"Imponer restricciones innecesarias con la solicitud de contratos o cláusulas específicas frenaría la oportunidad de seguir prestando servicios", argumentó el directivo de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci).
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En julio del año pasado se publicó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la cual protege la información personal que pueda encontrarse en bases de datos de personas físicas o empresas, como aseguradoras, bancos, tiendas departamentales, telefónicas, hospitales y universidades, entre otras.
El gobierno federal debe realizar una consulta pública previa a la expedición del reglamento, en tanto que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación, recibir quejas, conciliar y en su caso sancionar.
"La postura de la Amipci es que este reglamento proteja, por sobre todas las cosas, los datos personales de los usuarios de Internet, pero también que fomente el desarrollo económico de las empresas y emprendedores mexicanos que usan la red como otro canal para fomentar su competitividad", argumentó.
El directivo dijo que la Amipci enviará en esta misma semana sus opiniones y consideraciones del proyecto de reglamento que recibió hace unos días de parte de la Secretaría de Economía, para luego participar en la consulta pública correspondiente.
El reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares será expedido en julio, una vez que se elabore el proyecto que deberá ser sometido a una amplia consulta pública.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) dio a conocer que su titular, Jacqueline Peschard, se reunió con el secretario de Economía, Bruno Ferrari, para buscar acuerdos que permitan avanzar en el proyecto de reglamento.
Señaló que durante este proceso será analizada detalladamente cada una de las propuestas, a efecto de evitar la sobrerregulación y, al mismo tiempo, no dejar vacíos a nivel reglamentario que pudieran generar incertidumbre jurídica.
Recordó que en la elaboración del proyecto participan, además, otras dependencias reguladoras y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República; una vez listo el documento será sometido a consulta pública.
El organismo de transparencia aseguró en un comunicado que es de su interés dotar al sector privado de los mejores mecanismos para el óptimo cumplimiento de la ley, para lo cual desarrollará diversos dispositivos de capacitación.
Asimismo aclaró que la propuesta de reglamento que circula en la red es un borrador de trabajo de la Secretaría de Economía, que "de ninguna manera puede considerarse el proyecto que se someterá a consulta pública".
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Alfonso Villarreal Barrera informó que el presupuesto que ejercerá este año este año el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) será de 27.4 millones de pesos en sus diferentes capítulos y partidas.
El Consejero presidente de la institución, hizo saber que los programas que se han venido desarrollando a través de la existencia de propio instituto están orientados a impulsar la cultura de la transparencia en toda la sociedad.
Asimismo se buscará una coordinación y un seguimiento de las acciones que llevan a cabo las entidades públicas o sujetos obligados de la ley.
El funcionario dijo que dichos programas han dado buenos resultados y se va a seguir trabajando con ellos, pero en este año se van a aplicar otros con el propósito de innovar y fortalecer a través de dichos instrumentos esta cultura.
El entrevistado dijo que se va a instrumentar un taller virtual de protección de datos personales en donde todos los sujetos obligados van a tener la posibilidad de conocer el tema directamente en su computadora y poder desarrollar una serie de etapas de este trabajo para reafirmar el conocimiento acerca del tema de protección de datos personales.
Destacó que se aplicará una plataforma tecnológica que ya se tiene conformada, diseñada y estructurada para que todos los sujetos obligados puedan tener asesoría en línea der parte del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información,
Sostuvo que esto permitirá a todas las entidades públicas cumplir mejor lo que es la publicación de informar y de tal manera que los ciudadanos puedan contar con lo que informan las dependencias como lo es su estructura orgánica, sus proyectos, los programas que desarrollan, procedimientos, así como los productos que brinda el gobierno a los ciudadanos y que sepan que tramites hacer en qué tipo de servicios para que puedan ellos tomar decisiones acertadas en beneficio personal y de su familia.
FUENTE: www.milenio.com
Desconfianza, temor de que datos de niños y adolescentes caigan en manos de la delincuencia, sospecha de crear un sistema de control policial sobre población y pingüe negocio a compartir con empresarios, son las lozas que pesan sobre la Cédula de Identidad Ciudadana, sobre su bondad de proteger infantes, a ser robados y comercializados por traficantes de personas.
El diputado del PRD, Ilich Augusto Lozano Herrera, denuncia que en Baja California Sur, la Cédula de Identidad Ciudadana se ha convertido en un negocio privado al otorgar al Colegio de Frontera Sur la posibilidad de captura de datos lo que significa que un tercero, un particular, esté recopilando información sin una concesión formal lo que abre la puerta a que los datos pierdan su secrecía y terminen en manos de la delincuencia.
También la diputada del PT, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, denuncia que a pesar de que en 2010 y en este 2011 no se destinaron recursos para este proyecto, el gobierno federal realizó supuestas licitaciones fuera de cualquier norma para adjudicar el programa a empresas de dudosa reputación como Smartmatic, impugnada por otras como Cosmocolor.
Sin embargo, se reconoce que el problema del robo de infantes con el fin de ser vendidos para ilegales adopciones, explotación sexual, laboral y aun al inhumano tráfico de órganos, es grave en México, donde sólo uno de cada 10 niños sustraídos de su hogar, es recuperado por las autoridades, dice la diputada del PAN, Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas.
Por ello la diputada panista demanda no politizar la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, destinada a proteger a la población de 4 a 17 años de edad mediante un documento con huellas dactilares e iris de los ojos, que en primer lugar otorga seguridad a los menores y dificulta la creación de identidades falsas, aunque ésta cambie de nombre, rostro y sexo.
“Cada año alrededor del mundo miles de menores son víctimas de las bandas de traficantes de personas. La Cédula de iIentidad se muestra como una herramienta eficaz para prevenir a los menores contra esta lacerante realidad al ser un documento que indica cuál es su identidad y quienes sus padres”, dice la legisladora, al subrayar que hoy muchos padres que sufrido el secuestro de sus hijos, desearían haber contado con la cédula que, sin duda, facilitaría la localización de sus hijos.
Sin embargo diputados de oposición señalan todavía muchos “peros” para la implementación de la nueva Cédula de Identidad Ciudadana, además considerada un acto autoritario del actual gobierno federal que incumplió un acuerdo con el Legislativo que contemplaba un estudio detallado antes de tomar la decisión, sobre todo ante la incapacidad oficial en la protección de datos personales de los ciudadanos que, en su opinión, siempre terminan comercializados en el mercado negro.
Tratando de introducir mejor a los miembros del Poder Judicial a las leyes de transparencia, se llevó a cabo el Seminario de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Por lo cual, Servidores públicos judiciales participan en el Seminario de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organizado por el Poder Judicial de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura.
Comprometidos con la transparencia, el Poder Judicial de Nuevo León realiza acciones en cumplimiento de la ley vigente, tomando medidas encaminadas a fortalecer la cultura de la legalidad, transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas.
El seminario forma parte de las actividades relacionadas a la formación y capacitación del personal del Poder Judicial del Estado, en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y organización y clasificación de archivos, de acuerdo a convenios establecidos con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León.
La doctora Myrna Elia García Barrera, directora del Instituto de la Judicatura , explicó los objetivos del seminario al abordar temas determinantes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
Se trata de divulgar y aumentar los conocimientos en relación a la importancia de este derecho público y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, así como sus efectos y aplicaciones en nuestra institución.
Aspectos relacionados a las disposiciones generales para el ejercicio de los derechos en materia de datos personales, de la información reservada y confidencial, forman parte del contenido del seminario, el cual ha sido dividido en seis sesiones semanales.
En el seminario participan jueces, secretarios y miembros de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura.