Con un mes de retraso han llegado al centro penitenciario de Topas un total de siete vigilantes de seguridad privada que se incorporaron este lunes para dar apoyo a la Guardia Civil en la sala de control de cámaras de seguridad. Según ha podido saber este periódico, se trata de tres escoltas procedentes del norte del país y cuatro vigilantes jurados de Salamanca.

Ante esta situación, la Unión de Guardias Civiles mostró su rechazo a la incorporación hoy de diez vigilantes privados a cuatro centros penitenciarios de la Comunidad, al igual que en otras 17 prisiones del resto de España, como refuerzo a las labores de seguridad de los agentes del Instituto Armado y del Cuerpo Nacional de Policía porque aseguró que esa tarea ya está cubierta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que esta decisión "a día de hoy lo único que provoca es un aumento del gasto en seguridad" en las cárceles españolas, en palabras del presidente nacional de la UGC, Ramón Rodríguez.

"No sustituyen la labor de los guardias civiles (que se ocupan de la seguridad en la mayoría de las prisiones de España), sino que es un incremento que no parece que tenga mucho sentido ", aseveró el presidente de la Unión de Guardias Civiles, quien añadió que, pese a que este servicio está "tan mermado de efectivos como cualquier otras unidad territorial" del Instituto Armado, "no hay ningún indicio hoy de que se necesite más seguridad en las prisiones" y "el servicio se cubre perfectamente", como lo demuestra que en los últimos años no haya habido ni fugas ni motines.

Fuente: Gaceta de Salamanca

El ayuntamiento de Montuïri quiere evitar a toda costa el aumento de actos delictivos en sus calles y zonas del extrarradio y ha decidido situar una serie de cámaras de seguridad en el cementerio municipal de la localidad, a consecuencia de una serie de infracciones que han tenido lugar durante los últimos meses en sus aledaños. Entre los actos destacan los cerca de una decena de robos perpetrados. Los ladrones aprovechan el tiempo en que algunos usuarios visitan las tumbas de sus difuntos para romper entonces el cristal de sus vehículos y llevarse lo que pueda haber de valor en su interior. 
El consistorio ha tomado la determinación de instalar cámaras de seguridad para poder evitar la sucesión de estos actos y para que no se repitan en el futuro. Con el equipamiento que se va a colocar la Policía Local del municipio tendrá acceso directo y remoto a la información visual procedente del camposanto. 
Para este soporte de seguridad en ayuntamiento montuïrer ha reservado cerca de 2.000 euros del presupuesto. Está previsto que durante el próximo mes de mayo todo el equipamiento se instale de manera definitiva y ya entre en funcionamiento de manera efectiva. 
Cabe recordar que un equipo similar de cámaras ya fue montado y puesto en funcionamiento en el Punt Verd de Montuïri, con la intención de prevenir igualmente los incidentes similares que tenían lugar con regularidad en su interior. Según el Ayuntamiento, el resultado de la primera experiencia ha sido muy positivo, "por lo que se ha acordado proceder del mismo modo en el caso de estas infracciones del cementerio".

Fuente: Diario de Mallorca

Los robos en el cementerio de San Fernando no son una novedad. Hace años que la plantilla del camposanto viene denunciando los continuos hurtos y destrozos en nichos y tumbas, pero la situación está llegando a unos niveles insostenibles. Según denunciaron ayer los trabajadores el vandalismo va en aumento y ya no sólo se roban coronas de flores, jarrones, escaleras o letras de metal de los nichos, sino que las últimas sustracciones han sido de piezas eléctricas de las cámaras frigoríficas y hornos del crematorio.

Así lo denunció el secretario general de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla, Santiago de los Reyes, que lamentó la situación actual: "En la última quincena ya es tremendo porque se llevan cosas que eran impensables". Así, relata que se han sustraído motores eléctricos de las cámaras frigoríficas mortuorias, "muy caros y pesados"; las planchas de acero de los hornos crematorios, que "están desmontando de forma completa poco a poco; rejas del cementerio; herramientas, andamios y carretillas; además de llevarse los adornos metálicos y hasta las letras de las lápidas, ya sean de cobre, latón o aluminio.

Para los sindicatos el problema está claramente en la disminución de la seguridad en el recinto. Según UGT, antes la empresa de seguridad existente también hacía rondas por el interior del camposanto, "pero el Ayuntamiento de Sevilla ha querido ahorrarse dinero y ahora sólo dan alguna vuelta con el vehículo de vigilancia por fuera", apunta De los Reyes, que alerta de que el ahorro está saliendo muy caro, pues ahora habrá que reponer todo lo que han ido robando.

