Un grupo de empresas de seguridad privada debe más de 130 millones a Hacienda .
La liquidación de Segur Ibérica es sólo el último capítulo de una cadena de derrumbes en un sector afectado por la crisis y por un modelo de negocio arriesgado
Un grupo de empresas de seguridad privada debe más de 130 millones a Hacienda
La liquidación de Segur Ibérica es sólo el último capítulo de una cadena de derrumbes en un sector afectado por la crisis y por un modelo de negocio arriesgado
La seguridad privada destaca como uno de los sectores más morosos con Hacienda según la última lista de grandes deudores publicada el viernes por el Ministerio. Aproximadamente unas 30 empresas deben más de 130 millones de euros a las arcas públicas, según los cálculos realizados por este diario, y teniendo en cuenta además que en la lista sólo aparecen las deudas por encima de un millón de euros.
Hay varias compañías con deudas de mucha relevancia. Segur Ibérica, abandonada a su suerte la semana pasada y en proceso de liquidación, debe 12 millones a la cartera de Cristóbal Montoro. Pero no es la principal morosa: LPM Seguridad, que en 2013 anunciaba a la prensa que invertiría 15 millones de euros en comprar empresas para crecer, entraba sin embargo en concurso apenas dos años más tarde dejando a deber 20 millones. Es la más deudora del sector. Un año antes había hecho lo propio Halcón Seguridad, que dejó 10,6 millones de deuda a Hacienda.
En la primera lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria había 30 compañías y 108 millones de deuda. Dos más tarde la lista ha crecido hasta 32 empresas y más de 130 millones de euros. La mayoría de las empresas entraron en concurso y están en procesos de liquidación, lo cual dificulta el cobro de estas deudas ya que además el 'efecto disuasorio' que pretende Hacienda con la publicación de su nombren la lista se diluye. Halcón Seguridad debe 10,6 millones, Falcón Controles 6,89 millones y Magasegur aproximadamente 6....LEER NOTICIA COMPLETA.
Huelva:Veinticinco distinciones para los mejores de la seguridad privada.
Grávalos destaca su colaboración con Policía y Guardia Civil para combatir al delincuente
La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, destacó ayer la colaboración de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para garantizar la libertad de los ciudadanos y proteger sus derechos", en su discurso con motivo de la celebración del Día de la Seguridad Privada en Huelva que tuvo lugar en la sede de la Federación Onubense de Empresarios.
Grávalos, quien presidió el acto acompañada del comisario, Florentino Marín; del coronel jefe de la Comandancia, Ezequiel Romero, y del presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, subrayó la contribución del sector a la reducción de la criminalidad en la provincia Huelva. Así se recoge en el último balance del Ministerio del Interior, que señala que en una década los delitos han caído un 23% y la tasa de criminalidad ha bajado 14 puntos.
"En España tenemos las mejores Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo, pero además en Huelva contamos con un sector de la seguridad privada con excelentes profesionales que contribuyen a la seguridad de todos", enfatizó la subdelegada, tras afirmar que "la seguridad es un valor social imprescindible". En esta línea, remarcó la capacidad de generación de empleo y riqueza de un sector que aglutina en la provincia a 925 vigilantes de seguridad -16 de ellos de explosivos-, 7 centros de formación con actividad, 5 despachos de detectives y 15 empresas con delegación en la provincia.
El Día de la Seguridad Privada tuvo como eje central la entrega de 25 menciones honoríficas a miembros del sector de la seguridad privada en Huelva en reconocimiento a su labor profesional, por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por haber protagonizado actuaciones de especial relevancia. Es el caso del jefe de seguridad y un vigilante de un importante centro comercial de Huelva...LEER NOTICIA COMPLETA.
Detectives frente a la nueva Ley de Seguridad Privada.
El próximo mes se cumple el primer aniversario de la Asociación Canaria Atlántica de Detectives, donde figura la mayoría de profesionales de las 40 agencias acreditadas en las Islas.
