Costas esgrime que no autorizó las cámaras y los amarristas alegan que las ubicaron donde les asesoró un técnico de este departamento para evitar robos
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha impuesto una multa de 5.056 euros a la Asociación de Embarcaciones de Recreo de Sukarrieta. La sanción tramitada por la Demarcación de Costas del País Vasco responde a la decisión del colectivo de amarristas de instalar cámaras de vigilancia sin contar con «el oportuno título habilitante» y haberlas ubicado en un espacio peatonal de «servidumbre de tránsito, en la zona de Portuondo», según reza la propia propuesta de resolución del expediente administrativo.
Al parecer, los propietarios de los yates y embarcaciones fondeadas en la dársena colocaron el pasado año un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia frente al pantalán de Portuondo como método disuasorio ante la oleada de robos y constantes actos vandálicos que estaban sufriendo en sus propiedades. La asociación que los aglutina en la localidad habilitó cinco objetivos -repartidos entre el denominado embarcadero de Usparitza y el fondeadero natural-, «siempre tras acordar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento e incluso bajo el consentimiento y la supervisión de un técnico de Costas, que en su día nos asesoró sobre el lugar exacto en el que podíamos colocarlas», aseguraron sus portavoces.
La agrupación tiene ahora 15 días para presentar ante la entidad dependiente del Gobierno central las alegaciones pertinentes. En ese sentido, insistieron que buscaban «más ataques y robos, porque, además, están orientadas legalmente», insisten.
Prueba denegada
Según los amarristas, «desde que optamos por esta solución, no se han vuelto a registrar más incidentes». Por el momento, Costas ha denegado la petición de los amarristas para que testifique, «como prueba de que la instalación de los aparatos fue consentida», el vigilante del departamento que observó y permitió su colocación. «En este sentido, vamos a alegar indefensión», apuntan desde el grupo de afectados.
Entre los años 2009 y 2010 cerca de una treintena de las cuatrocientas embarcaciones que en la actualidad fondean en el embarcadero de Portuondo sufrieron algún tipo de desperfecto. Los daños incluían el robo de los motores fueraborda de los yates. «Los actos vandálicos que se registraban eran tan continuados y de tal calibre, que incluso dos compañías optaron por dejar de asegurarnos las embarcaciones», indicaron.
La vigilancia policial dio sus frutos en el caso de la detención de cuatro personas de nacionalidad rumana por su relación con la sustracción de los motores. Al parecer, los ladrones estaban vinculados con las mafias que compran aparatos náuticos para las pateras procedentes del continente africano.
FUENTE: www.elcorreo.com