La Abogacía del Estado solicita al tribunal que obligue al buscador a proteger la privacidad.

Cinco ciudadanos denunciaron a Google España ante la Agencia de Protección de Datos por negarse a suprimir referencias personales.

CLAVES DEL JUICIO

Derecho al olvido. Protección de Datos defiende que Google elimine los datos que vayan contra la privacidad de las personas.

Derecho individual. Google alega que cualquier limitación de los contenidos va en contra del carácter libre de Internet.

Jurisprudencia. La UE espera el fallo para regular el protocolo de exclusión de los datos comprometidos en la Red.

Tribunal. Tendrá en cuenta si Google se lucra con la captación de datos y si prima el derecho a la información o a la privacidad.

Google no es un simple buscador de Internet. Su presencia dominante en el ciberespacio le exige responsabilidades. Tanto en el tratamiento de los datos que aparecen en los sitios web como en la posibilidad de eliminar aquellas referencias comprometidas. Con estos argumentos, la Abogacía del Estado defendió ayer en la Audiencia Nacional a la Agencia Española de Protección de Datos frente a la primera demanda presentada por Google España contra ella, después de que el organismo público tramitase cinco resoluciones en las que solicitaba al buscador que aplicase el denominado «derecho al olvido»; esto es, que suprimiese los datos de cinco particulares que habían denunciado la vulneración de su privacidad.

La Abogacía del Estado rebatió uno a uno los recursos del gigante de la Red (1.000 millones de usuarios en todo el mundo, 33 de ellos en España). Defendió el derecho de los usuarios «a que les dejen en paz», avaló la «legitimidad» de las denuncias particulares y concluyó que el papel del buscador va más allá de ser intermediario entre los usuarios y los sitios web de origen.

A preguntas del tribunal, el abogado del Estado, José Antonio Perales, respondió que Google no sólo es un buscador al uso. «Almacena en sus ficheros toda la información que capta, posee enlaces directos con los servidores y se lucra con el tratamiento de los datos gracias a su posición predominante» en la Red. En suma, «a más contenidos indexados mayores ingresos publicitarios», resumió el abogado Gabriel Gómez, que representó a uno de los cinco ciudadanos que buscaron amparo en Protección de Datos.

«Censura» 

Por su parte, el abogado de Google España, Luis Aparicio, hizo una encendida defensa del carácter universal de Internet como espacio sin barreras y aseguró que el objetivo del Estado no era otro que limitar el impacto del buscador. Con la admisión del derecho al olvido «se quiere poner el cascabel al modelo Google, acabar con su negocio», señaló el letrado, que estuvo acompañado por un equipo de cinco abogados, procuradores y peritos.

Para el representante legal de la compañía estadounidense, si el tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acepta la propuesta de Protección de Datos se podrían vulnerar derechos fundamentales (al honor, a la información...) y, lo que es peor, «nos encontraríamos ante un tipo de censura». Un argumento rebatido con ahínco por el abogado del Estado: «No hablamos de censura, sino de proteger el derecho a la privacidad de las personas» que se han visto perjudicadas por el efecto multiplicador del buscador de Google.

En la misma línea, Gómez añadió que «no se puede proponer un escenario en el que los derechos individuales no tengan vigencia ante la inmensidad de Internet». El letrado representa a un médico que fue imputado en 1991 por un asunto profesional y exonerado poco después. Su nombre apareció en un periódico nacional y fue recogido por el buscador. Cuando se teclea su identidad aparece la imputación. Una sombra que no le ha abandonado desde entonces.

El otro caso representado en la vista fue el de una funcionaria cuyo nombre aparece vinculado a una resolución aparecida en el Boletín Oficial de Madrid, en el que le denegaban la concesión de una subvención para una vivienda. A diferencia del asunto del médico, la Abogacía matizó que la mujer tiene derecho a pedir la exclusión de sus datos en Google, pero no en la página web de origen, la del Boletín, ya que es una información pública.

El tribunal, presidido por el magistrado Diego Córdoba, examinará en los próximos días los recursos y emitirá un fallo. Para la deliberación contará con un documento aportado a última hora por la Abogacía. Se trata de una resolución de un tribunal británico sobre contenidos injuriosos a una empresa aparecidos en una página web. Los magistrados concluyeron que si bien Google no es responsable del texto enlazado, sí lo será si no lo retira.

FUENTE: www.elcorreo.com