Acorazados contra los cacos
Los últimos asaltos a joyerías empujan a los empresarios del sector a  reforzar sus sistemas de seguridad.

Cinco asaltos desde julio y hasta trece intentos frustrados han sido más que suficientes para que los empresarios del sector joyero se acoracen contra la delincuencia. La adquisición de nuevos sitemas de vigilancia se ha incrementado significativamente desde que los cacos tienen en su mira a las firmas de la ciudad. El objetivo es reforzar los mecanismos de seguridad para cortar el paso a los ladrones de guante blanco que operan en Córdoba y que, por el momento, han logrado escapar de los grilletes de la Policía.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad y director de Eber, Esteban Granero, que apuntó que la mayoría de los joyeros está invirtiendo en «sistemas de vídeo vigilancia», ya que «las empresas de la ciudad cuentan, en su mayoría, con una seguridad que está por encima de lo que exige la normativa».

Sin embargo, para Granero, cuya firma cuenta con un millar de clientes, la clave no está tanto en aumentar los aparatos que detecten la presencia de intrusos, como en las transmisiones para contactar con las centrales de alarmas y éstas, a su vez, con la Policía.

Básicamente, según el portavoz de la asociación, existen tres mecanismos mediante los cuales se envían las alertas cuando los intrusos acceden a un establecimiento controlado. Por un lado, está la RTC (Red Telefónica Conmutada). La trasmisión utiliza una línea telefónica convencional. Es la más fácil de inutilizar. Con unos simples alicates, los ladrones pueden cortarla físicamente. De este modo, la central de alarmas no tiene conocimiento de ello, y por lo tanto, no avisa a los agentes.

Los pasos siguientes, una vez cortada la comunicación entre el establecimiento o local y la central receptora, es un «butrón» o el forzado de puertas y el posterior reventado de cajas fuertes mediante soplete o lanza térmica.

A veces, se suele utilizar una segunda línea de respaldo mediante telefonía móvil GSM. Sin embargo, los cacos ya están duchos en la materia y, con utilizar un inhibidor de frecuencia de los que se encuentran, no solo en el mercado libre de la electrónica, sino incluso a través de Internet, por un precio menor de 600 euros, anulan también esa línea, incomunicando totalmente al establecimiento respecto a la central receptora.

El segundo sistema de transmisión más utilizado es el IP. Consiste en comunicar el sistema de alarma hasta la central utilizando el acceso a la red. También está teniendo cada vez más acogida la comunicación por GPRS, que utiliza el acceso inalámbrico que proveen las empresas de telefónica celular. Su señal también es susceptible de ser anulada mediante inhibidores.

Por ello, según Granero, «lo más recomendable es la utilización de los tres sistemas de transmisión». La colocación de cámaras y los tres mecanismos para enviar las alarmas pueden suponer un coste que oscila entre los 2.000 y los 4.000 euros, aunque «evidentemente, puede ser superior; todo depende de lo que el empresario quiera gastarse».
Lo más seguro

En este sentido, consideró que «a cualquier trabajador del sector se resulta más rentable reforzar la seguridad de su negocio que trasladarse al Parque Joyero, puesto que los alquileres allí son costosos». No obstante, destacó que «por contra, en dichas instalaciones la seguridad es del cien por ciento. Cuenta con vigilancia perimetral, cámaras acorazadas de grado 7, vídeo vigilancia, paredes reforzadas... Es imposible dar un golpe allí», dijo Granero. Consideró, además, que la oleada de robos acabará «en el momento en que la Policía logre detener a alguno de estos delincuentes; mientras les siga saliendo bien, continuarán atracando».

Las cámaras de vigilancia enfrentan en Piélagos a gobierno y oposición

El grupo socialista denuncia que la red instalada no se ajusta a la legalidad vigente.

