El juez que instruye el caso de los dos menores desaparecidos en Córdoba hace más de un mes, José Luis Rodríguez Laín, ha tomado declaración este a familiares del padre de los dos niños, José Bretón, que se encuentra en prisión imputado por los delitos de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y otro de simulación de delito.
En declaraciones, el abogado del progenitor, José María Sánchez de Puerta, ha explicado que el juez ha pedido que de nuevo vuelvan a declarar la madre, los dos hermanos y el cuñado de su cliente, una decisión tomada, a su juicio, porque "no tiene otra alternativa".
La policía científica revisa las cámaras de seguridad
Al mediodía del sábado 8 de octubre José Bretón recogió en la casa de sus padres, en Córdoba, a sus dos hijos. Desde allí, presuntamente, los llevó en coche hasta la finca de Las Quemadillas, en las afueras de la ciudad y propiedad de los abuelos paternos.
Las grabaciones de las cámaras de un centro de inserción social cercano a esta parcela han confirmado que Ruth y José entraron en ella a bordo del monovolumen de su padre. Eran aproximadamente las dos de la tarde. Desde Las Quemadillas José Bretón llamó a su hermana y a su hermano para ir juntos al parque Cruz Conde de Córdoba con sus hijos.
Las mismas cámaras que habían recogido la entrada del coche de Bretón en la finca también registraron su salida. Pero, en esta ocasión, no se veía a ningún niño en el interior del vehículo.
El sale sobre las 17:30 y a las 18.08 José Bretón envió un mensaje a su hermano y después se sentó a esperar mientras sus hijos jugaban. Fue entonces cuando, supuestamente, los perdió de vista.
Unos testigos declararon ante la Policía que José Bretón les preguntó si habían visto a sus hijos. Las cámaras de seguridad del parque también le grabaron pidiendo ayuda a un vigilante. Pero ninguno de esos testigos vio a Ruth y a José y los niños tampoco han aparecido en ninguna de las imágenes de las once cámaras de seguridad que hay en el recinto, como si jamás hubieran estado en ese parque con su padre.
A las 18.40 de la tarde, José Bretón llamó desde su móvil a la Policía Nacional para denunciar la desaparición de sus hijos. En las cinco semanas transcurridas desde aquel 8 de octubre nadie ha podido confirmar dónde estuvo exactamente José Bretón entre las dos y las seis de la tarde.
En esas cuatro horas clave, el padre de José y Ruth mantuvo apagado su teléfono móvil durante un largo período de tiempo. Esto dificulta que los investigadores puedan seguirle el rastro. La policía se pregunta si pudo ser una maniobra deliberada de Bretón para evitar que se le localizara.
El juez que instruye el caso de los dos menores desaparecidos en Córdoba hace más de un mes, José Luis Rodríguez Laín, ha tomado declaración hoy a familiares del padre de los dos niños, José Bretón, que se encuentra en prisión imputado por los delitos de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y otro de simulación de delito. En declaraciones a Ep, el abogado del progenitor, José María Sánchez de Puerta, ha explicado que el juez ha pedido que de nuevo vuelvan a declarar la madre, los dos hermanos y el cuñado de su cliente, una decisión tomada, a su juicio, porque "no tiene otra alternativa".
Estos familaires han ratificado ante el juez del caso la versión de los hechos que defiende el padre de los niños, que denunció que sus hijos desaparecieron en el Parque Cruz Conde de la capital cordobesa el día 8 de octubre, y creen que están vivos y se los llevó algún conocido, según ha declarado a los medios el abogado del padre.
Conforme a las declaraciones del letrado, los familiares han ratificado "casi todo el cuadro cronológico" que mantiene el padre de los niños sobre los hechos, mientras que el juez se ha interesado también por cuestiones como dónde comieron, qué comieron o qué vestimenta llevaban el día de la desaparición. La declaración se ha prolongado cerca de dos horas en una sala de vistas de la Audiencia Provincial de Córdoba y en ella no ha estado presente la abogada de la familia materna.
Por otro lado, ha apuntado que aún no se ha producido la reconstrucción del itinerario entre la finca de las Quemadillas y el parque Cruz Conde a la espera de que el juez lo ordene en una jornada a la misma hora que supuestamente se produjo el desplazamiento y en unas condiciones climáticas similares.
