A pesar que hace más de 15 días el Concejo Deliberante aprobó la adjudicación del Sistema de Vigilancia Urbana Municipal a la empresa Global View SA por un costo de casi $ 6 millones, el intendente Pulti dijo este miércoles que todavía no promulgó la ordenanza que habilita la instalación de 65 cámaras de seguridad en esta ciudad. “Estamos esperando algunos informes”, afirmó el Jefe Comunal.
Al ser consultado sobre si promulgará la ordenanza, Pulti respondió: “Yo creo que sí” aunque aclaró “no he tenido todavía algunos informes que hemos pedido. De acuerdo a como estén esos informes, vamos a tratar de culminar este proceso”.
“Cuando se finalice el proceso no podrá quedar ninguna duda de cuál es la dimensión de la inversión que hará el municipio y cómo es esa inversión en relación con otras comunas”, añadió en declaraciones a FM Ciudad 99.1.
En ese sentido, remarcó que “no tomaremos decisiones que puedan dejar lugar a alguna duda. Hemos escuchado, hemos recibido y hemos tomado nota de las distintas opiniones que se han dado”.
Por último, Pulti insistió “luego de recibir los informes que estamos esperando, tomaremos una decisión”.
ANOMALIAS Y SOSPECHAS DE SOBREPRECIO
En el marco de la pasada sesión del Concejo Deliberante, el titular del Foro Municipal de Seguridad, Miguel Gómez, ocupó la Banca 25 para exponer sobre las problemáticas en el Programa Integral de Protección Ciudadana.
En su exposición, Gómez realizó una detallada enumeración de las “anomalías” en el proceso licitatorio para “la contratación de un sistema de videocámaras de seguridad para la vía pública”.
“Queremos destacar fundamentalmente que el mayor costo que le costaría a este municipio en el caso de que contratara de este sistema al único oferente que se presentó en esta licitación, la cual el Ejecutivo a raíz de eso la dejó ad referéndum al Concejo Deliberante para su aprobación. Nos hubiera gustado también en su oportunidad que el Ejecutivo hubiera puesto ad referéndum de este Concejo Deliberante otras licitaciones que quedaban desiertas, porque hubo un solo oferente cuando estos foros reclamaban la compra de cubiertas para los patrulleros que tenían que recorrer las calles”, dijo el forista.
Y puntualizó: “En este pliego, corresponde al convenio que el 12 de mayo del 2009 el municipio junto con la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación y el Ministerio de Seguridad, firma para la aplicación del Programa Integral de Protección Ciudadana para lo cual este municipio se beneficia con la suma de $27.764.990 en 2 cuotas iguales, para aplicar a 5 puntos que son fundamentales y son los puntos básicos de este convenio. Pero en la cláusula primera de este convenio, que lleva el número 89, se compromete el municipio a la instalación de un sistema de videocámaras en la vía pública, y se estima por el convenio la instalación de 4 cámaras por cuadrícula, Mar del Plata tiene 90 cuadrículas lo que estaríamos hablando de 360 cámaras”.
En ese sentido, detalló “el costo que se desprende del origen del convenio de la Jefatura de Gabinete que habla del aporte de la Nación de $203.000.000 para la instalación de 5.000 cámaras en la Provincia de Buenos Aires y aquellas otras Provincias que adhirieron también, nos da un resultado de $40.600 por cámara incluido todo su soporte técnico, el centro de operaciones de seguimiento y control. La oferta habla de 65 cámaras que es lo que llamó a licitación el Ejecutivo, con el soporte correspondiente que oscila los $5.900.000 lo que nos estaría dando un promedio de $90.000 cada cámara, es decir, se contradice muchísimo de esta simple cuenta aritmética que significa de dividir $203.000.000 sobre 5.000 cámaras. Además con el antecedente que nosotros venimos planteando desde ya prácticamente desde junio del año pasado, ya estamos hablando que la firma del convenio a la fecha son 17 meses, de que otros municipios han efectuado, han gestionado esta colaboración del Gobierno Nacional instalando cámaras y el más reciente fue en el Senado donde se colocaron 60 cámaras por una suma que no llega a $2.000.000 con todo el soporte técnico correspondiente más el centro de control y monitoreo”.
Agregó que “otra de las cuestiones que también se desprende del pliego, que nosotros entendemos que está viciado de anomalías y de contradicciones, este pliego dice claramente que este control de monitoreo de la sala que se piensa instalar, sería efectuado por personal municipal. Cuando el convenio dice que este control de administración debe ser efectuado por policías retirados, que en el mismo convenio también figura que deben ser contratados 285 efectivos retirados en Mar del Plata, porque se calcula 3 efectivos por cuadrícula y por turno, lo que nos daría 270 efectivos volcados a tareas de la prevención y 15 efectivos para la sala de monitoreo. Tampoco se aclara, con respecto al control de la sala de monitoreos, como va a ser administrada esta información que se recoge, porque de acuerdo a las últimas resoluciones que se han producido, es decir, las pruebas que se administran sirven como prueba ante un delito. ¿Quién va a manejar esa información, cómo va a ser archivada, cuál va a ser el tiempo de archivo, es decir, cuál va a ser el destino? O puede ser que nos encontremos como ya es de conocimiento público que la información llega primero a los medios y después llega en segundo lugar a la justicia, cuando esto es todo lo contrario, lo que nosotros estamos tratando es de tener elementos y herramientas que permitan que la seguridad de los vecinos de Mar del Plata se garantice cada vez más”.
A renglón seguido, Gómez recalcó “no es suficiente 65 cámaras, no entendemos tampoco porqué si el municipio recibió el 50% de los $27.764.900 ese 50% está hablando de una suma de $13.882.490 porqué se destina nada más a abrir una licitación para la instalación de cámaras, por algo que es inferior al 50% de la totalidad de las mismas, porqué se llama la licitación por 65 cámaras cuando se tendría que haber por lo menos llamado por 180 cámaras ya que se recibió el 50% del presupuesto otorgado, hasta el fin aparte no es un presupuesto sino que viene con un fondo destinado. En virtud de esto y de todos los antecedentes que nosotros venimos aportando al municipio en el conocimiento de que se estaría cometiendo un error que en definitiva perjudicaría el beneficio que en este momento a través de este convenio el Gobierno Nacional le otorga a Mar del Plata y a los ciudadanos de Mar del Plata y sus visitantes, es un error que es irreparable, porque esto no creo que se vuelva a repetir, es un fondo que no es reintegrable, y es un fondo al cual se le tendría que haber sacado el mejor provecho posible. Este pliego cuenta con muchas contradicciones y cuestiones que no quedan claras”.
También, subrayó que “no queda claro si es una contratación o una adquisición porque el mismo pliego se contradice, en la parte de condiciones legales dice: ‘contratación de un sistema’, y en la parte de especificaciones técnicas dice: ‘adquisición’, no lo entendemos. En estas condiciones este expediente no es beneficioso para la población porque este dinero no lo trajeron los ‘reyes magos’, este dinero es el aporte de todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, a través del impuesto al consumo que es el valor del IVA por eso viene de la Nación”.
“Entendemos que la administración de la información que se desprenda de este sistema es sumamente importante y delicada, no puede estar en manos de control y esto no es por una cuestión que estimemos que el personal no esté preparado, pero no puede estar en manos de un control que no sea la Justicia, la administración de esta información", dijo.
"Varios convenios efectuados por muchos municipios daban cifras mucho más inferiores a la que se pretende pagar en Mar del Plata. Estamos pagando prácticamente el doble”, finalizó.
FUENTE: www.0223.com.ar