Una cárcel que no lo es

129 internos aguardan en el CIE de Barcelona para ser devueltos a sus países
En enero murió un joven de 21 años al sufrir un infarto de madrugada
La mayoría de ellos son magrebíes y el 90% de ellos tiene antecedentes
El Gobierno quiere priorizar la salida del país de quienes hayan delinquido
En cambio, los 'sin papeles' no serán una prioridad para el Ministerio

Unas altísimas verjas y cámaras de seguridad en los accesos delatan al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, ente decenas de polígonos industriales, en la calle E. Tras un primer control de seguridad se accede a su interior, algo que el Ministerio del Interior ha permitido esta mañana a los medios de comunicación tras meses de distintas críticas relativas a la opacidad de estas instalaciones.

EL CIE de la Zona Franca tiene capacidad para un total de 236 internos, pero a día de hoy está "a la mitad", explica el comisario de extranjería y Documentación de la Policía Nacional, Ramón Alguacil. La idea en sí de los CIE es ambigua: es una 'cárcel' que no lo es, porque en ella no hay personas condenadas por ningún delito ni su función es esa, pero en cambio están retenidas hasta su expulsión del país. En todo caso, los CIE existen en todos los países europeos.

La ley establece que los internos pueden permanecer un máximo de 60 días en este centro -en algunos países este plazo alcanza los seis meses-, aunque la media global en el de Barcelona es de 25. Si pasado ese plazo no se ha producido la extradición -normalmente por la dificultad de acreditar una identidad o nacionalidad, lo que impide saber a qué país revolver al interno- la persona debe quedar en libertad. La próxima expulsión tendrá lugar este jueves y afectará a unas 20 personas. La mayoría de los inmigrantes que están hoy en el CIE son magrebíes, dice Alguacil. La mayoría de los moradores son personas que están en situación irregular y "una cantidad muy importante, casi el 90%, tiene antecedentes". Recuerda, en este sentido, que al CIE de Barcelona también llegan inmigrantes derivados de centros de otras zonas de España.

El eslabón que supone el CIE en la cadena de expulsión es la siguiente: un cuerpo policial da con una persona que no tiene los papeles en regla o, por ejemplo, realiza una intervención en la que se detiene o identifica a distintas personas. Si son delincuentes, se les detiene y se judicializa su caso, pero si son víctimas de tráfico de personas -por ejemplo en tramas de explotación laboral o de prostitución-, también se les abre un expediente.

La Policía Nacional interviene en todas las operaciones policiales, impulsadas desde cualquier cuerpo, si hay extranjeros implicados, por tener las competencias en materia de extranjería. Ante todas estas diferentes situaciones, realiza un expediente sobre la persona y lo remite al juzgado. Es entonces cuando el juez debe deliberar si esa persona irá o no al CIE. Durante ese proceso, debe acreditarse de alguna forma el país del que es oriundo el retenido y, de no poder hacerse, pasados los 60 días, vuelve a quedar en libertad.

Tres módulos, todos de hombres
En la planta baja del CIE de la Zona Franca se combinan las salas de visitas, la enfermería y los espacios comunes de los internos. Hay un total de tres módulos, dos para hombres y otro para mujeres, pero como no hay ni una sola mujer, también lo han terminado ocupando varones. "Esto se debe a que nos llegan más hombres que mujeres, y nos llegan de otras zonas de España, como de Melilla, mientras las pocas mujeres que recibimos las derivamos a un CIE de Valencia, donde sí hay un módulo femenino", explica Alguacil. Los internos tienen a su alcance varias cabinas telefónicas, que funcionan con monedas, aunque "si en algún momento dado no tienen dinero y deben comunicar algo urgente, les ofrecemos que llamen de manera gratuita", sostiene. Las visitas se reservan para la tarde, entre las 17.00 y las 19.00 horas, salvo para los abogados, que pueden contactar con su cliente "durante las 24 horas del día", quiere precisar el comisario.

Uno de los escollos del centro son sus servicios médicos. En enero murió un joven de 21 años de Guinea Conacry al sufrir un infarto de miocardio de madrugada. Ello reveló que el CIE no disponía de un médico las 24 horas del día en las instalaciones, lo que fue muy criticado por algunos colectivos y asociaciones, que consideraron que aquella muerte pudo haberse evitado. La médico del centro trabaja cada día de 8.00 a 15.00 horas junto a varios ATS, que siguen su jornada laboral hasta las 22.00 horas. De noche, ante una emergencia, se avisa a una ambulancia.

El problema reside en que el CIE está apartado en una zona industrial, lejos de la proximidad de un hospital. Lo ha reconocido hoy el mismo secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, en la rueda de prensa realizada en la biblioteca, al afirmar que una ambulancia tarda en llegar "unos 10 minutos" para llevarse a quien deba ser hospitalizado, más el trayecto hasta el centro médico en el que ingrese. No obstante, sobre aquel fallecimiento concreto, ha dicho que el infarto de miocardio en una persona tan joven es "fulminante" en cualquier situación. También, sobre que no haya un médico por la noche, Ulloa esgrimió que "la situación presupuestaria es muy complicada".

