La comunidad educativa solo acepta las cámaras como último recurso.
La comunidad educativa solo acepta las cámaras como último recurso
Los expertos señalan que la videovigilancia debe limitarse a los espacios comunes de colegios con problemas pero nunca debe entrar en el aula // Rechazan su uso como herramienta pedagógica
La videovigilancia dentro de los edificios educativos debe ser un recurso excepcional, autorizado solo en aquellos centros con problemas de violencia y vandalismo y limitado siempre a los espacios comunes, fuera de las aulas y las salas destinadas a fines pedagógicos. Esta es, en resumen, la posición de la comunidad educativa asturiana sobre la tendencia a instalar cámaras dentro de los colegios e institutos revalada por LA VOZ. Pedagogos, directores, padres y profesores asumen que nunca debe confundirse con una herramienta didáctica y reiteran que en el Principado no se dan las circunstancias para generalizar su utilización.
El gran hermano de la seguridad no parecer casar del todo con la educación. Los expertos rehuyen de la idea de convertir los centros educativos en estados de excepción. Prefieren los métodos tradicionales y el contacto directo entre educadores, personal de administración y el alumnado.
Opiniones cualificadas El decano de la Facultad de Formación del Profesorado, Juan Carlos San Pedro, afirma que las cámaras solo deben entrar en aquellos centros que ya hayan sufrido problemas de seguridad, como medida preventiva para que no se repitan esas situaciones. Pero matiza que en Asturias “no parece que se den las circunstancias para generalizar esta medida a todo el mapa educativo” y piensa que decir lo contrario traslada una imagen engañosa, “de los centros como un territorio comanche”. También reconoce que sentirse observado “no es agradable ni en la calle ni en un centro comercial o en un colegio”.
Además, San Pedro saca la videovigilancia del aula, es decir, cree que “nunca puede estar presente en un lugar de trabajo, porque interfiere en el terreno de la pedagogía” y porque se corre el riesgo de descontextualizar lo que pasa dentro de clase. “No se puede pensar en una cámara como en un elemento didáctico”, puntualiza el decano.
El mismo recelo le provoca a Francisco Alonso, el presidente de la asociación de directores, que los colegios y los institutos están funcionando bien sin cámaras y que, además, tampoco es partidario de asumir sin espíritu crítico “la intromisión que suponen para la intimidad de las personas”. Admite, no obstante, que algunos centros han tenido que recurrir a la tecnología porque han sufrido problemas de vandalismo o puntuales de convivencia. Solo en esos casos cree Alonso que está justificada la videovigilancia. En el resto de supuestos “sería desproporcionado”.
Rechaza su utilidad pedagógica. No es partidario de educar a los jóvenes creyendo que deben comportarse correctamente porque alguien los vigila, ya que, entonces, cuando se escapen al control de las cámaras se justificarían hacer cualquier cosa. Alonso dice que el profesorado debe educar en la responsabilidad y enseñar a asumir la culpa cuando se comete un error.
La portavoz de SUATEA, Beatriz Quirós, comparte los mismos principios que Juan Carlos San Pedro y que Francisco Alonso. Quirós reclama “más medidas de carácter educativo y menos gran hermano”. Su solución a los problemas de convivencia en los colegios e institutos es la contratación de más personal, de profesores que puedan hacer guardias, de personal de servicios para la consejería, de técnicos de mantenimiento. En resumen el contacto personal y la transmisión de valores a los estudiantes.
Para la portavoz de SUATEA meter cámaras dentro de los edificios responde a “una concepción errónea de lo que debería ser un centro educativo”, poco didáctica. Como el resto de los especialistas educativos, solo lo puede comprender por vandalismo previo o problemas graves. Sin embargo, también matiza que esas circunstancias no se dan en el Principado, salvo en casos muy excepcionales.
Las familias Solo los colectivos de padres parecen más permeables a la instalación de videocámaras. Javier González, presidente de la FAPA Miguel Virgós, cree que es una herramienta útil para la resolución de conflictos, que se debe utilizar con dos requisitos: la existencia previa de conflictos y el acuerdo mayoritario del consejo escolar de cada centro. González dice que nunca debe ser impuesto desde el exterior.
La directiva de la FAPA Miguel Virgós ha debatido este tema y no ha mostrado un rechazo tajante a la videovigilancia. Javier González señala que su colocación “nunca persigue espiar a los profesores o a los alumnos” pero puede servir para saber “qué está pasando dentro”. El proyecto, además de contar con los padres, tiene que tener el respaldo de los docentes, “que el profesorado no se sienta incómodo”.