El asesinato de Manolis Kantaris, de 44 años, fue lo que inició, la semana pasada, esa espiral. Lo mataron a puñaladas a altas horas de la noche, mientras se preparaba para llevar a su esposa al hospital donde debía dar a luz a su segundo hijo.
El incidente tuvo lugar en el corazón de Atenas, zona cuyos habitantes describen cada vez más como un lugar caótico donde abundan las organizaciones delictivas.
En base a las imágenes registradas por cámaras de seguridad cercanas, la policía presume que los tres asesinos procedían del norte de África.
Al día siguiente, integrantes de grupos nacionalistas-fascistas –cuya presencia en los barrios pobres de Atenas se acentuó el año pasado— realizaron varios ataques para "vengar" el asesinato de Kantaris.
Atacaron despiadadamente a inmigrantes y abusaron de personas que protestaban contra su violencia.
"En esta sociedad la gente tiene que estar unida, venga de donde venga. La delincuencia no depende de la nacionalidad o del origen étnico, y nadie debería responsabilizar colectivamente a los inmigrantes por este asesinato", dijo a IPS el presidente de la Asociación Musulmana de Grecia, Naim El Gadour.
"La gente sensata tiene que tomar la iniciativa y buscar soluciones a la crisis desatada en el centro de Atenas. Griegos y extranjeros necesitamos esto por igual", sostuvo.
La policía es criticada por tolerar las acciones nacionalistas violentas a un grado que llevó al ministro de Seguridad Xristos Papoutsis a admitir públicamente la falta de control sobre las fuerzas de seguridad que operan en el lugar.
"Es mejor disolver una estructura de seguridad, sin importar cuán efectiva sea, si opera bajo un estatus de tolerancia especial que encubre abusos de poder e incidencia de violencia extrema", dijo Papoutsis, advirtiendo sobre "un déficit democrático y una arbitrariedad dentro de las estructuras de seguridad del Estado".
La inoperatividad de las cámaras de vigilancia que deberían contribuir a garantizar la seguridad del pazo de Xustiza de la capital ourensana, y a evitar los asaltos que está sufriendo la sede en las últimas semanas, podría ser resuelta en unas semanas.
Así, y tras meses inservibles, los técnicos comenzaron el pasado lunes a recoger los aparatos para proceder a su reparación y poder conectarlas en un corto plazo de tiempo. La maniobra se produce solo unos días después de que se hiciese pública la situación, nunca denunciada por los operadores judiciales ourensanos.
Mientras, continúan las investigaciones para tratar de localizar a las personas que, la semana pasada, colocaron un artefacto explosivo de fabricación casera en una de las ventanas del edificio judicial, la que se encuentra situada en la zona más oculta del edificio y cercana a un jardín. El objeto no llegó a explosionar pero fue necesaria la presencia de los tédax para retirarlo sin riesgos. La situación de las cámaras ha evitado que se haya podido identificar a los sospechosos.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
El candidato a la Alcaldía por el PSOE de Tarancón ha presentado 30 medidas en materia de Educación, dentro de la campaña de difusión del programa electoral que esta formación política está llevando a cabo durante estos días. “No tenemos competencia sobre la educación en los colegios, sí sobre los edificios, las actividades extraescolares y otras que tengamos en nuestro entorno como la Universidad Popular y todas las acciones paralelas para poder desarrollar lo que llamamos Proyecto de Ciudad Educativa”, explica el Alcalde.
Los talleres que se van desarrollando van originando sedes sociales con una formación muy concreta. Tal es el caso del aula de la naturaleza en el Parque Reina María Cristina, en la que se imparten contenidos medioambientales; o la educación vial y de seguridad que la Policía Local lleva a cabo en los centros educativos y Escuelas Infantiles.
Con respecto a la Universidad Popular, Raúl Amores ha detallado que “Debe ser una educación permanente y actualizada” de las personas adultas. Desde el Ayuntamiento, si los ciudadanos renuevan su confianza en el equipo socialista, se estará atento a las necesidades formativas para los nuevos puestos y nuevos trabajos que van surgiendo en la sociedad taranconera. “El inmovilismo se ha acabado en materia educativa”, y también en la laboral, dice rotundo el candidato socialista. Ambos elementos deberán coordinarse.
Otra de las cuestiones que el PSOE de Tarancón ha propuesto de cara a la próxima legislatura es el mantenimiento de las cámaras de seguridad para vigilar fuera del horario escolar los colegios públicos, ya que son edificios municipales. Estos dispositivos ya están instalados, pese a la oposición del concejal popular Luis Antonio Loechees en el centro del que es Jefe de Estudios, puntualiza Amores. Su uso se ha paralizado hasta que concluyan las obras de ampliación, ya que necesitarán una distribución y orientación diferente. Además, continúa contando Raúl Amores, “En el exterior habrá una vigilancia mayor. La estamos haciendo en el actual instituto con colaboración de la Guardia Civil para toda la cuestión de estupefacientes. A raíz de la reunión que tuvimos recientemente con el Juez de Menores, en la que salió la problemática del absentismo escolar, vamos a intentar llegar a un acuerdo con las AMPAS para que cuando se vea a un menor, la Policía Local pueda meterlo en el coche y llevarlo a su domicilio”, advirtiendo de la situación en la que pueden incurrir los padres o el centro escolar si dentro de su horario los alumnos salieron fuera y no volvieron”, concluye Amores.