Los detectives privados están seriamente preocupados por el desarrollo de la Ley de Seguridad Privada del año 2014. Así lo aseguran dos representantes de la Asociación Canaria Atlántica de Detectives (ACAD), M.Z. y J.N.H, que se muestran "descontentos con la actual legislación", porque no se consideran "personal de seguridad privada en el sentido estricto". El próximo mes se cumplirá un año desde la creación de dicho colectivo, en el que figura la mayoría de los profesionales de las 40 agencias acreditadas en el Archipiélago. M.Z. y J.N.H. explican que son "profesionales liberales" y se les aplica "una normativa pensada para las empresas y vigilantes de seguridad".
El actual presidente de ACAD, M.Z., comenta: "La ley es, cada vez, más restrictiva y limitadora de los derechos de los detectives privados y de quienes nos contratan".
"Se da la paradoja de que dicha ley nos limita mucho más que la de la época franquista", comenta. Uno de los aspectos normativos que más objeciones genera consiste en que cada investigación que inicien debe ser comunicada a la Policía Nacional, que es el cuerpo que tiene las competencias. "Desde el colectivo profesional consideramos que no se respeta ni la confidencialidad ni la intimidad, tanto del contratante como del investigado", dice. "Somos testigos cualificados y pensamos que nuestros informes y datos están destinados únicamente a nuestros clientes y para la resolución de conflictos judiciales", aclaran ambos.
Los portavoces de ACAD indican que se les equipara "a empresas de seguridad para sanciones y medidas de seguridad de despachos profesionales". Las sanciones muy graves incluyen multas de entre 30.001 y 600.000 euros, que ACAD cree que deben ser pensadas para empresas de seguridad. Dichas sanciones están previstas para desacuerdos administrativos entre los entes públicos y el colectivo profesional. Tampoco les agrada que se utilicen conceptos jurídicos indeterminados, como, por ejemplo, que "el contratante debe tener interés legítimo en una investigación" para contratar a un detective. "Esto deja al arbitrio de la administración el concepto de interés legítimo", según ACAD. M.Z. y J.N.H. comentan que, con la actual legislación, se produce un "endurecimiento y un encarecimiento de las condiciones de trabajo". Expresan que "sentimos indefensión y por ello hacemos actuaciones a nivel nacional, en colaboración con otras asociaciones y colegios profesionales".
Este colectivo está pendiente de que se apruebe el reglamento de Seguridad Privada, "que nos afecta", y "reclamamos más implicación y sensibilidad de los poderes públicos hacia nuestra profesión y la función social que se realiza". Actualmente mantienen contactos con diputados del Congreso para la promulgación de un estatuto profesional con rango de ley que nos diferencie de la regulación de las empresas de seguridad. Los objetivos de ACAD son la defensa de los intereses de los profesionales que la integran y la lucha contra el intrusismo.
En ese aspecto, M.Z. y J.N.H. recomiendan a cualquier ciudadano que requiera los servicios de un detective que solicite a la persona con la que contacte que muestre su Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), un documento por el que el Ministerio del Interior habilita a los que están acreditados. M.Z. indica que tienen conocimiento de que "en Canarias hay personas que, sin preparación ni habilitación, se ofrecen para realizar investigaciones, con el consiguiente riesgo de estafa". Comentan que "los detectives privados son los únicos profesionales incluidos en la Ley de Seguridad Privada con formación universitaria".
Durante tres cursos, los alumnos afrontan asignaturas de Derecho, Criminología, Medicina Legal, Psicología, prácticas policiales o Grafología, entre otras. Señalan que en la carrera reciben conocimientos también de Seguridad, Psicología o Informática, "lo que nos confiere una perspectiva multidisciplinar". Sus actividades aparecen reguladas en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y se centran en los ámbitos personal, familiar, laboral y empresarial, entre otros.
La labor del colectivo consiste en investigar, obtener pruebas y ratificar sus informes ante los juzgados,,,LEER NOTICIA COMPLETA.