La cocina funcionaba a pleno rendimiento esta mañana. La gestiona Zoilo González, pendiente de los menús para personas de origen árabe -no se cocina cerdo y no existe el alcohol-, y también de la época de Ramadán. Muestra unas lentejas estofadas para el mediodía de hoy, que se completarán con una escalopa, aros de cebolla y una naranja. Los menús semanales son fideos a la cazuela, bistec de pavo, arroz con verdura, filete de merluza, ensalada con limón, empanadillas, garbanzos estofados, rodajas de merluza en salsa verde, arroz, hojaldre, patatas fritas, sopas, cordon bleu, y, de postre, frutas y gelatina. Zoilo dice orgulloso que "todo llega crudo y todo se hace aquí, en esta cocina".

En el primer piso están las "celdas" -para los colectivos pro derechos humanos y de los inmigrantes- o las "habitaciones de seguridad", para la Policía Nacional, cuerpo encargado de la custodia del recinto. Son muy simples: literas de cuatro o de seis en tonos azul y blanco, y un fregadero metálico con espejo y agua corriente, sobre el que se agolpan cepillos de dientes y dentífricos. Cada cama tiene una manta de diferente estampado, lo único que identifica a su propietario. Las toallas cuelgan de las camas y en algún techo blanco pueden verse pintadas en árabe, el único arrebato de rebeldía visible en las estancias que los medios han podido visitar, todas perfectamente limpias.

Seis horas al día en el patio
Los internos se despiertan sobre las ocho de la mañana para incorporarse a la monótona vida del centro. "Pasan unas seis horas al día en el patio", explica el comisario Alguacil. Tras desayunar van al patio de hormigón desnudo hasta la hora de comer, luego pueden subir un rato a las habitaciones, después vuelven al patio hasta la cena, y regresan a sus habitáculos, donde no se apaga la luz hasta pasado un rato.

Otra de las denuncias al CIE se refiere a los casos de maltrato. Sobre este asunto, el comisario general de Extranjería y Fronteras, Emilio Baos dijo "no tener constancia" de casos probados de torturas ni maltratos, aunque sí dijo que se presentan denuncias en este sentido.

La visita de puestas abiertas al CIE de esta mañana ha venido acompañada de novedades, como las líneas del nuevo reglamento que gestionará estos centro. Una de ellas es que el Ministerio del Interior pretende que de la seguridad se siga encargando la Policía, a cuyos agentes se formará específicamente para dar mejor respuesta a las "peculiaridades" de estos destinos, a la vez que se otorgará más poder de intervención a las ONGs, en cuanto a la labor asistencial, que Ulloa alabó.

"A partir de ahora los 'sin papeles' no serán prioritarios en la explusión", dijo el secretario de Estado de Seguridad. Si los 'sin papeles' demuestran arraigo, ¿por qué llevarlos a un centro de internamiento?", se preguntó, pensando en "otros mecanismos más suaves y proporcionados" para personas que puedan demostrar su arraigo demostrando un trabajo, un domicilio o la cercanía de unos familaires. De esta manera, quiere que toda la atención de la Policía Nacional se centre en lograr la expulsión de las personas que hayan delinquido, cosa que se lleva potenciando desde enero. Ulloa, que recordó que son los jueces quienes ordenan las expulsiones, detalló que el año pasado el CIE de la Zona Franca albergó a 1.942 inmigrantes, de los que 949 fueron repatriados con una expulsión ordinaria y otras 690 con una expulsión cualificada, que es la que se ordena para personas condenadas a una pena inferior a seis años como pena sustitutiva. En el primer trimestre de este año, un total de 394 inmigrantes han ingresado en este CIE, de los que 222 han sido expulsados con una orden ordinaria y 193 con una orden cualificada.

Mientras ha durado la visita de las instalaciones los internos estaban en el patio, de pie, rodeados de policías. Cuando han percibido la presencia de las cámaras, muchos de ellos se han agolpado contra los cristales. Algunos se agachaban para que su voz pasara por la rendija bajo la puerta, para denunciar a la prensa "maltratos" y que algunos sólo tienen "la residencia caducada". Otro mostraba varios moratones alegando haber sido víctima de supuestas torturas.

Tras los anuncios realizados por Ulloa, la Plataforma 'Que el derecho no se detenga a las puertas de los CIE' -formada por varias ONG como Pueblos Unidos o Médicos del Mundo- ha considerado que el nuevo reglamento "perpetúa el modelo policial actual" y "retrocede" en derechos humanos.

URL:http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/30/barcelona/1335802289.html

FUENTE:El Mundo.es