La falta de fondos impide instalar cámaras de control en calles peatonales.
La ordenanza se aplicará aunque se aplace la instalación del sistema
La falta de dinero impedirá dotar a las calles peatonales en las que está prevista la instalación de bolardos automáticos de cámaras de vigilancia tal y como contempla el borrador de la ordenanza municipal aún pendiente de aprobación.
Según ha confirmado la Concejalía de Seguridad Ciudadana, el Ayuntamiento no está en disposición de poder acometer la inversión que requeriría instalar el sistema de seguridad, las cámaras y el circuito cerrado en el cuartel de la Policía Local para controlar el uso de los bolardos.
La crisis económica ha llevado a reducir el gastos previstos y la inversión en todas las áreas municipales, pero en este caso se trataría tan solo de un aplazamiento, si bien, sin fecha por determinar.
Este sistema de vigilancia tiene por objeto, según recoge la ordenanza, facilitar la bajada y subida de los bolardos en caso de necesidad y de urgencia por la Policía Local.
Un hombre de 50 años fue detenido el sábado a las 2:00 de la madrugada luego de que fuese captado por cámaras de seguridad escalando la farmacia Walgreens, en Salinas, informó la Policía.
Se indicó que el sujeto es vecino del sector Santa Ana del barrio Coco en ese pueblo. Se le imputó forzar la puerta de cristal del lado posterior del edificio. Presuntamente, una vez entró al lugar comenzó a hacerle daño a las cámaras de seguridad.
No se reveló la identidad del hombre. El Cuerpo de Investigaciones Criminales tiene a su cargo el caso
La representación sindical en la Policía Local de Alicante ha convocado para mañana una concentración de protesta al considerar que la Concejalía de Seguridad, además de regular el sistema de trabajo y las condiciones laborales sin contar con la plantilla, ha "derrochado" el dinero sin obtener resultados.
"Si hubiese gestionado eficazmente el personal y el presupuesto, el servicio de seguridad de la ciudad hubiera mejorado", han dicho fuentes de UGT y CC.OO. a través de un comunicado de prensa.
Los sindicatos denuncian una merma de la seguridad pública, fundamentalmente en fines de semana y festivos, la creación de nuevas unidades y brigadas sin lograr resultados positivos y "una voracidad recaudatoria" a través de las multas.
Por ello, ambas centrales han convocado para mañana, a partir de las 10,00 horas, una concentración de protesta en la plaza del Ayuntamiento.
A juicio de las centrales sindicales, el número de policías locales es "suficiente" para reorganizar los sistemas de trabajo de manera efectiva, por lo que no es necesario, según añaden, "gastar el dinero en la creación de nuevas brigadas para la lucha contra el botellón y la venta ambulante".
Asimismo, han criticado que la Concejalía de Seguridad vaya a destinar 108.000 euros en la compra de un vehículo que, dotado con cámaras y radares, tiene la capacidad de fijar entre 400 y 500 sanciones de tráfico al día.
"Esto no hace falta y no era necesario, y denota la voracidad recaudatoria de la Concejalía", han apuntado las mismas fuentes.
Tanto UGT como CC.OO. han mostrado también su rechazo al Decreto impulsado por el Gobierno local por "el que deja en manos de un funcionario la regulación de los sistemas de trabajo y condiciones laborales" de un colectivo de más de 500 personas
El ayuntamiento instalará cámaras de vigilancia en lugares estratégicos
Las nuevas dependencias de la Policía Local, sometidas en la actualidad a obras de remodelación, contarán con una sala de control de cámaras, desde donde se observará desde los depósitos de agua potable a los centros educativos. El proyecto contempla también dotar de más despachos y servicios a la jefatura.
La Policía Local del municipio de Santa Úrsula incrementará sus medios materiales a lo largo del próximo año 2012, como consecuencia de la ejecución de la segunda fase de las obras de remodelación de la jefatura de la comisaría local, que según anunció el concejal encargado de la coordinación del cuerpo, Damián González, "se trata de una actuación que ya tiene definida una partida presupuestaria para el próximo ejercicio de algo más de 85.000 euros".
Entre las novedades que incorporará el inmueble, se encuentra un sistema de videovigilancia, que contemple las instalaciones, la zona del calabozo y diferentes emplazamientos estratégicos del municipio.
Al margen de la jefatura, González explicó que también se habilitará una sala de control de cámaras de vigilancia, "donde no solo se podrán observar las dependencias municipales, sino distintos emplazamientos repartidos por el territorio municipal".