La instalación de una red de cámaras de vigilancia que registran todo cuanto ocurre en algunos de los puntos estratégicos, y que el Ayuntamiento considera «una simple medida de seguridad», ha levantado cierta polvareda entre los grupos políticos del municipio de Piélagos, especialmente en el socialista, que ha presentado una moción exigiendo su retirada «inmediata» porque, dice, «quebranta la legalidad vigente sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

La falta del correspondiente informe que recoja cuanto tenga que ver con esta instalación -expediente que el Consistorio asegura que está elaborando actualmente un técnico municipal- ha empujado al PSOE a instar al equipo de gobierno a «adaptar la instalación de todas las cámaras de vídeovigilancia existentes en el municipio a la normativa vigente» y «eliminar de manera inmediata todas aquellas que no cumplan la legislación vigente o se encuentren instaladas en lugares no autorizados o sin señalización».

Aunque el número de aparatos no se ha determinado, el grupo socialista, que también ha pedido al Ayuntamiento «que informe a la población de todo cuanto rodee a este asunto, ya sea de la empresa, persona, institución u organismo que esté detrás de su control», ha localizado al menos media docena repartidas en distintas poblaciones. Que sepan los socialistas, hay una en el barrio La Iglesia, en Carandía, otras dos en los polideportivos de Vioño y Liencres, el primero ubicado junto a un colegio, y una cuarta en las pistas de pádel de esta última localidad.

Además, existen dos cámaras orientadas a las playas de Canallave y Valdearenas, cuyas imágenes se emiten en directo a través de un enlace de la página web del propio Ayuntamiento. Instaladas entre los años 2008 y 2011, estas seis cámaras no serían las únicas a través de las cuales el Consistorio vela por la seguridad de los ciudadanos, que es, dicen fuentes municipales, el único objetivo por el que fue concebida la red de vídeovigilancia. La falta del correspondiente expediente «hace imposible conocer con exactitud el número de aparatos que hay instalados en el municipio», lamentan los socialistas. Para ellos, esto «pone de manifiesto la falta de toda ética por parte del equipo de gobierno a la hora de tomar decisiones relativas a la libertad personal, quebrantando la legalidad vigente sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

Si bien es cierto que la instalación de una red de vigilancia en las calles de un municipio no sólo es legal, sino que contribuye a incrementar la seguridad frente a cualquier tipo de delito, no lo es menos «que su implantación debe cumplir con una serie de requisitos» que los socialistas aseguran que no se dan. Requisitos que se relacionan «con su instalación, su ubicación, su señalización, su grabación, su visualización y el tratamiento de los datos recogidos en las mismas».

Por todo eso, los socialistas han preparado una moción que se debatirá en el próximo pleno, a través de la cual, además de exigir el preceptivo expediente en el que se dé cumplimiento a las leyes en vigor, proponen «eliminar de manera inmediata todas aquellas cámaras que no cumplan la normativa» e «informar a la población de los lugares de instalación de todas y cada una de ellas». Según la concejala de Gobernación y Seguridad Ciudadana, Gloria Bárcena, el PSOE tendrá conociemiento de estas cuestiones antes de que su moción llegue a la próxima sesión plenaria, porque en los próximos días se celebrará la comisión informativa para despejar las dudas existentes.

Condenan a una joven a pagar casi 6.000 euros por rayar el coche de una vecina

Además de la multa y los daños, debe abonar a la perjudicada los 1.200 euros que gastó en un sistema de videovigilancia para identificar al autor


Unas cámaras de vigilancia instaladas en los espejos retrovisores de un coche la delataron. El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha condenado a una joven a pagar casi 6.000 euros por rayar el Renault Clio de una vecina que tenía su plaza de garaje contigua a la suya. Una de las principales pruebas contra la mujer fue la grabación aportada por la propia propietaria del turismo, quien cansada de los daños de los que era objeto su automóvil decidió contratar a una empresa de seguridad para instalar un equipo de videovigilancia y descubrir al autor de los destrozos. Y no tuvo que esperar demasiado: el sistema grabó a la acusada y desveló el misterio.