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Quien no conozca la Feria de Córdoba, que ha llegado a albergar en momentos de algunas ediciones hasta 200.000 visitantes a la vez en sus 40 hectáreas de casetas y puestos, podría pensar que el subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, y el concejal de Seguridad y Tráfico, José Joaquín Cuadra, más que hablar de una Feria se referían ayer a una batalla: la práctica totalidad de la plantilla de la Policía Local (unos quinientos agentes) movilizados a lo largo de ocho días, tres decenas de cámaras de vigilancia, 650 policías nacionales reforzados por la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Sevilla, caballería, perros para detectar drogas, dos controles en los principales accesos al Real, controles de alcoholemia a conductores de la Policía Local y Guardia Civil, turnos de entre 75 y 95 policías nacionales a la vez, un helicóptero...
Sin embargo, un dispositivo similar a este consiguió el año pasado reducir casi al mínimo los altercados y "que la Policía llegara incluso antes de que fuera avisada por los ciudadanos", recordó ayer el subdelegado. De hecho, "más que asegurar una respuesta inmediata, estas medidas tienen un carácter preventivo" , aseguró Ruiz, citando como ejemplo los controles en los accesos al Real para evitar que entren personas con armas.
El subdelegado también recordó que de nuevo se habilitará una comisaría conjunta de la Policía nacional y Local en El Arenal, poniendo también a disposición de los ciudadanos el teléfono de denuncia 902-102112 y las comisarías de Campo Madre de Dios y las conjuntas de Judá Leví (en el Casco Histórico) y Libertador Juan Rafael Mora (barrio del Guadalquivir).
POLEMICA EN LA FERIA Por otro lado, el Ayuntamiento difundió ayer el plan de Tráfico para la Feria, a ejecutar en los grandes accesos y barrios colindantes por fases y de acuerdo a las previsiones de intensidad de la circulación en días y horas claves, con una fase ordinaria y otra especial que puede adelantarse o atrasarse según las necesidades que se detecten.
Por otro lado, el montaje de la Feria, aunque sin llegar a la agria polémica de hace dos años por la necesidad de renovar todo el cableado de seguridad de las instalaciones, tampoco está exenta de conflicto. Así, la norma municipal que obliga a que todas las carpas guarden una misma orientación para que las aguas vertientes en caso de lluvia caigan entre las casetas con una misma ordenación. Ello ha obligado a que apenas 9 días antes del comienzo de la feria, carpas como las de la Casa de Sevilla y las de trabajadores del Corte Inglés y Telefónica hayan tenido que desmontarse, adaptarse a las nuevas medidas y volverse a montar, con el importante gasto que ello ha supuesto, según han informado responsables de casetas afectadas.
FUENTE: www.diariocordoba.com
Las cámaras de seguridad instaladas en diversos puntos estratégicos de los burdeles son otro aspecto caliente de la operación Carioca. A lo largo de la investigación fueron obtenidos datos que apuntan a que podrían haber sido efectuadas grabaciones comprometidas, incluso de algún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esta circunstancia parece que no ha podido probarse, sin embargo queda la sospecha de que algunos integrantes de la trama dispondrían de grabaciones comprometidas que podrían aportar en su momento.
Según diversas referencias, los propietarios de los clubes siempre trataron de dejar claro que, en sus establecimientos, las cámaras estaban pensadas para cuestiones relacionadas con la seguridad y no para vulnerar la intimidad. De hecho negaron categóricamente que estuvieran en las habitaciones en las que las mujeres mantenían contactos con sus clientes. De todos modos, según algunos testimonios, sí había objetivos de grabación en los pasillos y también en las escaleras de acceso a las plantas superiores de los negocios. También se controlaban los aparcamientos y, por consiguiente, los coches que entraban y salían cada noche. Prácticamente lo registraban casi todo.
También pudo concretarse que las cámaras de algunos establecimientos como, por ejemplo el Eros, enviaban imágenes a cualquier punto. Los investigadores obtuvieron informaciones que revelan que el responsable del establecimiento, José Marcos Grandío Ascariz o su compañera sentimental, Karen Lorena, tenían controlado desde su casa el burdel y sabían en todo momento lo que ocurría en el interior.
Al parecer, algunos testigos contaron que Grandío efectuó en alguna temporada varios viajes a Colombia donde, presuntamente, tendría algún negocio relacionado con la hostelería. Desde el país sudamericano se ocupaba en ocasiones de controlar las cámaras a través de Internet.
Las grabaciones efectuadas por las cámaras, en este caso en otro club que no forma parte de la trama, también salieron a relucir en el marco de la investigación. En este caso parece que las imágenes afectarían a un guardia civil. La cinta llegó a ser reclamada.
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