En este sentido, el concejal señaló que está previsto instalar varias cámaras en el exterior del edificio del ayuntamiento, así como los calabozos, pero el aspecto más destacado "es ubicar varios instrumentos de seguimiento en los depósitos de abastecimiento de agua potable y en los centros escolares del municipio".
Además, se pretende a través de esta red de videovigilancia, que estaría conectada a un panel central, incorporarla a labores de control de tráfico, instalando las cámaras necesarias en los cruces más conflictivos y en las vías más transitadas de Santa Úrsula.
Tras la paralización de las obras de la comisaría, a falta de la instalación eléctrica y las telecomunicaciones, González señaló que ésta será una parte que concluirá antes de final de año, mientras que el resto cuenta con un proyecto que contempla un nuevo vestuario para mujeres, un armero dotado con sistemas de seguridad y varios despachos para la recogida de denuncias, con la previsión de establecer uno separado para los casos de violencia de género, "de manera que la actividad en la jefatura no se paralice y se vaya desplazando a medida que se van concluyendo las nuevas dependencias", dijo el coordinador.
En cuatro años
La Policía Local de Santa Úrsula cuenta en la actualidad con una plantilla compuesta por un oficial y 15 agentes, a la que se incorporará en breve un policía en comisión de servicios, como consecuencia de una jubilación. En este sentido, el concejal responsable del área señaló que "en la actualidad no está previsto que se lleve a cabo un incremento de la plantilla", pues precisó que el equipo de gobierno no contempla una partida presupuestaria para este aspecto. No obstante, precisó que "en el caso de alguna salida por comisión de servicio, se cubriría por el mismo proceso".
Así, recordó que, aunque hay carencia de agentes, "el problema es de carácter económico", y recordó que el compromiso del actual equipo de gobierno municipal "es el de aumentar la plantilla en los próximos cuatro años para poder prestar el servicio durante las 24 horas, y no como en la actualidad, que es de 07:00 a las 03:00 horas", correspondiendo la vigilancia a esas horas de la madrugada a la Guardia Civil.
La instalación de medidas de seguridad en el polígono de Vilalba lleva años debatiéndose sin haber llegado a la teórica conclusión, que no sería otra que la decisión de implantar alguna. Colocar cámaras de vigilancia o contactar con alguna empresa para que su personal recorriese el parque empresarial de Sete Pontes son las dos alternativas que se han planteado sin que ninguna haya fructificado.
En unos tiempos en los que las restricciones aparecen por todas partes, el dilema sobre la financiación de esas medidas resulta más importante. La patronal se encuentra con la falta de ayudas oficiales para afrontar esos gastos, pero además se ha comprobado que la disposición de las empresas a cubrir cualquiera de los dos presupuestos necesarios es muy baja en estos momentos.
El presidente de la asociación de empresarios de Sete Pontes, Jesús Sardiña, aportó ayer algunos datos sobre esa cuestión. Dijo, por ejemplo, que menos de la mitad de los algo más de cien empresarios del polígono estaban dispuestos a aportar alguna cantidad para la instalación de cámaras de vigilancia. El coste total rondaría los 90.000 euros, y ni siquiera la participación de todos los socios, que se verían obligados a realizar sendas aportaciones de 900 euros, serviría para que la entidad presidida por Sardiña se animase a colocar las cámaras.
Así las cosas, sabiendo además que en estos momentos no habría ayudas públicas para ese fin, la patronal ni siquiera ha llegado a contactar con empresas del sector para pedir varios presupuestos antes decidirse por una oferta concreta.
La misma suerte ha corrido la contratación de personal de vigilancia, con la salvedad de que este coste sería mayor, unos 10.000 euros al mes. La medida implicaría el pago de los sueldos de dos personas y de otros costes. El desembolso necesario sería mayor, y la disposición de las empresas a cubrirlo, menor: apenas diez mostraron interés en pagarlo, dijo Sardiña ayer.
Compás de espera
Dado que los costes, sea cual sea la medida que se llegue a tomar, se cubrirán a partes iguales entre las empresas asentadas en el polígono, la esperanza de la patronal se dirige a un futuro más o menos cercano en el que haya menos crisis y más empresas en el recinto. Así, con más firmas dispuestas a participar, la cantidad que corresponderá a cada una será menor, y la probabilidad de instalar medidas de seguridad, mayor.