Repudio a plan de seguridad en la UPR
Representantes de diversos sectores de la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazaron ayer la implementación de un plan de seguridad propuesto por la rectora Ana Guadalupe que consideran que servirá para la persecución selectiva y no para reducir la incidencia criminal dentro del campus
El presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, José Torres, atribuyó a las nuevas políticas la detención y arresto el pasado domingo de la estudiante Camila Rodríguez por negarse a presentar una identificación al entrar a la universidad pública.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Estudiante (CGE), René Vargas, resaltó que el plan de seguridad no es más que una presentación en Power Point, no ha sido consultada con el Senado Académico, con la Junta Coordinadora de Seguridad ni con las facultades.“Aquí hay personas que no saben que, de aquí a tres semanas, tendrían que comprar un sello para su vehículo y estacionarse en un área designada, o si no, no van a poder entrar”, resaltó Vargas.
“Otros no saben que, de aquí a tres semanas, van a haber 65 cámaras de seguridad instaladas en el Recinto sin saber dónde, ni cuál va a ser el protocolo de seguridad que se va a utilizar para guardar esa información ni quién va a manejar las cámaras”, añadió.
La preocupación expresada por Jorge Colón, representante de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, es que estas medidas esbozadas, supuestamente para ofrecer mayor seguridad en el Recinto, se utilicen para la persecución de organizaciones y sindicatos que han sido críticos al cuestionar las acciones de la Administración universitaria.
Apuntan entonces a que el arresto de Rodríguez el pasado domingo es el ejemplo de lo que podrían sufrir personas que no son ajenas a la UPR.
La estudiante, que es miembro de la Organización Socialista Internacional y confirmó haber tenido una participación activa en la más reciente huelga en el Recinto, insistió ayer en que no tenía porqué mostrar la identificación cuando oficiales de la compañía de seguridad privada Guardsmark la increparon.
Aseguró que constantemente acude al Recinto a utilizar la Internet.
El portavoz de la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad (UBOS), William Figueroa, dijo que el incidente es consecuencia de la contratación de una compañía privada pues, según él, son los guardias universitarios los que mejor conocen quiénes son estudiantes y quiénes no.
Señaló que las instrucciones de la Administración son que se les pida identificación a las personas que luzcan “sospechosas”.
FUENTE:Primera Hora