El pasado sábado, cuando se conoció el asalto al chalé del constructor del Praderón de Galapagar, el concejal de Seguridad, Pedro Hernández, afirmó sobre la instalación de videovigilancia en esta localidad de más de 32.000 habitantes: «Hay personas del PSOE y de Izquierda Unida que han criticado este medida. Sin embargo, la realidad está ahí. Nuestra responsabilidad nos obliga a poner todos los medios que tengamos para intentar que este tipo de situaciones no se produzcan».
Precisamente, unos días antes, el 28 de diciembre, el Equipo de Gobierno presentaba el reglamento de ficheros de datos de carácter personal, indispensable para que se le dé el visto bueno al proyecto.
La idea es instalar 65 cámaras para luchar contra la inseguridad ciudadana y la del tráfico. El sistema estará controlado por la Policía Local desde un centro de pantallas. Se cree que así se logrará reducir el número de agentes que controlan edificios públicos, además de evitar actos vandálicos, delincuencia común y controlar las zonas de tráfico más conflictivas, como salidas de colegios, cruces, rotondas...
Otros municipios con un importante número de urbanizaciones, muchas alejadas del casco urbano, ya cuentan con sistemas similares, como Boadilla del Monte o Alcobendas, además de polígonos industriales. Son, precisamente, estas zonas las preferidas por los murcigleros o ladrones nocturnos para cometer sus fechorías. También se ha instalado en núcleos muy probados, como el centro de Madrid, en zonas como Montera o la plaza de la Luna.
Eso sí, el sistema implantado debe cumplir a rajatabla los requisitos que establece la Agencia de Protección de Datos y, concretamente, la legislación especial al respecto.
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«Yo recomiendo a todos los ayuntamientos de España que se muevan para instalar sistemas de videovigilancia en sus calles». La frase le sale de dentro al concejal de Seguridad y Movilidad de León, José Antonio Díez, a quien el periodista en ningún momento de la conversación le pide ningún consejo ni para el Ayuntamiento de Burgos ni para ningún otro.
El edil es consciente de que el área que dirige le produce «más sinsabores» que otra cosa, pero se muestra muy «satisfecho» por haber sacado adelante un proyecto para León que «cuenta con el apoyo de prácticamente toda la ciudadanía».
Y es que los delitos «han disminuido drásticamente» en el centro histórico de la ciudad, donde hay colocadas 23 cámaras de videovigilancia, a las que se sumarán otras tres la próxima primavera. Aunque el Consistorio basó su petición a la Comisión de Videovigilancia de Castilla y León en la necesidad de combatir el vandalismo y los daños al patrimonio, «su eficacia se ha comprobado en todo tipo de delitos».
En un año, desde que están colocadas las cámaras, estos sistemas han contribuido a llevar al juez un total de 80 actos delictivos de todo tipo. Díez está en disposición de decir que los actos de gamberrismo «prácticamente han desaparecido» en la zona del Húmedo. Y las cámaras «han posibilitado detener a agresores, traficantes de droga, timadores y ladrones», señala.
Estos hechos no hacen sino confirmar la capacidad disuasoria de estos instrumentos, al margen de la que puedan ejercer los cuerpos policiales. El hecho de que los espacios con cámaras estén señalizados «ya advierte a los ciudadanos que hay que tener cuidado». Además, agrega, cuando las cámaras identifican a algún delincuente la Policía Local se preocupa muy mucho de darlo a conocer a los medios con el fin de que «la gente vea que los sistemas son efectivos». «La ciudadanía ha interiorizado que las cámaras aumentan su seguridad», indica.
Eso sí, aconseja que a la hora de solicitar a la Comisión de Videovigilancia el permiso «se haga hincapié en el propósito de reducir los actos contra el patrimonio». El barrio del Húmedo es casco histórico y la zona de copas más frecuentada por la noche en León. Como ocurre con Las Llanas en la ciudad.
Además, «las autoridades judiciales también agradecen contar con pruebas como las grabaciones, ya que eso les permite actuar con mayor precisión a la hora de emitir condenas», añade.
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Las nuevas instalaciones están ubicadas en el Polígono El Pradillo 3 del municipio de Pedrola y se encuentran muy próximas a la factoría de Opel España y a la ciudad de Zaragoza. Cuentan con una superficie de 13.500 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 40.000 y están equipadas con 80 muelles de carga y descarga de vehículos, lo que la convierte en la instalación con mayor número de muelles de las 25 que tiene el operador logístico en la Península Ibérica.
Esta nueva plataforma multicliente está dotada de la más moderna tecnología y de sistemas de videovigilancia y trazabilidad de expediciones para realizar el seguimiento de todos los palets que entran y salen de la plataforma durante todo su recorrido.
Norbert Dentressangle Gerposa está presente en la provincia de Zaragoza desde hace más de veinticinco años y ahora ha decidido trasladarse a estas nuevas instalaciones con el fin de lograr la máxima optimización y eficiencia de los recursos y ofrecer a sus clientes un nivel de servicio con una fiabilidad cercana al 100%. En esta provincia, la compañía desarrolla servicios especializados de transporte nacional e internacional, en régimen de cargas completas y también de grupaje, distribución y cross-docking, entre otros servicios.
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Ante esta situación urge la convocatoria de una Junta Local de Seguridad en la que tratar un tema fundamental para el equipo de Gobierno, la instalación de cámaras de videovigilancia que permitan disuadir a los posibles infractores de la ley en sus andanzas y, en caso de que éstas se produzcan, facilitar el desarrollo de las posteriores investigaciones.
La concejal de Seguridad Ciudadana, Gema Conde, anunció ayer que, a lo largo de esta semana, el gabinete de la Alcaldía se pondrá en contacto con el de la Subdelegación del Gobierno y el de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León con el objetivo de concretar una fecha, en este mes de enero, para la celebración de este encuentro.
Al respecto, Conde explicó que la puesta en marcha de esta junta, que será la primera que se desarrolle después de la entrada en vigor del Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, del Ministerio de Interior, puede ser convocada bien por cualquiera de los vocales o bien por el propio alcalde, Juan Carlos Aparicio. «Solo pueden organizarse dos juntas con carácter ordinario, una por semestre», explicó la edil popular y añadió que el resto tendrán carácter extraordinario.
El Ayuntamiento llegará a este cita con «una posición clara» ya que entiende como «positiva» su instalación. Y es que, aunque comparten «que no son la panacea, como asegura la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, sí ayudan a esclarecer los hechos», apostilló Conde.
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La Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos se muestra partidaria de la instalación de cámaras de videovigilancia en determinadas zonas de ocio de la capital, tras las tres muertes violentas acontecidas, en algo más de dos años, y después del último hecho de extrema violencia, la paliza recibida por un joven de 18 años en Las Llanas, el pasado 26 de diciembre. El presidente de la Federación, José Luis López, sin restar importancia a estos hechos, considera que Burgos no es una ciudad tan violenta como se está planteando. Sí reconoce que las muertes que ha habido, así como la paliza recibida por el joven Sergio Izquierdo, son de una violencia fuera de lugar, y se muestra partidario de la instalación de cámaras de videovigilancia en determinadas zonas de ocio. Añade el presidente de los hosteleros que, incluso, la instalación de estas cámaras debería ser algo obligatorio. No está de acuerdo con que éstas resten privacidad y sí con que pueden disuadir a cualquiera que esté pensando en cometer un hecho delictivo.
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