Gastarse 400.000 euros en un sistema de videovigilancia para que funcione sólo durante 21 meses, puede ser un ejemplo perfecto del derroche del que hacía gala el anterior equipo de Gobierno de Alcorcón, dirigido por el socialista Enrique Cascallana.

El proyecto consistía en la instalación de cámaras de vídeo en colegios, institutos y otros centros municipales para que, lo que ocurra en sus inmediaciones pueda ser seguido en directo por la Policía Municipal de la localidad desde un centro de pantallas.   El objetivo era que grabaran durante el día (para vigilar lo que pudiera ocurrir durante los recreos) y en horario extraescolar, para garantizar que nadie saltara las vallas de los centros. La idea nació con muy buenas intenciones pero no duró demasiado. Las cámaras dejaron de funcionar porque, como tantos otros servicios que el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón contrató, el Consistorio dejó de pagar el mantenimiento y la empresa suministradora del sistema, lógicamente, acabó por cortar el grifo. La deuda contraída con la empresa durante el año y los nueve meses que el proyecto estuvo en marcha, es sólo una parte de los 250 millones de euros a deber que el equipo de Enrique Cascallana (PSOE) ha dejado en herencia al nuevo Gobierno popular encabezado por David Pérez. 
A esto, hay que sumarle otros 3,3 millones de euros de deuda contraída por los organismo autónomos, según fuentes municipales.
Es decir, los populares se han encontrado en Alcorcón con una «factura total» de 253,3 millones que, sin embargo, no ha impedido que el nuevo alcalde ponga la seguridad de los alcorconeros como su objetivo número uno. A pesar de la austeridad que tiene que aplicar ahora Pérez para recuperarse de la deuda municipal, las cámaras han vuelto a grabar en los centros de la localidad para garantizar la seguridad de los pequeños. Se trata de la primera medida que ha tomado el primer edil del PP al frente del equipo de Gobierno de la localidad.

FUENTE: www.larazon.es