Personal de la Junta de Andalucía ha depositado este mediodía en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla las actas de las reuniones del consejo de Gobierno de la Junta solicitadas por la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en la concesión de ayudas a empresas acogidas a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

El juzgado ha habilitado un armario para custodiar las actas entretanto el Tribunal Supremo resuelve el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta de Andalucía tras la petición de las actas por parte de la juez Alaya, que estará vigilado las 24 horas por cámaras de seguridad.

La titular del juzgado número 6 ha pedido las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad, que se entregarán en 11 sobres lacrados, según fuentes del Ejecutivo autonómico. La Junta se ha resistido a entregarlas y sólo ha accedido a ello tras aceptar la juez -que había advertido a la Junta de que podría deducir testimonio por desobediencia a la autoridad judicial y quebrantamiento de medida cautelar- que le sean entregadas en sobres lacrados.

El acto de entrega a la magistrada ha tenido lugar en presencia del decano de los jueces y del comandante de la Guardia Civil encargado de la seguridad de los juzgados sevillanos. Un representante de la Junta ha entregado las actas a las 14.30 horas en el edificio del Juzgado de Guardia, donde ha esquivado a los numerosos fotógrafos de prensa y cámaras de televisión que esperaban a la puerta.

Las actas han quedado depositadas en un armario acorazado con vigilancia personal y de cámaras permanente, en un acto al que han asistido la juez instructora, Mercedes Alaya; el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, y el comandante de la Guardia Civil encargado de la vigilancia de los edificios judiciales sevillanos.

Jiménez Ballester ha informado de que las 480 actas se guardarán en un lugar "absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales", aunque no ha precisado más datos por los mismos motivos de seguridad.

Un portavoz de la Junta de Andalucía ha mostrado su satisfacción por el método de custodia por parte de la Guardia Civil y ha precisado que las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos diez años se han trasladado a los juzgados de Sevilla en once sobres lacrados y diligenciados por funcionarios de las secretarías del Gobierno.

La juez que investiga los ERE había dado a la Junta un plazo de 72 horas para entregar estas actas, bajo la advertencia de incurrir en un delito de desobediencia. Mercedes Alaya se encuentra a la espera de que las partes se pronuncien sobre el conflicto de jurisdicción que la Junta quiere plantear ante el Tribunal Supremo, pues entiende que el contenido de esas actas es reservado.

Alaya quiere conocer si los Consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes irregulares.