El Ayuntamiento de Villacañas ha mejorado el sistema de videovigilancia de la plaza de la Zarzuela con la instalación de nuevas cámaras y la conexión de todas ellas para poder ser revisadas en tiempo real por los cuerpos policiales. Esta actuación se marcó como prioritaria tras los últimos actos vandálicos que se produjeron durante el pasado mes de septiembre y que, tras varias actuaciones, se han reducido considerablemente en las últimas semanas, tal y como se constató en la reunión de la Junta Local de Seguridad que tuvo lugar el pasado viernes.

En dicha reunión, presidida por el subdelegado del Gobierno en Toledo, José Julián Gregorio, y el alcalde Santiago García Aranda, y en la que estuvieron también representantes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, se pusieron sobre la mesa los problemas de ruidos y deterioro de la convivencia en esta zona del municipio.

Una situación que también se ha tratado con los vecinos de la zona a través del grupo de convivencia que existe en el barrio y que, con medidas disuasorias como la instalación de estas cámaras de vigilancia continua, así como otras acciones de vigilancia policial y actuaciones a través de los servicios sociales municipales, se intenta que mejore.

De hecho, al término de la reunión de la Junta Local de Seguridad, el alcalde de Villacañas recordó, en relación a los actos vandálicos en el municipio en general y en esta zona en particular, que se han reducido. «La puesta en marcha de este nuevo sistema de videovigilancia y la colaboración ciudadana han ayudado, seguro, a que el vandalismo se haya contenido», declaró.

Extensión a otras zonas

La intención del Ayuntamiento de Villacañas es extender este sistema de videovigilancia a otras zonas públicas del municipio, con el objetivo de disuadir y de, en el caso de que se produzcan actos vandálicos o delitos, poder identificar a los responsables.

Recordemos que, en relación con el vandalismo contra equipamientos públicos, las ordenanzas municipales de Medio Ambiente y de Protección de Áreas Verdes y Arbolado Urbano contemplan sanciones para quienes causen algún deterioro en el mobiliario urbano.

Unas sanciones, informó el Ayuntamiento de Villacañas, que se cuantifican económicamente hasta los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad, aunque las propias ordenanzas señalan que estas sanciones podrán ser sustituidas por trabajos en beneficio de la comunidad.

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Aunque con dos meses de retraso, el Palacio de Congresos de Huesca contará en breve con el nuevo sistema de seguridad, que se pretende implantar también en el resto de edificios municipales de la ciudad. Éste consta de varias cámaras de videovigilancia y de otros elementos que estarán interconectados con el centro de control de la Policía y con el Parque de Bomberos. Ésta previsto que entre en funcionamiento a finales de este mes o principios del que viene.

 

Con este nuevo sistema el consistorio pretende ahorrar costes y evitar tener a un vigilante por la noche.

 

Un asunto que salía a relucir en el último Consejo de Administración donde se criticaba el incremento del gasto destinado a este capítulo. Desde el Palacio de Congresos explicaban que la idea era que se pusiera en marcha en el mes de septiembre, de ahí el aumento de la partida.

 

Mientras tanto se mantiene el sistema de seguridad anterior, a la espera de testar todos los elementos de seguridad adicionales y de su aprobación en el Consejo de Administración. Unas medidas con las que se espera llevar a cabo un ahorro importante en lo que concierne a este tema.

 

Un sistema de cámaras de videovigilancia cuya instalación también se está llevando a cabo en los polígonos industriales de la capital oscense y que, según adelantaba Luis Irzo, se prevé que pueda entrar en funcionamiento a lo largo del mes de noviembre.

 

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La Policía estudia la posibilidad de instalar cámaras de vídeo en la uniformidad habitual de los antidisturbios que participan en manifestaciones susceptibles de derivar en enfrentamientos para grabar a sus agresores y también la propia actuación de los agentes en este tipo de situaciones, según han informado fuentes policiales. Estas mismas fuentes indican que la opción más viable sería incorporarlas a los cascos, un elemento de protección al que recurren siempre los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en momentos de tensión o antes de proceder a alguna intervención.

No obstante, se barajan otras opciones como situarlas en las solapas del uniforme o en los vehículos policiales, donde se establecería un dispositivo que grabase espacios más amplios y que proporcionaría imágenes más nítidas y sin movimiento. En caso de llevarse a cabo esta medida, supondría un paso más de las cámaras de mano que ya en la actualidad utiliza la UIP para captar imágenes en concentraciones. De momento, la Dirección General de la Policía ha adquirido once de estas videocámaras, tipo "handycam" y se tiene previsto dotar a cada Grupo de las Unidades de este tipo de medios audiovisuales. Pero la intención es que los policías puedan llevar las manos libres y poder captar imágenes más directas.

