Las autoridades europeas de protección de datos han aprobado el primer Dictamen conjunto sobre drones, en el que se pone de manifiesto los riesgos que la utilización de estas aeronaves plantea para la privacidad y la protección de los datos personales dada su capacidad "para captar y procesar datos".
Por este motivo, el dictamen contiene un conjunto de directrices para orientar a los Estados miembros sobre cómo interpretar las normas de protección de datos en el contexto de los drones.
Así, el dictamen enumera una serie de obligaciones que deben cumplirse antes de utilizar un dron, como es la de verificar si es necesaria una autorización específica de las autoridades de aviación civil; encontrar el criterio más adecuado para que el tratamiento sea legítimo; o cumplir con los principios de transparencia, proporcionalidad, minimización en la captura de datos o limitación del propósito para el cual se procesan, entre otras.
El Grupo de Trabajo 29, como se denomina al conjunto de estas autoridades, ha alertado también de los riesgos que pueden surgir "como consecuencia de la captación y procesamiento de información (como son imágenes, sonido, o datos de geolocalización de una persona- llevados a cabo por un dron".
Entre otros, el Dictamen señala los riesgos derivados de la "potencial falta de transparencia de su tratamiento debido a la dificultad tanto para divisar estos aparatos desde el suelo como para conocer si el dron incorpora el equipo necesario para procesar datos, con qué propósito se están recogiendo y por quién". Por ello, las autoridades consideran "de máxima importancia" el hecho de que el responsable del tratamiento de datos y el encargado del mismo estén claramente identificados para cada tipo de operación efectuada.
Otro de los principales riesgos pasaría por la posibilidad de que estos aparatos se interconecten entre sí, facilitando "la posibilidad de establecer miradores únicos que permiten recoger fácilmente una amplia variedad de información incluso sin visión directa, por largos periodos de tiempo y abarcando grandes áreas".
Tratamiento por servicios gubernamentales
Pero también hablan las autoridades de la posibilidad de que los datos recogidos por los drones se procesen por servicios gubernamentales. En este sentido el documento es tajante y señala que "debe llevarse a cabo dentro de los fines establecidos en la legislación y no deben ser utilizados para la vigilancia indiscriminada, el tratamiento masivo de datos, o la puesta en común de datos y perfiles".
En la misma línea, recuerdan a las autoridades de orden público que utilizan estos drones, que "en sus funciones de vigilancia y control no debe permitir el rastreo constante y, en caso de que este fuera necesario, debe quedar restringido al marco de las investigaciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de las normas legales".
Por último, el documento incluye recomendaciones dirigidas a todos los sectores implicados en la utilización de drones para que respeten los derechos fundamentales, como son los legisladores y reguladores, hasta los fabricantes -para que se adopten medidas de privacidad desde el diseño-. A este respecto sugiere la realización de evaluaciones de impacto en la protección de datos. También aconseja que se incluya información suficiente en los dispositivos relativa al "potencial intrusivo de estas tecnologías" así como "mapas que identifiquen claramente dónde está permitido su uso". Asimismo, insta a los operadores de estos aparatos que "eviten en lo posible volar sobre zonas privadas y edificios, incluso cuando esté permitido su uso".
Eso sí, matiza que quedarían excluidas de la Directiva 95/26, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que se aplican al uso de drones, "las actividades que consistan en el uso de drones en un entorno estrictamente personal y doméstico, teniendo en cuenta que, en todo caso, este no incluiría situaciones de monitorización constante que afecte, aunque sea parcialmente, a espacios públicos".
Fuente: eleconomista