La noticia más esperada por los auditores de cuentas españoles en los últimos años ha sido la aprobación de la nueva Ley de Auditoría, que se votó el 17 de junio de este año en el Congreso de los Diputados. Por ello, el Congreso Nacional de Auditoría, cuya decimonovena edición se celebró el jueves y viernes de la semana pasada, fue el momento adecuado para que los representantes del sector se felicitaran por el hecho de haber conseguido el consenso que ha sentado las bases de la renovación del sector.

La auditoría se encuentra en una encrucijada. Los desequilibrios de los mercados financieros hicieron que se pusiera en entredicho el papel desarrollado por estos profesionales como supervisores de las cuentas de las entidades financieras. Por ello, el haber logrado el consenso necesario entre los agentes del sector y entre los partidos políticos para lograr que la aprobación de la nueva normativa en el Parlamento se consiga por unanimidad se presentó durante la reunión de los auditores como el mayor logro del sector de los últimos años. En este sentido, en la jornada inaugural del acto, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael Cámara, afirmó que el pasado 30 de junio, con la publicación de la norma en Boletín Oficial del Estado, se produjo "una culminación de un proyecto en el que la profesión venía insistiendo desde hace 20 años", y precisó que esta norma representa "una exitosa forma de concebir la profesión y la relación con nosotros mismos y los legisladores".

"Todos esperan que nos sumemos a una nueva forma de hacer auditoría", zanjó el representante del ICJCE.

Sobre el texto aprobado en junio, Cámara subrayó que dará pie a la instauración de un "entorno más seguro, predecible y normalizado". Destacó que está adaptado a la legislación europea y a los requerimientos que esta norma hace a los auditores en relación con la función pública de vigilancia de mercados. Añadió que, con esta nueva herramienta legislativa, se fortalecerá la independencia de los reguladores y se mejorará su actuación. En definitiva, se trata de una ley "que beneficia a toda la sociedad, y que significa oportunidad y futuro", aseguró Cámara.

La reunión de la semana pasada también fue el momento de marcarse nuevos retos a corto y a medio plazo. El presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), José Antonio Gonzalo Angulo, avanzó que el reglamento que servirá de base para la aplicación de la nueva Ley de Auditoría estará listo y aprobado un año. Un anuncio que abre nuevas incógnitas sobre cuál será la forma de aplicación de la nueva Ley de Auditoría.

Por su parte, Francisco Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de España, aludió al notable esfuerzo que han realizado hasta la fecha las entidades financieras para reconocer a través de la cuenta de resultados un deterioro de sus activos por valor de más de 40.000 millones de euros. En este sentido, Aríztegui explicó también que en los últimos 10 años estas entidades han podido usar otros 20.000 millones de provisión genérica para salvaguardar el deterioro de los activos.

En relación con la actualidad del mercado financiero, el subgobernador también aludió a la reestructuración del sector financiero español. Al tiempo que instó a las entidades financieras a proseguir con los esfuerzos para reducir el número de entidades y mejorar sus balances, reivindicó la necesidad de que las cajas de ahorros llevaran a cabo un proceso ordenado de integración, con el objetivo de eliminar el exceso de capacidad del sistema financiero. Destacó el papel en este proceso de la nueva ley de cajas y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ha facilitado 10.581 millones de euros a las entidades financieras para que lleven a buen término sus planes de integración.

Basilea III

Respecto a la nueva regulación internacional para el sector financiero, Basilea III, el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Fernando Restoy, aseguró que el aumento de los requisitos de capital a las entidades financieras puede provocar un encarecimiento del crédito y una restricción a la circulación.

Indicó que bancos y cajas contendrán la concesión de préstamos a medio y largo plazo debido a que la titulización de activos será sometida a nuevos requisitos regulatorios a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Otro de los ponentes destacados del congreso fue el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, Javier Gómez-Navarro, quien consideró que la capacidad de las entidades financieras españolas para hacer provisiones por insolvencias está tocando techo. Asimismo, Gómez-Navarro acusó al Banco de España de ocultar la realidad al no ofrecer información sobre los activos inmobiliarios que forman parte de los balances de la banca y alertó sobre las consecuencias de este problema.

FUENTE: www.cincodias.com