Video: cámaras de seguridad registraron un asesinato
Ocurrió en Tigre. Un delincuente mató de un balazo a un albañil de 19 años en un intento de robo. El agresor fue detenido
Sergio Oscar Petrini, de 20 años, fue apresado por ser el presunto asesino del albañil Albino Torres, paraguayo, de 19, durante un asalto ocurrido en la ciudad de Benavídez. El hecho ocurrió este martes, y gracias a las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre, se logró su detención en menos de 24 horas.
En el video se puede observar el momento en que el acusado y supuesto asesino abordó con un arma al albañil, con intención de robo, para luego dispararle a sangre fría, sin que la víctima tuviera posibilidad de defenderse. Tras ello, el autor del disparo escapó para ocultarse en una casa del barrio El Arco.
Las cámaras también permitieron identificar a un presunto cómplice de Petrini, de nombre Hernán Gorosito, alias El Rubio, que permanece prófugo.
El hecho ocurrió el 6 de octubre cerca de las 6:30 de la mañana en la calle Corsini, entre Río Negro y Pampa, en el barrio La Mascota. En los tres allanamientos realizados intervino personal policial de las comisarías 3 y 4 de Tigre, junto a la DDI de San Isidro.
El trabajo se realizó en forma conjunta con el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre
Más de $134 millones tendrá que pagar el Municipio a Colombia Telecomunicaciones
La Alcaldía de Ibagué tendrá que indemnizar a Colombia Telecomunicaciones ante la prestación de su servicio en 2005 mediante un circuito cerrado para cámaras de seguridad
El Tribunal Administrativo del Tolima dictó condena contra el municipio de Ibagué ante una demanda que interpuso Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P, que solicitaba la declaración de la existencia de un acuerdo de voluntades para la transmisión de la señal de cámaras de vigilancia, bajo el sistema de circuito cerrado de televisión, durante el período comprendido entre el primero de mayo de 2005 al 30 de noviembre del mismo año.
La demanda se había interpuesto en noviembre de 2007, pero el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Ibagué dictó sentencia de primera instancia el 28 de noviembre de 2014, en la cual se aprobó la excepción de inexistencia del contrato y se negaron las pretensiones de la demanda, por tal razón fue enviada ante el Tribunal, que revocó esa sentencia.
La disputa
El motivo de la demanda radica en que para octubre de 2004 se suscribió un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Ibagué, cuyo objeto era apoyar económicamente al departamento de Policía, a fin de integrar una solución de seguridad basada en la vigilancia de la ciudad a través del circuito cerrado de televisión.
Dentro del marco del acuerdo, a Colombia Telecomunicaciones se le pagó debidamente los meses de enero a abril de 2005, pero desde antes la Alcaldía solicitó por razones de seguridad ciudadana y de orden público la prestación del servicio desde mayo hasta noviembre de ese mismo año, sin celebrarse el correspondiente convenio.
La empresa de comunicaciones aseguró que cumplió con su labor, como habría sido la de disponer la infraestructura tecnológica para transmitir la señal a las cámaras de vigilancia, sin obtener el pago por parte del municipio, no obstante de haber radicado una cuenta de cobro, que fue atendida por el Municipio a través de sendos oficios en los cuales indicaron que para obtener dicho pago era necesario acudir a cualquiera de las soluciones de controversias contractuales.
La entidad asegura que el mismo hecho se registró en otra ocasión, por lo tanto se emprendieron las acciones judiciales; y, aunque tendrían como prueba de la prestación del servicio las fechas denunciadas y un certificado por el jefe de telemática de la Policía, la apoderada del municipio se habría opuesto y aseguró que el pago debería efectuarlo la Policía.
Además negó la existencia de un acuerdo o convenio con el demandante, indicando que no había pruebas de que la Administración les haya requerido el servicio; y, basándose en esto el juzgado primero dictó la sentencia.
La condena
En enero del presente año el demandante interpuso el recurso de apelación, al considerar que se desestimaron los argumentos del demandante, y solicitó que se analizaran las pruebas entregadas, teniendo en cuenta que la demanda tenía como fin el pago de los servicios prestados.
El Tribunal Administrativo del Tolima halló la razón a la empresa de comunicaciones, y consideró que el municipio de Ibagué se había beneficiado sin causa de la prestación de un servicio dado, y que por ello debía efectuar un reconocimiento indemnizatorio a favor de la empresa contratista.