«Una mejora para la seguridad»

Las fuentes consultadas no ocultan que uno de los objetivos de estas cámaras de video sería despejar las dudas sobre la actuación de los policías en las manifestaciones, además de servir de instrumento para identificar de manera más efectiva a los radicales violentos. Según indican, "supondría una mejora en la seguridad de todos". Otras fuentes consultadas añaden que ya se han hecho algunas pruebas en el Centro de Prácticas Operativas de "La Enira", situado en Linares (Jaén). Se trata del lugar donde se imparten todos los cursos a las Unidades de Intervención Policía (UIP).

Se han realizado este año cursos de fotografía y vídeo operativo, en los que han participado varias decenas de funcionarios de todas las Unidades de Intervención Policial. Este recurso -que ya se emplea en otros países de Europa- es del agrado de los responsables policiales. Sin embargo las fuentes consultadas advierten de que la implantación de estas cámaras supondría un coste económico difícil de afrontar en el momento de actual. De hecho indican por el momento no se ha aprobado ninguna partida presupuestaria específica para esta cuestión.

Legislación vigente

Otro factor a tener en cuenta, según estas fuentes, es la legislación vigente sobre el uso de cámaras de vídeo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que viene regulada por una Ley Orgánica de 1997 y un Real Decreto aprobado dos años después. La ley establece que en casos excepcionales de urgencia máxima (...) se podrán obtener imágenes y sonidos con video cámaras móviles, dando cuenta en el plazo de 72 horas, mediante un informe motivado al máximo responsable provincial de las Fuerzas de Seguridad y a una Comisión presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

Además en el año 2006 se elaboró una Instrucción sobre tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras que establece que se debe respetar el principio de proporcionalidad, dando preferencia a otros medios menos intrusivos en la intimidad.

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El Ayuntamiento de Ciudad Real planea instalar cámaras en los jardines del Prado tras la rehabilitación de este espacio verde con el fin de aumentar la seguridad, según ayer el portavoz del equipo de Gobierno, Pedro Martín.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la remodelación de este lugar céntrico de la capital por valor de 251.790 euros para cambiar el albero, mejorar la accesibilidad y dejar preparada la preinstalación del circuito de cámaras de seguridad.

A preguntas de los periodistas, Martín ha avanzado que la idea es instalar una vídeo vigilancia tras las quejas de vecinos este verano por la presencia de un número importante de drogodependientes que utilizaba ese espacio como lugar de reunión.

Martín añadió que la idea es que el Ayuntamiento vaya instalando cámaras por otras zonas, aparte de las que ya están puestas en la ronda con el objetivo de controlar el tráfico.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local aprobó los dos proyectos de construcción de carril bici por valor de 97.194 euros que unirán el centro con la vía verde, el hospital y la biblioteca del Estado.

Además, dio el visto bueno al presupuesto de 12.800 euros para la mejora de accesibilidad de la calle Huertos y al proyecto de iluminación de la ermita de Alarcos por 90.519 euros.

Asimismo se informó de la solicitud de 123.766 euros que el Ayuntamiento hará a la Diputación provincial para el Plan Provincial de Empleo, destinado 119 desempleados de la capital que realizarán tareas de limpieza y acondicionamiento de zonas verdes y rehabilitación de espacios degradados.

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El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado la compra de dos cámaras, un videograbador y un monitor para vigilar el tráfico en Pola de Siero. Concretamente, las cámaras se ubicarán en la plaza de la Paz y en la confluencia de las calles Coronel Gutiérrez Mellado y Celleruelo, con el objeto de estudiar el tránsito en la salida de la Pola hacia Ferrera, para acometer, a raíz del estudio, algún cambio en el sentido de la circulación.


Como explica el alcalde, Eduardo Martínez Llosa, la Pola tiene tres viales de salida hacia Ferrera y sólo uno de entrada, y lo lógico sería equilibrar más los sentidos del tráfico.


Las cámaras, además, servirán para prevenir posibles actos delictivos. Porque, aunque su cometido sea vigilar el tráfico, podrían ser usadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para esclarecer delitos en el caso de que alguien presentase una denuncia.


Por otra parte, el municipio ha recibido varias ofertas de empresas interesadas en hacerse cargo de la zona azul de estacionamiento limitado de pago, en vista de que el equipo de gobierno tiene intención de establecerlas en Pola de Siero y en Lugones para facilitar la movilidad de los vehículos y, con ella, una mayor facilidad para acceder a los comercios y los negocios de los cascos urbanos.


En un principio, el equipo de gobierno ha puesto como premisa irrenunciable que el coste final para los vecinos sea bajo, casi simbólico, para evitar que el aparcamiento sea muy gravoso para ellos. Asimismo, podría plantearse una tarifa reducida para residentes.


Las empresas se encargarían de colocar los postes y los expendedores de billetes, de pintar el piso y de contratar al personal para vigilar las zonas. Entre las dos localidades se podrían crear en torno a ocho puestos de trabajo con esta medida. El equipo de gobierno ha pedido la opinión de algunas de las asociaciones de comerciantes de las localidades, que se han mostrado conformes con la medida.

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