Un total de ocho empresas han presentado iniciativas al concurso convocado por el Ayuntamiento de Málaga para diseñar el programa de videovigilancia en los polígonos industriales, un proyecto que acumula un retraso de más de un año tras quedar paralizado por un problema en el pliego de condiciones.
Según el concejal de Nuevas Tecnologías y Polígonos, Francisco José Salas, la mesa de contratación estudiará en el próximo mes las diferentes propuestas, de las que saldrá finalmente el esbozo que será remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), responsable de la supervisión de este tipo de planes de seguridad.
El concurso fue convocado en primera instancia en diciembre de 2009 y suscitó la participación de tres empresas. No obstante, un defecto en la redacción de las exigencias hizo que ninguna de ellas obtuviera la puntuación mínima, lo que motivó que la convocatoria se declarara desierta. En esta ocasión, aclara Salas, las condiciones se han simplificado, circunstancia que garantiza el éxito del procedimiento, que parte con un presupuesto de 170.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.
El edil incidió en que los trámites se han acelerado para evitar que se produzcan nuevas demoras, al menos, en lo que respecta al Ayuntamiento. Salas recordó que corresponde al tribunal autonómico aceptar el proyecto, por lo que desconoce el tiempo que transcurrirá hasta que se pueda sacar a concurso la ejecución de los trabajos. «Normalmente analizan las cámaras una a una. Si aprecian inconvenientes, habrá que adaptar la propuesta», advierte.
Instalación de 120 cámaras
El programa de videovigilancia, que responde a la demanda de los empresarios, engloba a los catorce polígonos industriales de Málaga. En principio, la idea del Consistorio estriba en la instalación de alrededor de 120 cámaras, aunque el número exacto dependerá de la capacidad de los equipos. El objetivo es ampliar el control al mayor número de puntos posibles de los complejos.
De acuerdo con el estudio previo del Ayuntamiento, el coste de la infraestructura supondrá un desembolso cercano a los 2,2 millones de euros. Se trata del segundo gran proyecto de videovigilancia promovido por el Consistorio, que ya propició la instalación de videocámaras en puntos comerciales del Centro. La posible colisión de este tipo de prácticas de seguridad con el derecho a la intimidad es lo que motiva la intervención del TSJA, además de otros requisitos como la autorización previa por parte de la Subdelegación del Gobierno.
FUENTE: www.laopiniondemalaga.es