El empleado de Seguriber Roberto Mateos, que era el encargado de las cámaras de vigilancia del pabellón del Madrid Arena el pasado 1 de noviembre, ha relatado esta mañana ante el juez que instruye el caso que desconocía cómo funcionaban los aparatos y cuántos estaban operativos. Mateos ha reconocido que llevaba tan solo una semana en ese puesto y que no apreció en ningún momento avalanchas en el vomitorio del pabellón municipal.

Antes de la avalancha en la que murieron cinco jóvenes hubo al menos cinco a lo largo de media hora, según se aprecia en las grabaciones. Tan solo ha señalado que vio cómo se abrieron una de las puertas, por la que accedieron varios miles de personas. Pero no alertó a nadie de lo que estaba ocurriendo, según han relatado los abogados de las partes. Los letrados han anunciado que pedirán la imputación de Roberto Mateos, cuya declaración han calificado de "vergonzosa".

Previamente ha testificado el cabo de la Policía Municipal y mano derecha de Cándida Jimenez, la oficial jefe del distrito madrileño de Moncloa, Juan Hurtado, que ha declarado que el dispositivo en el Madrid Arena era “ínfimo” y que era la primera vez que la unidad del distrito se encargaba de la vigilancia del Pabellón Municipal en un acto multitudinario. Hurtado, que ha declarado durante una hora y media aproximadamente, ha mantenido la misma tesis que su mando policial, que afirmó ante el juez, Eduardo López Palop, que los principales responsables de la Policía Municipal le dijeron que “se buscara la vida” ante la falta de efectivos.

Hurtado ha señalado que la vigilancia del Madrid Arena en fiestas como la de Halloween el pasado 1 de noviembre había correspondido hasta entonces a las unidades centrales de seguridad (los antidisturbios de la Policía Municipal) o a las unidades de Medio Ambiente. El cabo ha reconocido que sí había botellón en los alrededores del recinto municipal, pero no en la zona en la que se encontraban los agentes municipales.

El abogado del Ayuntamiento, Luis Rodriguez Ramos, ha señalado durante el receso que Hurtado ha confirmado que el despliegue de la policía era el indicado y el que se recogía en la orden de servicio.

Rodriguez Ramos también se ha referido al anuncio efectuado ayer por el juez Lopez Palop de la apertura de una pieza separada por posible falsificación documental por parte de la cúpula policial. El letrado ha calificado de “aberración” este procedimiento, ya que no hay ninguna acción por parte de la Policía Municipal que pueda englobarse en al artículo 320 del Código Penal. “Las ordenes pueden darse verbalmente y luego pasarlas a papel”, ha destacado el abogado.

Fuente: El País.com (España)