Los juristas dan el “sí a la nube” sólo si cumple las garantías de protección de datos
“En el cloud computing debe mantenerse la deontología profesional, garantizando a nuestros clientes el secreto profesional, que es su derecho” según Pere Huguet, Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española.
La irrupción del cloud computing, popularizada como “la nube”, en los despachos de abogados ha levantado mucha controversia en el sector de la abogacía dada la sensibilidad de los datos con los que trabajan los profesionales del derecho. En este sentido, las intervenciones de juristas y especialistas en derecho tecnológico que han participado en la mesa redonda sobre cloud computing convocada por la Facultad de Derecho de ESADE (URL), en su sede de Madrid, han coincidido en que “aunque la computación está en la nube, la responsabilidad está en la tierra” en palabras de Jesús Rubí Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
El cloud computing es unnuevo sistema de computación, que permite alojar todo un software o el corpus documental en la red sin necesidad de instalarlo en un ordenador concreto. En este sentido, el sector de la abogacía, aunque se postula a favor de que los despachos de abogados hagan uso de las nuevas tecnologías, reclaman el exhaustivo cumplimiento de las garantías y privacidad que se les exige.
Como novedad, Pere Huguet, Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha explicado que la “Abogacía Institucional” está trabajando en relación al cloud computing en la elaboración de un código deontológico de buenas prácticas. Para Huguet “es importantísimo garantizar a nuestros clientes el secreto profesional, ya que realmente es un derecho de nuestros clientes”, afirmó.
En este sentido, Jesús Rubí ha explicado que los datos que utilizan los bufetes de abogados generalmente tienen una tipología específica y en algunos casos tienen un nivel muy elevado de seguridad (nivel 3), por lo que los bufetes deben tener mucho cuidado a la hora de contratar empresas que almacén sus datos. Han de asegurarse que estos proveedores cumplen con los niveles de protección de datos exigibles en España.
Aumentar la seguridad
Fragmentar la información, encriptarla, hacer ficheros ininteligibles (informáticamente hablando) así como sincronizarla continuamente para que podamos tener la misma información en la nube y en los ordenadores locales, de forma que si ocurre algún incidente seamos capaces de verlo rápidamente, son algunas formas que existen para garantizar la privacidad de los datos.
Según Xavier Ribas, socio abogado en PwC Tax and Legal, también “es bueno tener algunas medidas de prudencia como evitar decir quién es tu proveedor, así como exigir a éste que tampoco diga quiénes son sus clientes y así no saber dónde se almacenan nuestros datos”.
El proveedor del servicio de cloud computing a examen
Desde la Agencia de Protección de Datos, Jesús Rubí ha especificado que el responsable de la custodia de los datos es el bufete de abogados y no la empresas que se encargan del tratamiento del fichero de datos: “En algunas ocasiones se quiere trasladar la responsabilidad a la empresas que gestiona el fichero y es el bufete el que en primera instancia ha contratado a un proveedor que no cumplía con las garantías que se le piden”, ha indicado Jesús Rubí.
Y es que, a pesar de las ventajas obvias que conlleva la utilización del cloud computing la elección del correcto proveedor es una de las cuestiones más comprometidas también para Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y socia de De la Nuez Sánchez Casado. Elisa de la Nuez ha advertido “sobre los problemas que nos podemos encontrar al contratar proveedores que se encuentran fuera de España o de la Unión Europea y que no tienen en mismo nivel de seguridad de Protección de Datos”.
Desde la óptica de la gestión empresarial de los despachos, Javier Martínez Bavière, socio de Pedro Alemán, ha señalado que el cloud computing es la herramienta que sin duda han de adoptar los despachos de abogados para poder ser más competitivos, eficientes y ahorrar en costes.
FUENTE:Lawyer Press