El Ayuntamiento ha comenzado ha instalar las cámaras para evitar que los conductores sin permiso circulen por las calles peatonales. La medida surgió tras la aprobación de la polémica Ordenanza de Convivencia Ciudadana y los responsables municipales señalaron entonces que se limitarían a vigilar el tráfico.
Ahora, sin embargo, según explicó ayer el concejal del Grupo Municipal Socialista Alfredo Carreño, entre sus funciones también estarán las de «prever determinadas conductas y posibles delitos, y no solamente la ordenación del tráfico».
En la próxima Comisión plenaria de Economía e Interior, el grupo de la oposición preguntará al PP si las cámaras grabarán algo más que las matrículas de los vehículos, tal y como apuntó en pleno debate de la ordenanza el jefe de la Policía Local, Agustín De Luis.
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La Policía Nacional investiga por qué se hundieron los pesqueros Cabo Morásy Norteño cuando estaban amarrados en la dársena del puerto lucense de Celeiro. Solo hay hipótesis, dado que el sistema de videovigilancia permanente de Portos no funcionaba. Las lanchas, de 6,37 y 6,28 metros de eslora, ya han sido reflotadas y varadas.
Luis Blanco Pérez, dueño del Cabo Morás , estima que los daños por barco superarán los 40.000 euros, pero las pérdidas para él y el otro afectado, también propietario y único tripulante, se agravarán porque creen que ya no podrán trabajar en Navidad, cuando obtienen el grueso de los ingresos del año porque uno captura nécora y otro centolla.
Aparecieron sumergidas ayer por la mañana. Sus dueños aseguran que anteanoche, cuando fueron a verlas, estaban a flote. Entre las posibles causas, se apunta que, cuando subió la marea, pudieron quedar enganchadas a las ruedas de camión que se usan como defensas para impedir que los barcos choquen con el muelle.
Al no localizar a ningún guardamuelles, hubo que romper una caja de enchufes para disponer de energía eléctrica, y llamar a una grúa forestal y a un buzo para reflotarlas.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
La Bañeza. La obra de instalación de un ascensor en la calle San José, que comunica el paseo de los Frailes con la zona alta del barrio de San Julián, aún deberá esperar varias semanas hasta la finalización de los trabajos y la posterior entrada en funcionamiento del servicio.
Este proyecto, dentro del plan de accesibilidad, se comenzó en el mes de junio y tenía un plazo de ejecución de tres meses, anunciándose su finalización para el pasado septiembre, ya que las obras avanzaban a buen ritmo.
La obra original supone una inversión total de 100.600 euros de los cuales el Imserso aporta 54.351, la Fundación ONCE 12.078 y el Ayuntamiento bañezano los 24.171 restantes. Sin embargo, la decisión posterior de crear una nueva escalera de hormigón ha obligado al consistorio a ampliar la obra con una nueva inversión de 50.000 euros.
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La instalación de cámaras de videovigilancia en centrales y subestaciones eléctricas es una de las herramientas por las que han optado las víctimas del robo de cobre, según se señala desde la Federación de Empresas Eléctricas. Sin embargo, los ladrones son también expertos en burlar este sistema.
Lo consiguen empezando por cortar el sistema de transmisión de datos, los cables, o bien camuflándose con pasamontañas para no ser identificados cuando se visionen las imágenes.
Es lo que ocurrió en el polígono de Las Capellanías de Cáceres el pasado mes de octubre, cuando una banda formada por 14 rumanos robó dos toneladas y media de cobre de una empresa de material eléctrico. Hasta ella llegaron con un vehículo robado, cortaron la alarma y actuaron a pocos metros de la caseta donde suele haber un vigilante. La suerte quiso, sin embargo, que la alarma tuviera energía suficiente para alertar a la Policía Nacional y Local, que con la colaboración de la Guardia Civil, consiguieron detenerles.
Una banda de profesionales a la que se tomó declaración judicial y después se puso en libertad.
FUENTE: www.hoy.es
SANTA CRUZ DE TENERIFE. Las demandas de los equipos directivos han obligado a la Consejería de Educación del Gobierno canario a desarrollar la normativa que haga posible la utilización de servicios de videovigilancia en los colegios e institutos de las Islas. Esta demanda es "constante", reconoce el director general de Centros e Infraestructuras Educativas, José Regalado, quien sostiene que los responsables de los centros están "desesperados" por introducir elementos que intimiden y disuadan a los autores de los robos que, cada vez con mayor frecuencia, se cometen en el interior de estas instalaciones.
La Administración ha publicado recientemente la orden mediante la que se crea y regula el fichero de datos de carácter personal que da amparo legal a las cámaras de seguridad en colegios e institutos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos. Este instrumento es indispensable para poder poner en marcha estos dispositivos de vigilancia. Consiste, en esencia, en un protocolo de actuación que deben seguir los equipos directivos y que establece, detalla Regalado, "qué personas controlan estas grabaciones y el tiempo que debe transcurrir para destruirlas".
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