Tras una larga discusión, el primer proyecto que recibió el aval fue el de seguridad ciudadana, el cual considera dotar a la justicia de nuevas normas, entre ellas la que eleva las penas a los menores de edad.

Frente a este punto, el Senado finalmente aprobó entre 2 y 8 años de prisión como condena máxima para los delincuentes menores de 18 años.

Igualmente la plenaria aprobó que los allanamientos que adelanta la fuerza pública se podrán hacer durante las 24 horas del día.

En este aspecto se precisó que si se deben realizar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, estos se tienen que acompañar de la Procuraduría General de la Nación.

La ley, igualmente, establece la integración de la Policía a la vigilancia de las personas que se encuentran bajo detención domiciliaria o seguimiento electrónico y la posibilidad de aplicar la condición de flagrancia cuando un sujeto sea sorprendido en la comisión de un delito a través de videos de las cámaras de vigilancia.

Delitos menores

El otro texto que pasó a la Cámara es el proyecto que presentó el Gobierno Nacional, para determinar el tratamiento de los llamados delitos menores, en el cual se indica que será un delito menor conducir bajo estado de embriaguez o de sustancias alucinógenas.

Este proyecto también fija una nueva regulación contra la integridad personal, el patrimonio económico, la salud pública, la libertad religiosa, entre otros aspectos.

Cabe destacar que para cualquiera de estos delitos se determinará la multa, el arresto y penas que comprenden el trabajo social en dominicales y festivos.

A sanción presidencial

De otro lado, la plenaria del Senado aprobó en cuarto debate el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 599 de 2000, relativo a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de Derechos Humanos. Esta iniciativa pasará a sanción del Presidente de la República.

Con esta ley se aumenta a treinta años la prescripción para el delito de homicidio cometido contra defensores de Derechos Humanos y se incluyen en la normatividad penal, como agravantes, conductas criminales que atenten contra las personas que trabajan por la defensa de estos derechos.

FUENTE: www.vanguardia.com