Los hechos ocurrieron el 15 de febrero de 2010 en el garaje de un edificio de la calle Anduriña de Vigo. La juez considera a G.R.M. responsable de un delito de daños por el que le impone una multa de 1.800 euros y ordena que indemnice a la dueña del coche con los 2.546 euros en los que se valoraron los daños en el turismo y con otros 1.200 por los "perjuicios" sufridos. Esta última cantidad obedece, dice la sentencia, a la factura que la perjudicada pagó a una empresa de seguridad para instalar el sistema de seguridad.

Este equipo en concreto consistía en la instalación de dos cámaras en los espejos retrovisores del coche y de un sistema de grabación y alimentación en el maletero. Este mecanismo se caracteriza porque dispone de un sensor de movimiento que se activa cuando alguien se acerca a una distancia de veinte centímetros. Las cámaras solo graban los laterales del coche cuando está estacionado. Y al estar instaladas dentro del turismo, que es una propiedad privada, no hay que pedir permiso a la comunidad de vecinos del inmueble.

La defensa pedía la nulidad del proceso alegando que la grabación vulnera el derecho a la intimidad, argumento que fue rechazado por la juez, que recuerda "que la jurisprudencia viene admitiendo la prueba videográfica con eficacia probatoria". En este caso, el vídeo no dejaba lugar a dudas sobre la autoría. En el mismo se ve claramente como la joven raya el lateral izquierdo del vehículo. La fiscal llegó a decir en el juicio que solo le faltaba "saludar a la cámara". Después se observa "como merodea" y se acerca al coche durante "largo rato". La juez considera que aunque la imagen de la chica no es tan clara en el lado derecho, es "evidente" que también es la autora de los daños en esta zona. La magistrada concluye que la "acción fue premeditada".

Cámaras de vigilancia, alarmas y hasta protecciones en las ventanas es como los templos de la ciudad y que han sido saqueados, se protegen ahora contra la delincuencia.

Los seis templos que han sido robados en los últimos dos años han tomado medidas de seguridad como el reforzar sus puertas y ventanas con protecciones de fierro.

El Templo del Señor de la Misericordia ubicado en la colonia Bosques ha resguardado su altar con censores de seguridad que se activan al momento de que las personas se acercan; esto después de que personas abrieron con violencia el sagrario, el cual dejaron destruido con la intención de llevarse el cáliz al pensar que era de oro.

Este mismo sistema lo ha implementado el Templo de la Virgen de la Purísima Concepción en la colonia Tresguerras, en donde además se instalaron alarmas cercanas a las ventanas para que los ladrones no puedan entrar por dichos accesos.

Por su parte, en el templo de Tierras Negras, en el que la imagen estuvo desaparecida un año y medio, optaron por implementar medidas preventivas para no ser víctimas de la delincuencia. Aquí el altar mayor se encuentra protegido de manera doble; primero se enciende cuando alguien está a menos de un metro del cuadro de la Virgen de Guadalupe; y la segunda es activada si tocan la imagen.

El padre Carlos Sandoval Rangel, encargado del Templo del Sagrado Corazón en la colonia Jardines y del templo de la colonia Tresguerras, mencionó que incluso además de poner protecciones en las ventanas, los templos antes de ser saqueados estaban abiertos durante todo el día; pero a causa de los robos se ha decidido que estén cerrados por más tiempo y sólo se abran si existen personas que vayan a visitarlos.

Además, cada uno cuenta con vigilantes que están enclaustrados como personas civiles que acuden al templo pero en realidad están vigilándolo.

La dinámica es que si el cuidador observa que hay alguien que desea entrar al templo, lo abre mientras él también entra a rezar; y al momento de que el templo se queda solo, se vuelve a cerrar.

Lo cual sucede también en la comunidad de Soria tras el robo a las hostias consagradas; en donde se mantiene abierto sólo los días que se oficien misas como los fines de semana o cuando los grupos de evangelistas o de catecismo lo utilicen.