Todas las cámaras que el Ayuntamiento ha instalado en la ciudad en los últimos años para el control del tráfico y de las zonas de carga y descarga permanecen en un limbo legal del que saldrán en breve. Una decreto del alcalde, Juan Carlos Aparicio, regulará su situación al ser dadas de alta en el registro general de la Agencia Española de Protección de Datos y señalizadas.
En la ciudad hay instaladas 63 cámaras en total. Treinta y cinco de ellas están colocadas en lugares estratégicos para controlar la circulación en la capital burgalesa -20 son fijas y otras 15 son móviles. Otras nueve están emplazadas en el polígono de Gamonal-Villímar. Y hay 19 cámaras fijas que vigilan los bolardos de las zonas peatonales con el fin de regular la entrada de vehículos de carga y descarga y de particulares que se dirigen a sus garajes.
La Ley Orgánica que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos otorga a los ayuntamientos la potestad de autorizar la instalación de estos dispositivos para controlar el tráfico. No así para el caso de cámaras de videovigilancia, cuyo permiso concede una comisión de garantías en la que el mayor peso corresponde a la Subdelegación de Gobierno.
Aunque el Consistorio es la Administración competente a la hora de aprobar la colocación de cámaras de tráfico, éstas deben cumplir unos requisitos. Para empezar debe identificar genéricamente las vías públicas o los tramos de aquellas cuya imagen sea susceptible de ser captada. No pueden enfocar a lugares o personas concretas.
Asimismo, el Ayuntamiento debe tomar las medias que garanticen la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos. O sea, que las imágenes deben almacenarse en un solo archivo informático que asegure que no van a utilizarse con otros fines que los del control del tráfico. Y debe haber un órgano que se ocupe de su custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación.
Pero todas las cámaras, además, deben cumplir con la Ley de Protección de Datos. Por tanto, deben inscribirse en el registro general de la Agencia Española de Protección de Datos. El Ayuntamiento debe señalizar de forma adecuada el espacio que vigilan. Tiene que adoptar medidas de seguridad para la conservación de las imágenes, al margen de satisfacer los derechos de las personas, tales como el honor, la intimidad personal y la propia imagen.
La necesidad de ‘legalizar’ todas las cámaras de la ciudad surgió cuando a principios de año se estrenaron las del polígono de Gamonal. Al cabo de tres meses instaladas, el Ayuntamiento de Burgos no tenía muy claro si contaban con todos los requisitos legales para grabar y enviar imágenes a la sala de Tráfico. El problema radicaba en la función que cumplían, si era solo de control de la circulación en el complejo industrial o bien estaban destinadas a preservar la seguridad. La distinción es importante, porque en el segundo supuesto precisa la autorización de la Comisión Regional de Videovigilancia.
Y hay varias circunstancias que hacían dudar de su verdadera función. La primera, que los empresarios del polígono llevaban años -por lo menos un lustro- intentado implantar un sistema de seguridad global para vigilar el complejo y alejar a los ladrones. Ante la imposibilidad de promover la colocación de cámaras de seguridad, el Ayuntamiento opta por la opción de un dispositivo de tráfico. Y la segunda, las palabras del alcalde, Juan Carlos Aparicio, el día que inauguró el sistema. En declaraciones a los medios afirma que «nacen con la vocación de ordenar el tráfico». Sin embargo, matiza que las grabaciones estarían a disposición de la Policía y de los jueces que así lo requieren.
Tras poner en orden todo este ‘desbarajuste’ de orden legal, el propósito del Ayuntamiento es que la gestión del sistema pase a la sección de Tráfico, según señala el concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva.
FUENTE: www.diariodeburgos.es