Pontedeume no contestó sobre sus intenciones de instalar cámaras de videovigilancia para hacer frente al vandalismo en el casco histórico del municipio ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera ni a la cuarta solicitud del Valedor do Pobo. Pero a la quinta fue la vencida. El Consitorio certifica su deseo de colocar el sistema de seguridad pero se ve obligado a demorarlo por carecer de financiación.
Cinco requerimientos han hecho falta para que el Concello de Pontedeume responda al Valedor do Pobo sobre sus intenciones de instalar sistemas de videovigilancia en lugares públicos de la villa, idea en la que persiste aunque, según explica el concejal de Servicios Municipales, Javier Crespo, "todavía no se han solicitado los permisos pertinentes".
Las reclamaciones de la institución surgen a raíz de los escritos del Movemento polos Dereitos Civís en los que advertía de la intención de la Administración local de instalar videocámaras y reclamaba al Gobierno municipal que se ciñese a los requisitos necesarios para llevarla a cabo, como son el principio de proporcionalidad, la autorización de la Delegación del Gobierno y el informe favorable de la Comisión de garantías.
El Ayuntamiento explica al Valedor que el objetivo es "atajar el vandalismo, que tiene muy castigado, sobre todo, el casco histórico de Pontedeume y sus Bienes de Interés Cultural (BIC) como es el Torreón dos Andrade y las pintadas de las que son objeto, que causan en este BIC daños que pueden ser irreversibles". Aclara además que en ningún momento se planteo instalar este sistema "sin seguir el procedimiento legalmente establecido".
Hace más de un año que el Consistorio eumés anunció su intención de pedir autorización a la Delegación del Gobierno para las cámaras de videovigilancia, cuestión de la que informó LA OPINIÓN, deseo motivado por el desembolso de más de 30.000 euros anuales de las arcas municipales para la reparación de los daños.
El edil de Servicios Municipales aclara, ante las dudas del Movemento polos Dereitos Civís, que el Gobierno local en ningún momento se planteó colocar las cámaras en lugares de paso público sino en edificios municipales, "enfocadas a la fachada", para salvaguardar la privacidad de los vecinos.
La razón del retraso en la petición de los permisos pertinentes es debido, en palabras de Javier Crespo, " a la falta de financiación" por lo que, casi con toda seguridad, esta legislatura pasará y llegará a su fin sin que la villa disponga de sistemas de videovigilancia. Iniciativa respaldada por colectivos vecinales como A Vila pero rechazada por otros sectores, como las Xuventudes Socialistas de Pontedeume.
FUENTE: www.laopinioncoruna.es