Las cámaras que vigilan el Ayuntamiento, desconectadas
IU hace público que el equipo de gobierno ha apagado los equipos por requerimiento de la Agencia de Protección de Datos
El Ayuntamiento se ha visto obligado a desconectar las cámaras que vigilan el edificio consistorial de la avenida de Cervantes, según hizó público ayer el grupo municipal de IU, para cumplir el requerimiento de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que obliga a los responsables municipales a cambiar o reubicar las cámaras existentes de manera que cumplan con la ley y no graven la vía pública y edificios aledaños.
El grupo de IU, una vez conocida la existencia de este requerimiento de la AEPD, ha remitido un escrito al alcalde, Francisco de la Torre, en el que le solicita «toda la información disponible» sobre cuánto tiempo se tardará en subsanar las irregularidades del sistema de videovigilancia, «cuánto tiempo van a estar apagadas las cámaras y «saber cuál es el importe que finalmente se tendrá que abonar como sanción».
El Ayuntamiento tiene colocadas varias cámaras junto a las esquinas del edificio consistorial en unas torres de gran altura que tienen como misión vigilar los movimientos de entrada y salida del edificio. La Agencia de Protección de Datos, en una resolución del año pasado, requiere a las autoridades municipales para que «sustituyan o reubiquen» dichas cámaras. La AEPD entiende que la instalación de las cámaras infringe la Ley de Protección de Datos al abarcar más allá de lo que es el propio edificio y captar la vía pública y zonas aledañas, lo que no está permitido, ya que las cámaras no pueden captar imágenes de la vía pública.
Algunas de las cámaras instaladas alcanzan incluso los jardines de Pedro Luis Alonso, mientras que otras captarían el paso de viandantes por el Paseo del Parque e incluso por algunas de las calles laterales que rodean el edificio del Ayuntamiento.
El concejal de Seguridad, Julio Andrade, explicó que el Ayuntamiento cumplirá en los próximos días el requerimiento de la Agencia de Protección de Datos, antes de que acabe el plazo instado por ésta, ya que de lo contrario se enfrentaría a una sanción económica por falta muy grave que podría llegar a los 300.000 euros.
En estos momentos los responsables del área de Seguridad están a la espera de un dictamen de la empresa encargada de la instalación y mantenimiento de las cámaras para «adoptar la solución que, dentro del respeto a la ley, sea más factible y, sobre todo, más económica».
Por su parte, el alcalde señaló ayer que «se adoptarán las medidas necesarias para que todo el mundo se sienta cómodo». Aunque recordó que «siempre» han entendido que «se cumplía» la legalidad, ya que «las cámaras no se están visionando permanentemente y las imágenes se destruyen periódicamente». De todos modos, «cumpliremos lo que nos digan», concluyó
FUENTE:La Opinión de Málaga