a recetarle el medicamento que le pedía sin la receta de un médico psiquiatra. Este tema puso sobre el tapete otra vez un reclamo que Sitas habría realizado a comienzos de año a las autoridades de Salud de la provincia, la seguridad.

Una semana después, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) realizó una asamblea en el Hospital de Niños y decidió realizar un paro, entre otras cosas, por la sensación de indefensión de los afiliados. La medida terminó porque se dictó la conciliación obligatoria y a los pocos días el ministerio anunció la instalación de botones antipánico. Sin embargo, desde Sitas aseguran que aún nadie les dijo, siquiera, cómo es que deben usarse y en qué lugar están instalados.

“Nosotros no podemos opinar porque en ningún momento se nos explicó nada. Todavía estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros. Mal podemos opinar si no tenemos idea de cómo va a funcionar. Yo del único botón antipánico del que puedo hablar es el de mi barrio”, señaló la secretaria gremial de Sitas, Adriana Bueno.

La médica agregó que si no hicieron las capacitaciones para utilizar el aparato, entonces no podría estar funcionando el botón antipánico. “Y en el hospital Avellaneda no hubo ninguna capacitación”, dijo.

La conciliación

Luego de la conciliación obligatoria se realizó la primera audiencia entre ambas partes, que ocurrió el miércoles. En esa ocasión, según Bueno, ninguna autoridad les explicó nada del sistema sino que se trató de una búsqueda de las causas que llevaron a esta situación. También señaló que no tienen muchas expectativas en que en la próxima reunión -el miércoles- les digan algo sobre este asunto, ya que ese día tanto el gremio como las autoridades del ministerio deben exponer posibles soluciones a los conflictos. “La verdad, no se si es bueno o malo porque nunca fue expuesto, a pesar de que nos dijeron que lo iban a hacer. Y que yo sepa ni siquiera hay prevista ninguna reunión. Nosotros conocemos este sistema por el periodismo. Pero es un tema del que queremos hablar, porque queremos saber qué más se va a hacer, además del botón antipánico”, añadió la dirigente gremial.

Para el gremio de Sitas, existen algunos “puntos rojos” en Tucumán, en los que los médicos están más expuestos a agresiones y robos que en otros. Según el secretario adjunto del gremio, Julian Nassif, “en el CAPS de La Costanera Norte, en San Cayetano, en las inmediaciones de los hospitales Obarrio y Del Carmen, y en el CAPS de Amberes se dan la mayor cantidad de delitos y denuncias contra profesionales de la Salud.

“Allí hay inseguridad a diario. La gente sufre cuando llega y cuando se va. El personal que está en urgencias o emergencias no puede salir a hacer la denuncia porque eso implica tener que trasladarse a la seccional policial más cercana. En cada institución debe funcionar un destacamento donde se pueda asentar la denuncia. Si llega un paciente con un infarto a la emergencia y el médico no está, el paciente podría morir y el profesional sería denunciado por mala praxis”, agregó Nassif.

En este sentido, sólo los hospitales de referencia -los más importantes de la capital tucumana y algunos del interior, como los de Concepción y Monteros- tienen un destacamento policial....LEER NOTICIA COMPLETA.