El conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha reiterado este lunes que revisará la instalación de cámaras de seguridad en las comisarías de los Mossos d'Esquadra, aunque mantendrá las existentes.
Puig ha destacado que el sistema "es positivo si se utiliza bien" y que debe ser un instrumento que facilite el trabajo de la policía y que garantice la transparencia y seguridad "tanto a ciudadanos como a los propios mossos".
"En algún momento se quiso dar una visión de que este sistema servía para controlar y generar una cierta desconfianza sobre el funcionamiento de nuestra policía", ha matizado Puig, que ha asegurado que intentará "eliminar cualquier sombra de duda".
Ha explicado que, pese a que mantendrá las cámaras existentes, pretende conseguir que se conviertan en un sistema "que sirva de verdad para que los mossos se sientan respetados y seguros".
El 27 de diciembre Puig avanzó que revisaría la instalación de cámaras de seguridad en las comisarías de los Mossos d'Esquadra y que, por el momento, paralizaría que se instalen nuevos dispositivos.
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Un grupo de ladrones decidió celebrar las campanadas de Año Nuevo de forma diferente. Aprovechó que todo el mundo estaba pendiente del reloj de la Puerta del Sol para hacer saltar por los aires un escaparate del centro comercial Hipercor de Sanchinarro, en Hortaleza, y apoderarse de joyas por valor de un millón de euros. El asalto, con una planificación digna del guión de una película, contó con humos lacrimógenos y con tiros al aire por parte de los vigilantes de seguridad del establecimiento, que no lograron detener a los ladrones, según explicaron fuentes policiales. Agentes de la comisaría del distrito y especialistas de la Brigada Provincial de Policía Judicial se han hecho cargo de las investigaciones.
Los cacos esperaron los últimos momentos de 2010 para lanzarse a toda velocidad en varios coches de gran cilindrada rumbo al centro comercial. Justo cuando el reloj comenzaba a dar la bienvenida a 2011, los atracadores colocaron un pequeño artefacto de fabricación casera en el escaparate más próximo a la sección de joyería. Instantes después, el cristal, pese a ser de seguridad, saltó por los aires.
Los vigilantes de seguridad, que estaban tomándose las uvas, salieron corriendo hacia la zona por la que entraron, pero eso les llevó un tiempo, según fuentes policiales. Los ladrones iban armados con mazas y botes de humo, que lanzaron nada más entrar en el establecimiento, lo que provocó una densa humareda y que los rociadores de agua antiincendios saltaran y empezaran a regar toda la zona.
Un vigilante que trabajó en el campus guipuzcoano de la UPV-EHU ha sido condenado a un año y medio de cárcel por adueñarse de diferentes datos de seguridad, informes y correos electrónicos de la universidad, al sustituir el disco duro de un ordenador de esta institución por otro de su propiedad.
Según la sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso Efe, los hechos se produjeron en un período no especificado pero anterior al 29 de julio de 2008, cuando el acusado decidió quitar el disco duro del ordenador "gestor", que se encontraba en la "garita de videovigilancia" del campus del barrio donostiarra de Ibaeta, y reemplazarlo por otro.
De esta forma, registró en el nuevo hardware "todas las actuaciones, informes, correos electrónicos y demás material" que debían haberse almacenado en el disco duro original propiedad de la universidad.
"Contraviniendo las normas de prestación de su trabajo", el procesado también guardó en su disco otro tipo de "información comprometida, como vistas de las cámaras de videoviglancia, planos de las instalaciones, listas de contraseñas de las alarmas de intrusión y listas del personal autorizado".
El 25 de septiembre de 2008, "al ser informado de que iba a ser relevado de sus funciones", decidió borrar "los archivos que había copiado" y, en presencia de uno de sus compañeros de servicio, extrajo su disco duro del ordenador "gestor" de la universidad y lo llevó al maletero de su vehículo, aunque finalmente decidió entregarlo a la Ertzaintza al ser requerido por agentes de la Policía Autonómica.
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La paliza que mantiene aún una semana después a un joven debatiéndose entre la vida y la muerte ha vuelto a demostrar la necesidad de aumentar las medidas de seguridad en las zonas de copas. Burgos no se puede permitir que todas las noches de fin de semana los altercados se multipliquen y se conviertan en algo habitual y asumido, hasta que a alguien se le va la mano y el asunto vuelve a estremecer a los ciudadanos por su brutalidad. Es entonces cuando se reabren viejos debates sobre la necesidad de aumentar la vigilancia en esas zonas; se discute acerca de la administración competente para poner coto a esta situación y se vuelve a poner de manifiesto la conveniencia de instalar cámaras de seguridad que disuadan a los que salen a la calle con la única intención de armarla. Pasó con Aitor del Álamo y antes con Jonathan Gómez e Iván Herrero. Con cada uno de ellos se repitió este mismo esquema: la consternación por los hechos dio paso a un movimiento ciudadano de repulsa que provocó que los responsables policiales aumentaran la vigilancia en las zonas de ocio. Hasta que el paso del tiempo se encargó de aplacar el malestar inicial y la situación volvió a su estado original. Y vuelta a empezar.
El problema es que la acumulación de casos desgraciados está dando la razón a los que aseguraban que no eran hechos puntuales, sino la constatación de que el problema es mucho más grave de lo que parece. Y lo que más rasga el alma es lo gratuito de esta violencia. La historia nos demuestra que en Burgos, como en todos los lugares, ha habido peleas, agresiones y asesinatos, pero siempre con una motivación -no digo justificación- previa. Podían ser los celos, la envidia, el dinero o la pasión los desencadenantes, pero nunca como ahora había quedado tanta sensación de vacío al intentar desentrañar qué puede provocar esos comportamientos tan irracionales.
El consejero de Interior del flamante Gobierno catalán, Felip Puig, se mostró ayer contundente y confirmó que revisará el código ético de los Mossos d'Esquadra -no llegó a afirmar que lo eliminará pero lo dio a entender-, la limitación de 80 kilómetros por hora en el entorno de Barcelona y el funcionamiento de las cámaras ubicadas en las comisarías de la policía autonómica. Puig se refirió con especial dureza al código ético: recordó que no se gestó con consenso "ni dentro del cuerpo, ni en el mundo académico, político o social" y que, más allá de unos "principios rectores que deben inspirar las políticas de seguridad, sirve para reglamentar, para coaccionar y hasta para bloquear la libertad y la confianza de nuestras fuerzas de seguridad". Puig recordó que ya existe un código ético europeo.
El código ético de la policía catalana es un manual de buenas prácticas que el anterior consejero, Joan Saura (ICV) aprobó a última hora con la oposición del propio cuerpo policial, incluidos los sindicatos. Ayer, tanto el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) como SAP-UGT y SME-CC OO aplaudieron el anuncio de Puig. Desde el SPC, David Miquel consideró que los anuncios del nuevo consejero son una señal de que "confía en la institución y en el trabajo de los Mossos".
Los sindicatos policiales recelaron en su día tanto del código -se fraguó sin su participación- como de la instalación de cámaras. Pese a que estas se colocaron después de que trascendieran abusos a detenidos, vieron en políticas como las propias cámaras o el código instrumentos de control, de fiscalización de su trabajo.
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