Nuevo cruce de opiniones entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en torno al debate de las cámaras de seguridad.
Desde esta última institución se remitió ayer un comunicado en el que sus responsables recuerdan al Ayuntamiento que la normativa que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos posibilita «al alcalde o al concejal competente en materia de seguridad ciudadana» a presentar la solicitud de instalación de cámaras. Además, en la nota se explicaba que dicha solicitud se debe dirigir al delegado del Gobierno en la región, que a su vez lo tiene que enviar a la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Castilla y León, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es quien debe emitir el preceptivo informe. Y finalmente, el delegado del Gobierno debe resolver al respecto en función del informe de la Comisión.
A este respecto, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gema Conde, insistió en que el Ayuntamiento «no ha variado su posición» en torno a este asunto. «Quien tiene que reconsiderar su posición es la subdelegada, Berta Tricio», dijo. «Y nosotros nos ofrecemos una vez más a presentar la solicitud conjuntamente con la Subdelegación», añadió.
Además, Conde insistió en que las competencias de seguridad ciudadana corresponden a la Policía Nacional. «Por ello, nos ofrecemos a ir de la mano, como han hecho en Málaga y Marbella, donde el PP (que ocupa ambos ayuntamientos) se ha sumado al PSOE, que ostenta el poder en la Junta de Andalucía».
Otro de los argumentos de la concejala es que el capítulo II, artículo 3 de la legislación a la que alude en su escrito la Subdelegación pone de relieve que también podrán formular la solicitud «el subdelegado del Gobierno en la provincia, el jefe de la Comisaría provincial y el de la Comandancia de la Guardia Civil (...)».
Pero además, Conde explica que si el Ayuntamiento lo pidiera necesitaría argumentar el informe «y nosotros no disponemos de los datos sobre delincuencia porque los hemos pedido en muchas ocasiones y no nos los dan». Finalmente recuerda que la responsabilidad de las grabaciones corresponde a quien formula las solicitudes.
FUENTE: www.diariodeburgos.es