El gobierno local, por su parte, aseguró ayer que ya se han tomado cartas en el asunto. Quizás demasiado tarde, la intención es blindar San Fernando para frenar la oleada de robos. Así, el Ayuntamiento confirmó que ya está en tramitación el contrato para la ampliación del servicio de seguridad del cementerio, después de que haya instalado cámaras de seguridad y sensores. La idea es que el nuevo servicio, que contará con más personal de seguridad y más turnos de vigilancia, se ponga en marcha de forma "inmediata".

A la espera de las soluciones, los trabajadores advirtieron ayer que temen "enfrentamientos cara a cara" con los ladrones, pues según ellos, los robos se podrían estar realizando a primeras horas de la mañana. De hecho, algunos empleados al iniciar su turno de trabajo se han encontrado con gente deambulando por el interior del cementerio, algo que les ha parecido "extraño". "Se han podido encontrar de frente con los ladrones", insistió el representante de UGT.

Los robos, amenazas e incluso agresiones al personal son una constante en el cementerio, denuncian los sindicatos, que recuerdan que en 2008 hubo un episodio de robo con intimidación a plena luz del día con una catana. El estado de deterioro y la falta de servicios también influyen en las quejas de los usuarios en unas circunstancias que son especiales.

Este problema, no obstante, no es exclusivo de la capital. El año pasado el camposanto de La Algaba también sufrió una oleada de robos, en este caso, siempre de metales, sobre todo cobre y bronce. Los ladrones asaltan las lápidas para sustraer figuras, a veces simplemente letras, de estos metales que pueden ser fundidos y vendidos en el mercado negro.

El cementerio de San Fernando se construyó en 1853 y se ha reformado varias veces. La intervención más completa se hizo hace tres años, en el último mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín, con la intención de adecuar las instalaciones a la actual demanda.

Fuente: Diario de Sevilla

El Ayuntamiento de Valencia tiene ya ultimada una moción para proponer la instalación de cámaras de video vigilancia en el cauce viejo del Turia, en el conocido como Jardín del Turia.

Este proyecto, que siempre ha estado en la mente de los directivos de la Policía Local de Valencia, y, por ende, del concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, se planteó por primera vez en 2009 con la idea de incluirlo en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, más conocido como Plan Confianza.

Pero hubo algunas voces críticas que se alzaron para prevenir sobre si, una vez hecha la inversión, se podría poner alguna objeción desde el punto de vista legal. Es decir, si el proyecto rebasaría la estrecha línea que separa la protección a la seguridad de las personas de su derecho a la intimidad y a la imagen; aspecto éste que se vuelve proceloso cuando se entremezclan las grabaciones de vídeo por parte de la Administración.

La moción, que pronto presentará el edil Domínguez, y el estudio y propuesta de acuerdo redactados por el intendente general jefe de la Policía Local, Andrés Rabadán, no hacen referencia a este aspecto, por lo que es de prever que está totalmente solventando, tratándose como se trata el Jardín del Turia de vía pública en todo su trazado desde la Ciutat de les Arts i les Ciències hasta Mislata.

Además, el apunte presupuestario corresponde a la Conselleria de Gobernación, que en virtud del citado Plan Confianza se hará cargo de los 620.000 euros del coste de la inversión.

Este proyecto se ha beneficiado, cabe señalar, de la prórroga del Plan Confianza que, desarrollado en gran medida, aún cuenta con proyectos «vivos» al haber prorrogado el plazo de presentación de acreditaciones de fin de obra.

De aprobarse el proyecto, su implantación definitiva requerirá de un plazo aproximado de cinco meses. La instalación de este «circuito cerrado» de televisión prestará especial atención a los elementos con protección que se halla en el cauce del Turia, como es el caso del puente de Serranos, cuyo impacto en el mismo se tratará de eliminar mediante la instalación de las cámaras en puntos cercanos.

La grabación de imágenes en la vía pública ha de contar con el visto bueno de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y más concretamente de una Comisión mixta en la que se integra la Subdelegación y que también engloba al Tribunal Superior de Justicia, y que se encarga de la tramitación y gestión de expedientes de autorización de video-cámaras fijas y de la convocatoria periódica Comisión de Garantías de Video-vigilancia que es la que finalmente decide sobre la instalación de estos aparatos tratado de conjugar al unísono seguridad e intimidad.

Fuente: La Razón