La seguridad se ha convertido en el último motivo de disputa entre las dos capitales canarias, enfrascadas desde hace tres semanas en un debate pleitista acerca de los supuestos tratos de favor y marginaciones que sufren. La autorización de la colocación de videocámaras en ambas capitales ha generado la nueva polémica, en la que la delegada del Gobierno en Canarias ha tenido que salir al paso de las acusaciones de favoritismo hacia Las Palmas de Gran Canaria lanzadas por el alcalde Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

La queja del regidor santacrucero parte de la negativa de este organismo estatal a activar cámaras de seguridad en lugares como el parque García Sanabria. Por el contrario, en la capital grancanaria acaba de autorizarse la instalación de estos dispositivos en las zonas de Triana y Santa Catalina. El miércoles, un día después de la puesta en funcionamiento de dos nuevas cámaras de videovigilancia en Las Palmas de Gran Canaria, el alcalde tinerfeño, José Manuel Bermúdez, aseguró que "espera y desea que a Santa Cruz se la trate igual que a Las Palmas" en relación con la activación de estos dispositivos en el parque García Sanabria.

La administración chicharrera aguarda desde hace más de cinco años el visto bueno por parte de la Comisión de Videovigilancia de Canarias para encender los 24 aparatos colocados en el mayor espacio verde del casco capitalino con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. El alcalde santacrucero afirmó, además, que a la capital grancanaria le han concedido no solo las videocámaras que pidieron, sino más, algo que tachó de "sorprendente".

Por su parte, la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, fue contundente ayer para desmentir las afirmaciones de Bermúdez, ya que alegó que para la colocación de videocámaras de vigilancia es necesario contar con un informe favorable de la Comisión de Vigilancia de Canarias. También señaló que las videocámaras no se autorizan de manera arbitraria, sino conforme a la ley.

Hernández Bento recordó a Bermúdez, en un comunicado hecho público ayer, que la citada comisión está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuyos miembros y no la Delegación del Gobierno, son los encargados de dictaminar la autorización de la colocación de estos dispositivos de vigilancia. En ese sentido, Hernández Bento puntualizó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó la instalación de ocho cámaras, pero la Comisión solo les autorizó cuatro.

Hasta la fecha, la Comisión ha rechazado las peticiones por parte del Consistorio santacrucero y de la gestora de usuarios del parque García Sanabria. Según la Comisión, el índice de delitos que se producen en el interior de este espacio verde no justifica la activación de las cámaras de videovigilancia. Sin embargo, las cámaras recién estrenadas en la capital grancanaria se hallan en zonas "muy seguras", según afirmó el lunes Claudio Rivero, director de Gobierno y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas. Esta situación es la que no entienden en Santa Cruz, que creen que las que ellos solicitan son muy necesarias.

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