¿Dónde está la barrera entre estar más seguros y el derecho a la intimidad? Conforme han ido proliferando las cámaras de videovigilancia algunos colectivos, como el Movemento polos Dereitos Civís, han abierto la batalla en contra de estos equipos y advierten de que no hay garantías del uso que se puedan hacer de estas imágenes.

Aunque la Agencia de Protección de Datos obliga a las empresas y entes públicos que realicen grabaciones con estas cámaras a notificarlo, los sistemas de videovigilancia están al alcance de todos y no se necesita permiso previo para su instalación. Su coste oscila entre los 300 y los 1.500 euros.

En todo caso, cuando se dan de alta en Protección de Datos, este organismo les exige una serie de garantías. En primer lugar debe avisarse mediante carteles informativos que hay cámaras en el establecimiento. Además no se podrán obtener imágenes de espacios públicos. Únicamente si se trata de vigilar la puerta de un local podrá enfocarse una parte limitada de la vía pública.
Además las imágenes deben conservarse "el tiempo mínimo imprescindible", tal y como explican desde Protección de Datos. En el caso de imágenes con fines de vigilancia deberán destruirse en el plazo de un mes.

FUENTE: www.farodevigo.es