Al ojo que todo lo ve no se le escapa ni un detalle. Ni un movimiento extraño, ni una actitud incívica o delictiva. Lo capta todo. Las 16 cámaras de videovigilancia que empezaron a funcionar a principios del mes de agosto en Ciutat Vella han demostrado ser un sistema efectivo para luchar contra la delincuencia. Así lo confirman los primeros datos en posesión del Ayuntamiento de Barcelona que revelan que desde el 1 de agosto –día en que se puso en marcha el sistema– hasta el pasado 18 de octubre se detuvo en el territorio donde se instaló la videovigilancia a 184 personas, un 21,7% más respecto al mismo periodo del 2009. Ciutat Vella es desde ya hace bastante tiempo la piedra en el zapato del alcalde Jordi Hereu. Su futuro político pasa –al margen de la decisión final del PSC respecto a su candidatura– por mantener la paz social en este distrito como mínimo hasta las próximas elecciones. La petición de más ayudas para Ciutat Vella al president Montilla y el paseo que anteayer escenificaron los dos políticos en su visita al edificio de la Filmoteca y la rambla del Raval van dirigidas en este sentido. De ahí que, en los últimos meses la presencia de las patrullas de la Guardia Urbana sea más que evidente por las calles del distrito. También se ha mejorado la iluminación de la Rambla y se han llevado a cabo actuaciones de microurbanismo para acabar con las zonas oscuras o rincones degradados. Medidas con las que se pretende evitar que se vuelvan a reproducir las escenas bochornosas y subidas de tono que hace un año dieron la vuelta al mundo y que se produjeron en la Rambla y su entorno.
Las cámaras de videovigilancia se instalaron en los lugares más conflictivos, en aquellas zonas en las que son habituales las conductas incívicas, la prostitución o la venta y el consumo de drogas en el espacio público. Las imágenes que captan los vigías electrónicos se envían directamente a un centro de control, donde un agente de la Guardia Urbana, en permanente contacto con los equipos de la policía municipal que trabajan en la calle, avisa a la patrulla según el tipo de incidencia. Durante estos primeros meses de funcionamiento se han efectuado un total de 179 peticiones de servicio a causa de infracciones penales o administrativas detectadas por las cámaras de videovigilancia.
Los 16 vigías electrónicos de Ciutat Vella se encuentran ubicados en la calle Avinyó con Escudellers, en Comtessa de Sobradiel, en Ferran con Rauric, en la calle Hospital, y en las plazas Pau Vila, del Teatre, Sant Jaume, Antonio López y Pla de Palau. En la Rambla se han instalado nueve cámaras de videovigilancia. Por este espacio circulan millones de personas al año, la mayor parte son turistas que se convierten en objeto codiciado para las redes de estafadores y rateros que operan en este paseo. Y es que el principal problema delictivo de la Rambla es el hurto en pequeñas cantidades y los trileros.
El Ayuntamiento hace un balance muy positivo de la actividad policial con las cámaras de videovigilancia durante estos primeros meses. El sistema ha permitido detener a 147 trileros frente a las 88 personas retenidas en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Lo que representa un incremento de más del 40%. Este nuevo sistema de control de las calles también ha permitido luchar de manera más activa contra la venta ambulante en las zonas vigiladas, donde ha aumentado un 32% el número de intervenciones, al pasar de 651 actuaciones el 2009 a las 956 de este año.
La instalación de este sistema de videovigilancia se ha financiado con los fondos estatales para la sostenibilidad y cohesión social del 2010. En concreto se han invertido 249.099 euros. La petición de ubicar estos mecanismos se hizo en septiembre del 2009. La encargada de hacerlo fue la concejal de Seguridad y a día de hoy también de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, que remató un trabajo que ya dejó encauzado en parte la anterior concejal Itziar González. Una labor encaminada a revisar los sistemas de seguridad del distrito y acercarlos a los vecinos y comerciantes para que, entre otras cuestiones, conozcan a sus agentes de la Guardia Urbana de referencia.
La instalación de cámaras de vigilancia en la vía pública no es tarea fácil. La normativa catalana obliga al consistorio que requiere la colocación de cámaras a presentar argumentos sólidos para que su demanda sea satisfecha. En el caso de Barcelona, la comisión de Control de Videovigilancia de Catalunya autorizó su instalación en febrero y dio por acreditadas las necesidades de la ciudad con el fin de "incrementar la seguridad de todos los ciudadanos y los visitantes".
Los primeros vigías electrónicos que se instalaron en Barcelona se ubicaron en el 2003 –y suscitaron una agria polémica– en la calle Escudellers y la plaza George Orwell. Un lugar que se había convertido en un foco de degradación y de consumo y venta de estupefacientes. A día de hoy estas cámaras continúan funcionando en dicho lugar. La ubicación de este sistema provocó un gran debate social sobre el alcance de la medida porque se interpretó, también desde algunos de los socios del equipo de gobierno, que podría suponer una agresión a la privacidad de los ciudadanos que están en la vía pública.
Al igual que Barcelona, otros 59 ayuntamientos se sirven de este sistema de vigilancia del espacio público para luchar contra la inseguridad en las calles de sus municipios. Las cámaras deben estar señalizadas con un cartel que informe a los ciudadanos de la grabación de sus voces y no pueden enfocar las fachadas de los edificios. Las imágenes captadas mediante este sistema tienen validez jurídica en el caso de que se presenten como prueba. La Agència de Protecció de Dades obliga a los ayuntamientos que solicitan el permiso a explicar el uso que piensan hacer de las imágenes grabadas, que pueden conservarse un máximo de un mes.
Hasta agosto, las únicas cámaras que se ubicaban en la Rambla son las que están repartidas a lo largo de la calzada de subida y tienen por objetivo detectar si los vehículos se dirigen a los aparcamientos públicos –un trayecto que está permitido– o por el contrario circulan por esa calzada como vía de paso hacia plaza Catalunya. En este caso, si las cámaras captaran algún hecho delictivo, las imágenes no tendrían validez jurídica.
FUENTE: www.lavanguardia.es