Primero dijo que en noviembre todas las empresas de seguridad privada quedarían prohibidas en Afganistán. Sin embargo, cuando falta un día para noviembre, el presidente afgano, Hamid Karzai, se come en parte sus palabras y deja su amenaza en el aire. Al menos de momento.

Ahora el nuevo calendario es el siguiente: el 15 de noviembre el Gobierno afgano dará a conocer nuevas normas para las empresas de seguridad privada, y esas compañías tendrán 90 días para adaptarse. Las que no lo hagan o queden fuera de la nueva normativa, tendrán que dejar de trabajar en el país. Está por ver, no obstante, qué consecuencias tendrá todo eso.

Las empresas de seguridad privada en Afganistán se han convertido casi en un segundo cuerpo de policía, dada la poca preparación de éste para asumir todas las necesidades del país, así como la falta de efectivos. La seguridad de las embajadas, bases militares, hoteles, agencias de las Naciones Unidas, empresas de desarrollo y a menudo también medios de comunicación extranjeros depende de estas compañías. También escoltan los convoyes de suministros destinados a las fuerzas internacionales.

Según datos del Ministerio de Interior afgano, en el país hay registradas 52 empresas de seguridad privada, que dan empleo oficialmente a unas 26.000 personas, aunque algunos expertos calculan que el número real de trabajadores podría ser más elevado y llegar a los 40.000.

La mayoría de estas compañías son extranjeras, pero también hay algunas afganas que están vinculadas a altos cargos del Gobierno afgano e incluso a la propia familia del presidente. Así pues, el embrollo es considerable.

La polémica, tras un accidente

La decisión de Karzai de prohibir estas compañías fue casi fruto de un 'calentón'. En agosto la empresa de seguridad privada DynCorp International se vio implicada en un accidente de tráfico en Kabul, que se saldó con la muerte de un civil afgano y que degeneró después endisturbios contra la presencia estadounidense en Afganistán. Una semana después, el presidente afgano hacía un discurso incendiario en contra de las empresas de seguridad privada, y de paso contra los extranjeros.

"La gente que trabaja en empresas de seguridad privada va en contra de los intereses nacionales. Sus sueldos se pagan con dinero negro. Son ladrones durante el día, y terroristas por la noche. Si quieren servir a Afganistán, que se alisten en la policía", dijo.

Sus palabras encantaron al ciudadano de a pie, cansado de que la presencia internacional en el país esté llevando a Afganistán a un pozo sin fondo. Sin embargo, inquietaron y mucho a los que dependen de esas compañías para su propia seguridad.

De cara a la galería, no obstante, la actitud de la comunidad internacional ha sido apoyar la decisión del presidente afgano. Así lo ha hecho la embajada de Estados Unidos y el propio representante para Afganistán del secretario general de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura.

A cambio, Karzai ha aceptado ahora ser condescendiente con las embajadas y las tropas internacionales, y parece dispuesto a permitir que éstas continúen utilizando empresas de seguridad privada.

Según un estudio sobre estas compañías realizado por el instituto de investigación Swisspeace en el año 2007, el 80% de su personal lo conforman antiguos combatientes de las facciones militares en guerra en Afganistán. Según Susanne Schmeidl, una de las autoras del estudio, existe una explicación para ello: "En Afganistán sólo el Gobierno, las tropas internacionales y las embajadas tienen permiso para importar un número limitado de armas. Por lo tanto, las empresas de seguridad privada se encuentran con un dilema. Por un lado, existe una demanda de vigilantes armados, y por otro, en Afganistán no hay un mercado oficial donde conseguir armas".

Solución: contratar a aquellos que ya disponían de ellas: las milicias. Así pues, si finalmente Karzai prohíbe las empresas de seguridad privada, habrá que ver también qué pasa con toda esta gente que eran antiguos combatientes.

FUENTE: www.elmundo.es