Los funcionarios no pasaron el mismo control que los abogados cuando se grabó a la infanta Cristina en el juicio de Nóos
El responsable del dispositivo de seguridad y otras personas involucradas en la seguridad aquel día han declarado este lunes como testigos.
Varios responsables de la seguridad el día que la infanta Cristina declaró en la instrucción del caso Nóos en febrero de 2014 han admitido este lunes que había funcionarios del juzgado que no tenían que pasar el control al que se sometía a los letrados para evitar que se introdujeran dispositivos de grabación.
El responsable del dispositivo de seguridad y otras personas involucradas en la seguridad aquel día han declarado este lunes como testigos en el juicio a dos abogados acusados de haber grabado a la Infanta desobedeciendo la providencia del juez José Castro, motivo por el que la Fiscalía pide un año de prisión para cada uno.
Un supervisor de la seguridad ha apuntado que había una orden de servicio por la que los funcionarios del juzgado de Instrucción 3 y el de guardia estaban exentos de pasar el exhaustivo control que sí pasaban los abogados y procuradores para comprobar que no introducían aparatos de captación de audio o vídeo. Sí se identificaba a los funcionarios en la puerta, si bien ya eran conocidos por los vigilantes, pero no se les registraba.
Este testigo también ha aclarado que los detectores de metales están preparados para detectar armas pero podrían pasar por alto un aparato con pequeñas cantidades de metal.
Otra persona del ámbito de la seguridad privada del Juzgado ha corroborado que los vigilantes contaban con una lista de los abogados que tenían autorizado el acceso, pero que el médico forense, trabajadores de limpieza, informáticos y personal de mantenimiento tampoco pasaban el control, como los funcionarios, ya que "no se les hace pasar nunca" y había que "facilitar" su trabajo.
Este otro testigo ha confirmado que el control retuvo el smartphone y la tablet de uno de los acusados, Francisco Carvajal.
"LA SEGURIDAD ABSOLUTA ES IMPOSIBLE"
Por su parte, el responsable de Policía del dispositivo de seguridad ha ratificado sus declaraciones durante la instrucción de la causa y ha indicado que había funcionarios que no pasaron por el arco sino por un lateral. Por otro lado, no recuerda si los agentes de policía debían pasarlo.
El testigo ha declarado que "la seguridad absoluta es imposible" ya que de hecho "algo se coló" y la declaración de la Infanta Cristina fue grabada y difundida en Internet, pese a que se hicieron dos "barridos" en la Sala la noche anterior y el mismo día antes de la declaración....LEER NOTICIA COMPLETA.
La región registra cada año 60.000 conexiones a los servicios de alarma.
Los expertos advierten en un foro sobre seguridad celebrado en Badajoz de la necesidad de aumentar la formación de los profesionales del sector
Extremadura registra anualmente unas 60.000 conexiones a los servicios de alarma de las empresas de seguridad privada, una de las cifras que demuestran el auge del sector de la seguridad en la comunidad autónoma.
Es un sector que también está en alza en el conjunto del país, según afirmó ayer en Badajoz el presidente de la Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de las Actividades de la Seguridad Ciudadana (Aecra), Jorge Salgueiro, antes de participar en las jornadas 'Seguridad Pública y Privada'.
En la actualidad, explica, hay unas 1.500 empresas de este ámbito en el país con unos 80.000 profesionales vigilantes, 14.000 directores de seguridad con habilitación y 12.000 jefes de seguridad, mientras que se registran 1,4 millones de conexiones anuales a las centrales de alarma. Salgueiro manifestó que en el foro de Badajoz se incide en la necesidad de una mayor formación para los profesionales, sobre todo si se tiene en cuenta el actual escenario europeo, donde proliferan los atentados terroristas yihadistas.
En este sentido, advirtió que son fundamentales las herramientas tecnológicas sobre todo porque «si el ciudadano usa estas nuevas tecnologías, ¿cómo no lo va a hacer el profesional de la seguridad?»...LEER NOTICIA COMPLETA.
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