Así lo ha expresado hoy María González Ordóñez, directora de la Asesoría Jurídica de Google España, durante su intervención en el Congreso Internet, Derecho y Política, organizado por la Universitat Oberta de Catalunya en el edificio Media-Tic de Barcelona, en una jornada que se ha centrado en la privacidad y la protección de datos en la red y el denominado "derecho al olvido".
Google España tiene más de un centenar de expedientes abiertos por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tras las denuncias de personas que se sienten perjudicadas por la información personal que encuentra y muestra el buscador, bien sea porque son datos falsos, incompletos o desfasados por el tiempo transcurrido y les afectan negativamente en su vida actual.
La Audiencia Nacional, que debe pronunciarse sobre los recursos presentados por Google España a varias resoluciones de la AEPD que exigen al buscador eliminar enlaces a documentos con este tipo de información, se ha planteado recabar la opinión del Tribunal de Luxemburgo sobre quién debe eliminar en Internet los enlaces a los contenidos con datos personales.
María González ha señalado que le parece "positivo" que el Tribunal de Luxemburgo llegue a pronunciarse sobre si corresponde a los proveedores de servicios de Internet (ISP), a los medios de comunicación, a los boletines oficiales o a los buscadores retirar esta información, con lo que "se puede aclarar mucho el debate".
En este sentido, ha señalado que las agencias de protección de datos europeas se dirigen habitualmente a los emisores de las páginas donde se encuentra la información para que restrinjan el acceso a los buscadores, mientras en España la AEPD "sigue un criterio único" y entiende que es responsabilidad del buscador.
Para María González, este es un tema que debe resolverse en el ámbito europeo, por lo que sería necesario un pronunciamiento de cómo se debería aplicar la directiva de protección de datos de la UE.
La asesora jurídica de Google ha indicado que el buscador "es un espejo que refleja todo lo que está en Internet", y que "si retira información que sigue presente en la página de origen estaríamos dando una información sesgada o incompleta", lo que además "entra en conflicto con la libertad de información".
María González ha señalado además que las exigencias de la AEPD suponen "la imposición de censura" sobre informaciones que son verídicas, y ha asegurado que cualquier sistema web puede dar instrucciones al buscador para que una determinada página no sea indexada durante la búsqueda.
Milagros Pérez Oliva, defensora del lector de El País, que ha explicado algunas de las quejas que le llegan de personas afectadas por informaciones dadas en su día por el diario, se ha referido a la complejidad de una situación en la que pueden colisionar el derecho a la intimidad y a la privacidad con el derecho a la información.
En este sentido, ha advertido sobre el problema de aplicar el "derecho al olvido" en los medios de comunicación al preguntarse: "¿quién decide o con qué criterios se decide que una información tiene o no vigencia?", si bien se ha mostrado partidaria de buscar algún tipo de solución colectiva para evitar determinados "casos sangrantes".
La profesora belga Cécile de Terwangne, experta en derecho y nuevas tecnologías, ha indicado en su intervención que el "derecho al olvido" del pasado judicial ha sido reconocido en varios países ante la idea de que una persona tiene el derecho a rehabilitarse y a rehacer su vida "sin cargar siempre con el peso de errores pasados".
Ante el conflicto entre el "derecho al olvido" con el derecho a la información, De Terwangne ha apelado al seguimiento de un criterio temporal, según el cual si en el momento los datos perjudiciales siguen siendo noticiosos prevalecería el derecho a la información, y en caso de no serlo, el "derecho al olvido".
FUENTE: www.abc.es