Por otra parte, ha precisado que aún no han trascendido los resultados sobre los informes psiquiátricos realizados a Bretón con el objetivo de conocer algún trastorno, y tampoco se han desvelado hasta ahora datos sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad de edificios y gasolineras de Córdoba revisadas por los agentes.
En este sentido, la Policía Científica llegada de Madrid revisa estos días las grabaciones de las cámaras de seguridad de las instituciones públicas y edificios que existan en el recorrido que el padre de los menores detalló a la Policía, desde que salió en coche de la parcela de Las Quemadillas hasta que aparcó en los aledaños del Parque Cruz Conde en la tarde del 8 de octubre, cuando denunció la supuesta desaparición. De este modo, tratan de corroborar la versión que defiende Bretón y su abogado y cuando hayan terminado de revisar la filmación remitirán un informe al Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que posteriormente dará traslado de dicho informe a la parte acusada.
Recurso de libertadPor otra parte, el abogado del padre de los menores ha precisado que espera a "ver cómo se resuelven los últimos datos" en torno al caso, como el registro de imágenes de las cámaras, y surjan nuevas pistas en próximos días para reclamar de nuevo la libertad de su cliente. En cuanto al estado de Bretón, interno en el Centro Penitenciario de Alcolea, Sánchez de Puerta asegura que está "muy hundido, bajo de moral" y "sigue preguntando por dónde están sus hijos", además ha pedido que se le retire el régimen antisuicidio con vigilancia las 24 horas, "pero no depende de él, sino de los médicos de Instituciones Penitenciarias".
Entretanto, reitera que su cliente desde el primer día que ingresó en prisión "está dispuesto a una entrevista con su mujer", al tiempo que sostiene que Bretón está encarcelado por "cábalas, indicios o suposiciones" y proclama que su "misión es hacer esto lo mejor que pueda", sacar a su cliente de la cárcel y "demostrar que no ha cometido los hechos que se le imputan ahora mismo".
Así, espera presentar en unos días la solicitud de libertad del padre de los niños; si la deniegan otra vez presentará un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción, y si lo vuelven a denegar presentará un recurso de apelación ante la Audiencia. Mientras, la madre de los dos niños, Ruth Ortiz, se ha personado en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que dictaminó el 21 de octubre el ingreso en prisión de Bretón, que fue quien denunció la desaparición de los pequeños.
El ayuntamiento pondrá ahora en Menacho las cámaras señalizadas desde hace un año
La Junta de Gobierno Local adjudicó ayer el sistema de videovigilancia de calles peatonales con tráfico restringido. Incorporarán un programa de reconocimiento de las matrículas de los vehículos que sí están autorizados
Las señales que el Ayuntamiento de Badajoz colocó en las entradas de las calles Menacho, Francisco Pizarro y la plaza de la Soledad, así como en las intersecciones, avisando a los conductores de que se trata de zonas peatonales con control de infracciones por cámara eran medidas disuasorias, porque de momento estas cámaras no se han instalado, aunque la Policía Local sí ha estado multando a los vehículos que incumplen la prohibición cuando los agentes los han detectado. Es ahora cuando el consistorio acaba de adjudicar el sistema de videovigilancia, según dio a conocer ayer el portavoz del equipo de gobierno y primer teniente de alcalde, Francisco Javier Fragoso, como uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.
Las señales se colocaron en julio del año pasado y hasta ayer no se ha adjudicado el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de grabación en estas tres vías mencionadas por valor de 235.000 euros a la empresa Sice.
Fragoso confirmó que efectivamente aún no hay cámaras, solo las señales indicando en la calle "que puede estar vigilada", aunque los letreros recogen textualmente control de infracciones por cámaras . Según el concejal, "no se engaña ni se miente", sino que lo único que recogen es que "esa zona está autorizada para estar videovigilada, yo lo que no tengo que hacer es anunciarlo, porque a los que cometen infracciones no se les avisa de nada", justificó.
Este proceder no es inusual y puso el ejemplo de las señales que indican al entrar en una ciudad que es una zona vigilada por radar, porque puede haberlo, aunque en ese momento no esté. Según Fragoso, la ley obliga a que si en algún momento se quiere grabar hay que anunciarlo y así se ha hecho.