Según Abt, hoteleros del CH están dispuestos a poner cámaras de seguridad si Interior las monitorea
El alcalde del Municipio CH Andrés Abt informó sobre los planes que tiene en marcha la alcaldía de esa zona capitalina y adelantó que la comisión de hoteleros de la zona está dispuesta a asumir los costos de instalación de cámaras de videovigilancia si el Ministerio del Interior se hace cargo del monitoreo. El Municipio CH viven unas 180.000 personas y tiene una población flotante de 90.000 que ingresan todos los días. “Vienen a los shoppings, al Hospital de Clínicas, Pereira Rossell, instituciones educativas, entre otras…durante 10 hs confluye toda la ciudad en este municipio” explicó el alcalde quien puntualizó que las obras que se proyectan beneficiarán no solo a quienes viven en dichos barrios sino a todos aquellos que tienen sus actividades en ese barrio.
En diálogo con el programa Pase lo que pase (lacatorce10, 89.7FM) el alcalde dijo que el CH es el municipio que saca más toneladas de residuos por día, “paradójicamente no tenemos la frecuencia mas amplia en el retiro de residuos, se levantan los contenedores tres veces por día mientras que en el Municipio B se levantan seis veces por día” recordó.
Con respecto al estado de las veredas del municipio CH, Abt recordó que la normativa obliga a que las veredas sean de nueve panes lo que hace que la reparación sea más onerosa. “Queremos modificar la normativa, estamos implementando a través de la Junta Departamental una iniciativa para que se cambie la normativa y se puedan hacer las veredas de cemento rayado como en Nueva York, París, Chile o Colombia”.
Línea de ómnibus interna
Entre las propuestas presentadas a la directora de movilidad de la Intendencia de Montevideo (IM) Abt recordó que desde el Municipio CH se planteó la posibilidad de implementar una línea de ómnibus interna dentro del municipio.”Los vehículos en nuestro municipio se mueven entre 5 y 7 km por día”.
Cámaras de seguridad
Con respecto a la seguridad de la zona, el alcalde del Municipio CH recordó que no es responsabilidad del municipio pero que están implementando reuniones con el ministerio del Interior a los efectos de articular con esa cartera acciones coordinadas que permitan mejorar la seguridad de la zona. “En estos temas no hay diferencias políticas, queremos colaborar para que haya más iluminación en determinados lugares”.
Desde el municipio CH se solicitará conocer un mapa de “puntos rojos” que permita determina los lugares donde hay mayor inseguridad en la zona y a partir de esa información implementar algunas medidas desde el municipio como por ejemplo la implementación de más luminarias y/o cámaras de seguridad. “El ministerio del Interior va a poner cámaras en los dos shoppings y en lugares de asistencia de salud (lugares donde hay mucha afluencia de público). Nosotros estamos articulando con privados la posibilidad de implementar cámaras de seguridad en determinados lugares nos reunimos con la comisión de hoteleros que están dispuestos a hacer la inversión de cámaras. Lo que quieren los hoteleros –y habría buena onda para poder hacerlo- es que esas cámaras de seguridad estén monitoreadas por el ministerio del Interior”.
Tránsito en el CH
El congestionamiento del tránsito en la zona también fue tema de conversación, donde recordó que “duermen 30.000 vehículos en la calle, y para mejorar el tránsito hay que sacarlos de la vía pública. Para eso hay que construir más estacionamientos” enfatizó Abt.
Dejan de funcionar cámaras de seguridad en Edomex por presunto fraude.
La Secretaría de la Función Pública investiga una denuncia contra funcionarios del Centro de Mando y Comunicación C4 del gobierno del Estado de México, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de videovigilancia urbana que dejaron fuera de operación 220 cámaras que se instalaron para reforzar la seguridad en seis municipios.
De acuerdo con la demanda recibida el 28 de septiembre de 2015 en la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, autoridades del Edomex se niegan a pagar 16 millones de pesos a la empresa proveedora por la construcción de centros de monitoreo.
La empresa afectada señaló como presunto responsable de incumplimiento de obligaciones de servidores públicos a Miguel Angel Zamora Piña, titular del Centro de Mando y Comunicación C4.
Señaló que por estos hechos se intentó llegar a un acuerdo conciliatorio con la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de gobierno del Estado de México, a cargo de José Manzur, el cual fue obstaculizado por otros funcionarios.
En la denuncia se indicó que la negativa de pago de la que se responsabiliza a Zamora Piña provocó que no funcionen las cámaras de videovigilancia en los municipios de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Ixtapaluca y Valle de Chalco en detrimento de la empresa proveedora y de la seguridad en estas zonas.
