El Govern ultima un decreto que ordena el ejercicio de competencias en seguridad privada
En Catalunya hay 13.000 vigilantes de seguridad y 353.000 alarmas
La Conselleria de Interior de la Generalitat está ultimando un decreto que regulará el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad privada, determinará los órganos a los que corresponde ejercerlas y organizará las funciones que ha asumido el Govern, especialmente tras la aprobación de nueva Ley de seguridad ciudadana.
Actualmente, según datos de la Dirección General de Administración de Seguridad, en Catalunya hay 13.218 vigilantes de seguridad, 353.274 conexiones de alarmas a centrales receptoras y 101 centrales con conexiones en esta comunidad.
Asimismo, hay 340 empresas de seguridad que prestan servicios en Catalunya, de las cuales 198 son exclusivamente catalanas, según la misma fuente.
En una entrevista de Europa Press, la subdirectora general de Seguridad Interior, Maite Casado, ha explicado que con la Ley 5/2014 de seguridad privada "no solo se consolidan las competencias sino que se consiguen más competencias y este decreto refuerza y recuerda que las competencias de la seguridad privada son de la Generalitat".
Tras la aprobación de dicha ley estatal, la Generalitat ha ampliado sus competencias en seguridad privada, asumiendo, además de la apertura de empresas de seguridad con ámbito de actuación en Catalunya, la de delegación de empresas que actúen en este territorio.
Según recoge el propio decreto, se han asumido las competencias relativas a la apertura de despachos de detectives y sus sucursales con domicilio en Catalunya, con la novedad de posibilidad la apertura de establecimientos mediante declaración responsable.
Corresponderá a la Generalitat la competencia de autorizar las actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en esta comunidad, y las competencias de control, inspección y sanción se asumen en su máxima dimensión tanto en las actividades como en los servicios.
En videovigilancia, corresponde a la Generalitat autorizar la utilización de cámaras por parte de vigilantes de seguridad y guardas rurales con finalidades de seguridad privada para captar imágenes y sonido de vías y espacios públicos.
Una de las competencias que por el momento mantiene el Estado es la formación y habilitación de los vigilantes privados, por lo que de momento mantiene la elaboración de los exámenes para ser vigilante de seguridad, los programas y las pruebas, pese a que la Generalitat los reclama....LEER NOTICIA COMPLETA.
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