PERMITIDOS Los únicos vehículos autorizados a transitar por estas calles desde que se convirtieron en plataforma única y se transformaron en peatonales son los de los vecinos que tienen garajes con entrada por estas vías, los servicios públicos y de emergencias, y los taxis, pero no para recorrerlas en sus carreras sino para recoger o dejar a un cliente. La multa por entrar en coche por estas vías es de 200 euros y por estacionar, 100.
En un primer momento se había anunciado que el control de acceso se haría mediante tarjetas lectoras. Pero finalmente se realizará utilizando las cámaras de vigilancia, que incorporarán un programa de reconocimiento de vehículos autorizados e identificación de los infractores para multarlos. La previsión es preparar el sistema para que permita determinadas excepciones como para los conductores que tengan en alquiler los garajes.
La banda que robó la cocaína de un depósito de Málaga se llevó la grabación de las cámaras
La banda que robó el pasado fin de semana al menos 500 kilos de cocaína de un depósito judicial de Málaga se llevó también las grabaciones de las cámaras de seguridad. La furgoneta que usaron para dar el golpe era robada y ha sido encontrada calcinada, algo que dificulta el hallazgo de huellas o rastros que puedan identificar a los autores. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Málaga continuaban ayer con la investigación del robo. "No hay duda de los autores tenían experiencia", señalaron fuentes cercanas al caso. Inutilizaron la alarma, reventaron el bombín de la puerta lateral del almacén, ubicado en el Puerto de la ciudad, y usaron una lanza térmica (un soplete de gran capacidad) para abrir la cámara blindada donde se guardaba la cocaína. La sustracción no se conoció hasta el lunes a primera hora, cuando el vigilante de seguridad que se encarga de la custodia de la droga de lunes a viernes comenzó su turno.
La Guardia Civil se encarga de la seguridad del almacén durante el fin de semana. Los sindicatos Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) y Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamaron a la Subdelegación del Gobierno malagueña, de quien depende la gestión del depósito de droga, que se depuren responsabilidades. Manuel Expósito, secretario regional del SUP, aseguró que los agentes ya habían informado de fallos en los sistemas de vigilancia y de que el depósito estaba saturado por la lentitud judicial en las órdenes de destrucción de los estupefacientes. "Queremos saber si esas supuestas deficiencias se deben a una falta de presupuesto o de interés general", añadió el agente del SUP. El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, rehusó hacer declaraciones.
En el depósito de Sanidad Exterior trabajaban en el recuento de la sustancia estupefaciente sustraída. Todas las fuentes coinciden en que los ladrones se llevaron "cientos de kilos". Otras, afinan hasta los 500 kilogramos, principalmente de cocaína.
La Fiscalía Especial Antidroga de Málaga intervendrá en la investigación del robo por la "trascendencia" del caso. Uno de sus fiscales comenzó a pedir que se practiquen pruebas que ayuden a localizar a los autores del robo en el menor tiempo posible.
El depósito de Málaga recibe la droga intervenida en operaciones de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía o Aduanas en varias provincias andaluzas. "Junto con Madrid y Galicia, es uno de los más importantes del país por volumen de sustancia estupefaciente custodiada", mantienen fuentes del Instituto Armado.
Los técnicos de este depósito judicial también se encargan de analizar la droga intervenida y emitir informes sobre su pureza, que después se utilizan como prueba en los juicios. Todavía se desconoce si las sustancias sustraídas habían sido analizadas por los técnicos. En caso contrario, podría poner en peligro las investigaciones por las que fueron aprehendidas.
El agente Expósito, representante del SUP, consideró que el robo es "tremendamente grave" e incidió en que la Subdelegación del Gobierno debe aclarar cuanto antes lo ocurrido porque afecta a la seguridad ciudadana, a los procesos judiciales y a la imagen de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Expósito habló en nombre de la AUGC, cuyos delegados no comparecieron ante los medios por miedo a un expediente disciplinario.
Ruth Ortiz, la madre de los niños desaparecidos, Ruth y José, se ha personado en la causa contra su todavía marido José Bretón en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba como acusación particular. Bretón permanece en prisión desde el pasado día 21 de octubre como presunto autor de un delito de simulación de delito y otro, el más grave y que lo mantiene privado de libertad, de detención ilegal cualificada por desaparición de menores.
Un procurador cordobés se personó el pasado viernes 4 en el Juzgado para representar a la madre de los niños a través de un poder, y es una letrada la que llevará el caso desde Huelva. Esta letrada declinó hacer valoraciones ayer a ABC y se remitió a la portavoz de la familia materna Esther Chaves.