La compañía sostuvo que la dirección del centro de mando amenazó con la rescisión del contrato administrativo de adquisición de bienes número SGG/CA/CS/2002FD/RF/017/10, que se suscribió el 31 de diciembre de 2010, así como el convenio modificatorio y contrato de transacción que se signaron en los años 2011 y 2012, si no instalaba los seis centros de monitoreo, que ahora se niega a pagar, y de lo cual presentó pruebas documentales.
MINISTRO DE SEGURIDAD ENCABEZO UN ACTO EN GENERAL PICO
Villalva: "Hay un nivel de violencia muy marcado"
El ministro de Gobierno Seguridad y Justicia de la provincia, Leonardo Villalva, encabezó ayer a la tarde el acto en el cual se hizo la presentación de los 30 aspirantes a agentes de calle que fueron destinados a la ciudad de General Pico, para realizar durante los próximos seis meses, su práctica profesionalizante. De la breve ceremonia que se llevó a cabo en el edificio cultural Médano, también participó el jefe de la Policía de la provincia, Ricardo Baudaux, el intendente Juan José Rainone, y el comisario José Morales, a cargo de la UR II, entre otras autoridades policiales. Villalva se refirió a una "incorporación histórica" de agentes de calle, que serán distribuidos por distintos puntos de la provincia, y también se explayó sobre la ampliación del sistema de videovigilancia, tanto en Pico como en Santa Rosa. "Estamos próximos a esta incorporación histórica de agentes de calle que tendrán su graduación en el mes de abril, pero que ya tienen su práctica profesionalizante, lo cual va a permitir reforzar todas las áreas que sean necesarias", dijo. Indicó que en el último año se incorporaron 160 agentes a la fuerza policial, los cuales una vez graduados, serán designados de acuerdo a cómo se determine la distribución de los recursos.
Indice delictivo. Respectos de los agentes que realizarán en lo inmediato sus prácticas durante los próximos seis meses en esta ciudad, Villalva, indicó que en su mayoría son de origen piquense y de otros puntos de la zona norte de la provincia, y que "al momento de asignación de recursos se va a tomar en consideración el trabajo que llevarán adelante". Al ser consultado sobre los últimos hechos delictivos que ocurrieron en la ciudad, entre ellos asaltos a mano armada que sufrieron algunas familias del medio, y el homicidio reciente de un adolescente, dijo que "el índice delictivo se sostiene en sus parámetros normales", aunque a su vez agregó que "corresponde destacar que hay un nivel de violencia muy marcado". "Desde hace un año que observamos un nivel de violencia importante y no solamente desde el plano delictual. La violencia es transversal a nuestra sociedad, lo notamos también en la accidentalidad vial", dijo.
Equipamiento. Villalva además se refirió al sistema de videovigilancia que fue inaugurado en esta ciudad el año anterior, el cual es monitoreado desde el Cecom, y cuenta con poco más de 20 cámaras colocadas en diferentes puntos de la ciudad, del centenar que fueron anunciadas en su momento. "Se inauguró la primera etapa del sistema de videovigilancia de Pico y Santa Rosa, y ya está con cuatro ofertas la licitación de la segunda etapa. El trabajo más fuerte ya fue realizado que fue el tendido de fibra óptica", indicó. Sobre la nueva colocación de estos dispositivos, explicó: "Depende mucho de la tecnología que disponga el proveedor al momento de la oferta", y refirió que hay empresas que tienen material tecnológico acopiado y hay otros que tienen que importar las cámaras. También señaló el funcionario que en los próximos días llegará a la provincia el equipamiento de vigilancia que se instalará en diez puestos camineros, e indicó que sobre los últimos días de octubre o a principios de noviembre se inaugurarán en esta ciudad, la delegación policial de barrio Ranqueles, la nueva sede de la Comisaría Segunda, y el edificio de Criminalística, en el que también va a funcionar parte del área de Lucha contra el Narcotráfico.
Modificación del código Al ser consultado sobre si la posibilidad de analizar una modificación del Código Procesal, ante los hechos delictivos que son protagonizados por menores de edad, Villalva indicó que se tuvo la "idea de plantear de análisis de reforma", aunque señaló que "se necesita de una comisión interdisciplinaria de tres poderes, de todos los actores que están involucrados en todo lo que tiene que ver con la doctrina penal, las autoridades policiales, y que nos permita después de un estudio profundo si no corresponde una reforma del código procesal".