¿El hecho de que el sistema de videovigilancia del Seminario no esté funcionando se debe a una cuestión de dinero o un procedimiento administrativo demasiado lento? Mientras UGT denuncia que las instalaciones desde las que se deberían controlar las imágenes no está operativa y que todo se debe a una falta de liquidez, el Ayuntamiento de Zaragoza, que ayer reconoció que es cierto que este sistema lleva meses sin funcionar, negó tajantemente que esta sea la explicación y aseguró que todo se debe a que aún falta por recibir la autorización del Ministerio del Interior y de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a la que se le solicitó el permiso durante el pasado verano sin que todavía se haya recibido respuesta.

Según explicaron fuentes oficiales del consistorio, las cámaras que se instalaron en esta sede administrativa municipal "solo han estado en funcionamiento durante el periodo de pruebas", que "se superó hace meses" y que eran imprescindibles para su puesta en funcionamiento y la petición formal de la autorización necesaria. Además, aseguraron que este permiso se solicitó el pasado verano "después de adjudicar el mantenimiento de las instalaciones a una empresa privada y en previsión de que a finales de año fueran unos mil funcionarios los que estarán trabajando allí". Antes no se consideró necesario.

CRÍTICAS Pero nada tiene que ver con la argumentación aportada por UGT, que denunció el pasado lunes que "el conjunto de pantallas y monitores que debiera permitir a la Policía Local destinada allí durante las 24 horas vigilar tanto el perímetro como el interior del Seminario está apagado" y, además, que el centro de control desde donde se preveía controlar las más de cien videocámaras instaladas ni siquiera está operativo. Como tampoco lo están los sensores de movimiento u otro tipo de alarmas colocados en el edificio. No están disponibles los recursos que se iban a destinar para este fin, tener vigilados los más de 45.000 metros cuadrados de dependencias municipales.

Sin embargo, el consistorio advirtió de que sin la autorización necesaria no se puede efectuar ninguna grabación con esas cámaras, para proteger el derecho a la intimidad que exige la Ley de Protección de Datos. Por eso los responsables de la AEPD deben corroborar que esta instalación puede estar operativa. A lo que no se encuentra explicación es cómo desde el pasado verano no se haya resuelto aún la solicitud del ayuntamiento.

FUENTE: www.elperiodicodearagon.com