Ruth Ortiz al entrar en la causa como acusación particular podrá tener acceso a los datos de la investigación que se instruye en el juzgado por el caso o pedir la práctica de nuevas pruebas. De momento, el juez instructor del caso, José Luis Rodríguez Laín, según la información a la que ha tenido acceso ABC, ha solicitado nuevas diligencias como el revisionado de las cámaras de seguridad que ya habían sido analizadas, así como ha dado traslado a las partes sobre los informes psiquiátricos de Bretón pendientes por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) y del propio Hospital Universitario Reina Sofía.
Entrevista con su esposa
Diversas fuentes aseguran a ABC que la madre de los niños ha llamado a su cuñado Rafael Bretón para pedirle una entrevista con su hermano, aunque de momento en la prisión no hay constancia de que se haya solicitado una visita ordinaria de la madre de los niños. Por su parte, según la portavoz familiar, Esther Chaves, la madre de los pequeños está dispuesta a hablar con el padre si la Policía o el juez que instruye el caso «lo considera necesario». Además, precisó que aunque de «motu propio» la madre de los pequeños no ha solicitado un «careo» con su marido —con el que se encuentra en trámites de separación—, sí estaría dispuesta a realizarlo «por sus hijos» si «le dicen que lo tiene que hacer». El propio letrado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, señaló ayer al respecto que su defendido estaría dispuesto también a mantener ese contacto.
La Policía Nacional inició el registro de la finca de Las Quemadillas propiedad de los abuelos paternos hace casi un mes, tras visionar las cámaras de seguridad cercanas, entre las que se encuentran las del Centro de Inserción Social (CIS) Carlos García Valdés. Este visionado ha vuelto a ser solicitado por el juez instructor en busca de más precisión en la prueba. Sin embargo, las cámaras, a ojos del abogado defensor de Bretón, «sólo captan la imagen desde arriba de un coche de similares características a las de mi cliente a las 15.00 horas y luego sobre las 17.30 horas, otro igual, pero no se revela ni la matrícula ni su interior, por lo que no puede aportar mucho a la investigación».
Fuentes cercanas al caso indicaron que los investigadores recibieron las grabaciones la última semana de octubre. Entre las cámaras visionadas destacan las de este centro de inserción social por su cercanía a la finca (unos 300 metros) y porque tiene instaladas varias exteriores en las esquinas del recinto, algunas de las cuales enfocan una de las vías de acceso a la parcela e incluso el portón de entrada.
Fue con posterioridad a este visionado cuando la Policía decidió sacar de prisión la semana pasada al padre de los niños, José Bretón, para que asistiese a un nuevo registro exhaustivo del interior de la vivienda, levantando suelos y falsos techos, sin encontrar rastro de los menores. Hay que recordar que las propias declaraciones de Bretón admitiendo que estuvo allí con los niños y la ubicación de su móvil en esa zona reforzaron los registros. Más de 70 horas de rastreo en ocho días con cinco unidades policiales y hasta albañiles que trabajaron en la perforación de suelos, techos y muros, amén de un geo-radar que ha peinado la finca de 6.000 metros cuadrados, tanto su parte cultivable de naranjos como las dos casas edificadas en la parcela, no han arrojado luz.
El abogado de José Bretón ultima nuevos recursos para pedir la excarcelación de su defendido, que ya fue denegada por la Audiencia Provincial, que confirmó el auto del juez titular de Instrucción 4 (a su vez apoyado por la Fiscalía), que mantiene preso a Bretón desde el pasado 21 de octubre bajo el régimen de antisuicidio. Este auto de la Audiencia recogía entre otros argumentos «un juego de llamadas que no coinciden con la secuencia de los hechos» o «la extraña conducta y la serenidad mostrada por Bretón en los momentos inmediatamente posterior a la desaparición de los niños». Los indicios razonables de criminalidad han estado siempre presentes.
Esta petición de excarcelación se puede repetir tantas veces como la considere oportuno el abogado de la defensa, sin embargo, el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, explicó a ABC que «en un prinicipio, si las circunstancias no han variado sustancialmente y no hay pruebas diferentes a las practicadas en su momento ni novedades en el caso», la Audiencia Provincial seguirá su línea apoyando al juez inistructor que ordenó el ingreso en prisión