Según pudo averiguar este periódico, las cámaras de videovigilancia exterior, instaladas a finales del mes de abril, no estaban aún conectadas con el servidor central de la Policía Autonómica en Santiago, ciudad desde la que se prevé realizar las tareas de supervisión. Realidad que implica que, a efectos prácticos, todavía estaban inoperativas y no captaban imagen en el momento de los hechos. No es el único ataque que sufre la sede judicial en los últimos tiempos, uno de los edificios públicos de Ourense con más tránsito diario, unas 2.000 personas. El incidente más grave ocurrió el 21 de septiembre del 2009, cuando alguien lanzó un artefacto contra los muros exteriores del Pazo, que, en esa ocasión, sí llegó a estallar.
El juez decano de Ourense, Antonio Piña, manifestó ayer, ante el ataque más reciente, que, 'la junta de jueces pedirá un incremento de las medidas de seguridad, que se refuerce el sistema de alarma y que se aumente la vigilancia en el perímetro'. En la actualidad, la seguridad de la sede judicial, corre a cargo, diariamente, de cuatro efectivos de la Policía Nacional. Habitualmente, dos se encargan de la seguridad por las mañanas, uno a la tarde -en el Juzgado de Guardia- y uno en fin de semana, en horario de 7.30 horas a 22 Un hecho que desde el Sindicato Profesional de Justicia, SPJ-USO, el que representa a la mayoría de los trabajadores de la sede judicial, consideran 'aberrante'. Uno de sus representantes, Francisco Javier Álvarez, explicó que 'un convenio entre a Xunta e o Ministerio do Interior establecía que debían ser nove policías de escala básica os que atendesen o edificio xudicial, non catro', asegura. 'Estáse a incumprir reiteradamente', añade.
Según explica Álvarez, 'a misión deles -en referencia a los efectivos policiales- non só é controlar o arco de seguridade, senón o exterior do edificio, e non poden por falta de persoal e de medios', zanja. 'Dende onde están, na entrada, non teñen unha pantalla que mostre o exterior, nin visión que lles permita ver qué pasa fóra', añade.
El reducido número de efectivos policiales, según explicó Roberto González, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Ourense, hace que 'tengan que renunciar a sus días de asuntos propios o que se vean obligados a limitar sus vacaciones anuales para no perjudicar el servicio'. González apunta, además, que con 'unas medidas de seguridad sin personal policial que controle cámaras o que vigile los accesos es difícil que puedan ser efectivas'.
Uno de los efectivos de la Policía Nacional que presta servicio en el Pazo de Xustiza de Ourense, confirmó a este periódico que 'os graves percances non son habituais' aunque sí es una realidad frecuente, en el día a día, 'que haxa incidentes relacionados co feito de que a xente non quere pasar as súas cousas polo escáner'. Explica que este instrumento es fundamental para garantizar la seguridad en el edificio. Y lo justifica. 'No día de onte -por el jueves pasado- detectamos tres navallas, aínda que moitas veces son de xente maior, sen mala intención', asegura.
Apunta que, cuando hay dos policías en la entrada de acceso, en el control de seguridad, 'un de nós adoita saír fóra, para vixiar a zona de aparcamento reservado'. Es otro de los otros puntos, explica, en el que suelen registrarse problemas con mayor asiduidad.
Por su parte, el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, consultado sobre si la Administración autonómica tiene previsto aumentar las medidas de seguridad en las instalaciones judiciales, afirmó que 'no momento en que teñamos calquera petición de reforzo da seguridade, intentaremos cumprila'. De momento, reconoce que 'non temos constancia de ningunha solicitude formal neste sentido'. Añadió que a próxima semana se abordará este tema para evitar, precisamente, que volvan a producirse incidentes deste tipo'.