El sexto día de la audiencia de juicio oral en el caso de las cámaras de seguridad —que involucra al ex alcalde de Armenia, David Barros Vélez acusado de falsedad ideológica en documento público, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, en este último vinculado con el ex secretario de Infraestructura, Luis Hernán Giraldo Zuluaga— comenzó con el interrogatorio del segundo testigo de la fiscalía, correspondiente a Julio Ernesto Ospina.
Dentro del interrogatorio Ospina explicó a la juez las condiciones en que la administración actual encontró el contrato de prestación de servicios 062.

“Una vez comenzó la gestión de la alcaldesa en mi condición de secretario de Gobierno empezamos a mirar cuáles eran las distintas actividades que al despacho le correspondía, así como que temas se venían manejando, además que existía un compromiso legal de conocer el balance del programa de la administración anterior, es decir la casa en orden, fue cuando nos enteramos que se había suscrito un contrato para la instalación, montaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un sistema cerrado de televisión”. 

Sobre este evidenció que en los últimos días del año inmediatamente anterior —2007— específicamente el 27 de diciembre, “se había hecho la consignación del saldo total de ese contrato y firmado unas actas finales de liquidación de un contrato que en enero de 2008 aún no tenía un cumplimiento real”.

De igual modo, Ospina explicó que se había establecido unos mecanismos en la misma acta de liquidación donde se dejaron unas inconformidades, “que solamente manifestaban que faltaba las pruebas de funcionamiento y la capacitación de la Policía Nacional, pero en la práctica no se había colocado ni siquiera un poste. Estos no estaban en sitio, como sí decía el acta de liquidación firmada el 23 de diciembre de 2007, porque cuando se habla en sitio se habla del lugar donde está funcionando”.

En consecuencia el ex secretario de Gobierno aseveró que comenzaron a “buscar los mecanismos, a mirar las partes del contrato, comprobantes de pago, entre otras. Indicó que en las visitas evidenciaron en alguno de los sitios unas obras civiles donde serían instaladas las torres y postes”.

El costo del contrato era de $1.998 millones del que “se pagaron $999 millones por concepto de anticipo y se estableció que el resto de dinero se cancelaría con actas de entregas, una de $599 millones y una final en la que se encontró la realización de tres pagos autorizados el 24 de diciembre de 2007 por parte del ordenador del gasto y los cuales se pagaron para el 27 del mismo mes por valor de $399 millones para completar los $1.998 millones del objeto contractual”. 

Dijo que cuando se habla en materia contractual “la liquidación del contrato no es más que extinción de la obligación para la aseguradora, por eso la compañía de seguros se negó a reconocer cualquier pago, porque ya había sido liberada cuando se líquido el contrato y se dijo que se había cumplido a cabalidad y que sólo habían unas inconformidades que se reducían a establecer en enero de 2008 la realización de las pruebas, la puesta en funcionamiento del sistema y la capacitación de la policía, circunstancias que no se dieron sino mucho tiempo después”. 

En este sentido la administración “que además no podía hacer valer su propia culpa cuando sus funcionarios habían dicho que todo había quedado a plena satisfacción, no tuvo oportunidad porque la compañía de seguros se encubrió en esa situación para decir que no tenían obligación, por eso nos correspondió usar los mecanismos de solución directa autorizados por los artículos 68 y 69 de la ley 80, que dice que es obligación usar los elementos que haya lugar para que la pérdida sea menor”.

En este sentido se citó a la unión temporal SIS el 21 de enero de 2008 y “le planteamos las circunstancias y se les estableció que había que cumplir a cabalidad con el contrato, ante esto reconocieron que estaban atrasados y se estableció un cronograma de trabajo que no se pudo cumplir en razón que la ciudad atravesaba una fuerte ola invernal”. 
Se continuó según Julio Ernesto Ospina con la comunicación con la unión temporal para el cumplimiento del contrato 062. 
“Contrato donde la vigencia de las pólizas estaban ya prescritas, toda vez que para ese momento había una norma en la ley 80 que correspondía al inciso primero del numeral 19 del artículo 25 que decía que la vigencia de las pólizas era la vigencia del contrato en la ejecución, es decir que cuando se hizo la liquidación del contrato ahí queda la misma. La norma quedó derogada a partir de abril de 2008, pero para el momento del contrato estaba vigente”. 

En las verificaciones que adelantaron aseveró que cuando se tuvo cuatro señales “más o menos para mayo de 2008, se hizo una visita al comando de la policía y efectivamente en una bodega aparecían unos elementos que hacían parte del sistema cerrado de televisión”. 


Contrainterrogatorio 
En el contrainterrogatorio adelantado por la defensa de David Barros Vélez, el abogado Mario Fernández cuestionó al ex funcionario sobre si conocía la definición de liquidar un contrato, a lo que respondió el ex funcionario público que es cuando las partes se declaran a paz y salvo en relación con el objeto contractual. 

Asimismo, el profesional preguntó a Ospina que si los equipos se encontraban en bodega diciendo que sí y que supo de eso debido a una de las visitas que desarrolló en control del cumplimiento del contrato 062. 
“Pero en el acta decía que estaban en sitio lo que no correspondía a la realidad, porque cuando se habla en materia administrativa ‘estar en sitio’ corresponde a hablar del punto donde se llevará a cabo el cometido, que para el caso serían los 40 lugares donde se instalarían las cámaras y eso se dio posteriormente”. 

Una vez culminó el defensor Fernández, el ex burgomaestre David Barros Vélez también realizó un contrainterrogatorio a Ospina al que le indagó sobre su conocimiento en el paso siguiente a la liquidación de un contrato, así como la diferencia entre ‘en punto’ y ‘en sitio’. 

Otro que cuestionó al testigo fue el ex secretario de Infraestructura, Luis Hernán Giraldo Zuluaga que le preguntó cuáles fueron las obras civiles que encontró en el momento de la inspección a lo que respondió que fue “todo lo que tenía que ver con la obra correspondiente, es decir excavación, cimentación, zapatas, entre otras”. También preguntó sobre las fechas que habían estimadas para el cumplimiento de las pólizas, a lo que le dijo que no recordaba las fechas. 


Otros testigos 
Otro de los testigos de la fiscalía que pasaron por el estrado fueron el ingeniero Jairo Iván Valencia con el que se adelantó un contrato de prestación de servicios durante tres meses en el que conoció el contrato 062 aseverando que para enero de 2008 el sistema cerrado de televisión no estaba en funcionamiento y que en el momento algunos equipos estaban siendo configurados y armados en la bodega de la policía. 

De igual manera, expresó que no estaba definido el protocolo de mantenimiento y que para octubre de 2008 se evidenció que el sistema tenía unas fallas en la grabación e imagen, pero que era claro que “al inició de ese año los equipos no estaban instalados como un sistema en el punto donde debían estar”. 

El ente acusador también llamó en el día de ayer a John William Suárez, director de fortalecimiento institucional de la alcaldía de Armenia, así como otros funcionarios de instituciones como de la contraloría y la policía, es así que al cierre de la sesión ya habían pasado nueve personas. 
Cabe señalar que según la determinación de la juez los días 26, 27, 28 y 31 de enero y unos días de la primera semana de febrero serán utilizados para continuar la audiencia de juicio oral, siendo en los últimos días cuando pasará a declarar el ex mandatario Barros Vélez.

FUENTE: www.cronicadelquindio.com