“Cádiz no será una ciudad videovigilada”. El Ayuntamiento de Cádiz ha defendido su iniciativa de instalar en las calles 30 nuevas cámaras. La concejala socialista, Marta Meléndez, fue la encargada de denunciar públicamente este proyecto que, según su opinión, va a someter a la capital gaditana a una permanente supervisión y puso en duda la legalidad de la medida y su elevado coste.
Según el gobierno del PP, las cámaras solo tendrán fines turísticos y de información de tráfico y nunca permitirán identificar personas concretas. Forma parte de un plan de mejora de las telecomunicaciones valorado en 876.608,01 euros al año.
La denuncia de Meléndez ha molestado en el seno del equipo de gobierno de Teófila Martínez porque incide en dos de las denuncias habituales de la oposición contra su gestión: el derroche en gastos superfluos y el afán de control de la comunicación que tiene el Ayuntamiento. El concejal de Turismo y Nuevas Tecnologías, Bruno García, acusa a la edil socialista de no haberse leído correctamente el pliego de condiciones. “Lo que van a hacer las cámaras es única y exclusivamente lo que detalla el pliego y no crear un sistema de videovigilancia, como dice el PSOE dentro de la demagogia habitual. No es un despilfarro sino que nos va a permitir ahorrar”, sostiene García.
El pliego incluye la licitación de servicios de comunicaciones fijas, móviles, datos y seguridad; un servicio wifi, la instalación de las cámaras y el servicio de mantenimiento y reparación. Según el Ayuntamiento, servirá para sustituir una red de telecomunicaciones que se había quedado obsoleta. El punto más polémico, el de las cámaras, es para el gobierno local una oportunidad de incrementar la transparencia e información hacia los ciudadanos.
Son 30 cámaras ubicadas junto a monumentos o lugares estratégicos. El uso previsto incluye “promocionar la ciudad proporcionando en la web municipal imágenes en tiempo real con especial trascendencia en fiestas como el carnaval o la Semana Santa; suministración de información de interés público como el estado del tráfico o la afluencia de público a determinados eventos; y fomentar la accesibilidad ya que las personas discapacitados podrán pasear virtualmente por Cádiz”.
Fuente: El País.com (España)