Alcohol, noche, drogas, fiesta, bares, pandillas, excesos, violencia. Todos estos ingredientes conforman un peligroso cóctel que coincide todos los fines de semana y que en demasiadas ocasiones acaba explotando con consecuencias imprevisibles. Sergio Izquierdo, de 18 años, lucha por salvar la vida tras la paliza sufrida el 26 de diciembre en La Flora, pero Iván Herrero, Jonatan Gómez y Aitor del Álamo perdieron esa batalla cuando fueron víctimas de sucesos similares en octubre de 2008, mayo y noviembre de 2009.
Pero, ¿es Burgos una ciudad peligrosa? ¿Lo es, al menos, su noche? El debate se alienta cada vez que la tensión nocturna da un salto cualitativo en forma de hechos especialmente graves. Es entonces cuando las autoridades anuncian medidas de refuerzo, como las que este fin de semana han traído a unidades policiales de Valladolid para reforzar la seguridad nocturna, y cuando los colectivos ciudadanos reclaman soluciones.
La última demostración de esta inquietud, que afecta por igual a los propios jóvenes y a sus familias, se vivió el pasado domingo, hace justo una semana, cuando 6.000 personas se echaron a la calle para pedir la erradicación de la violencia en las zonas de ocio. Algunos pedían la instalación de cámaras de videovigilancia y otros un refuerzo de las medidas policiales. Una y otra parecen ser las únicas medidas viables a corto plazo, y dependiendo del interlocutor existen preferencias para todos los gustos.
«Desde que se instalaron las cámaras en febrero de 2010 se ha notado un descenso importante de delitos y faltas hacia el mobiliario urbano, pero también de otro tipo de agresiones que no tienen por qué ser sobre el patrimonio». Con esta afirmación, fuentes oficiales del Ayuntamiento de León dan argumentos a los defensores de que la instalación de cámaras de videovigilancia en determinadas zonas puede servir para reducir la violencia callejera, tanto en lo que se refiere a actos vandálicos como a las agresiones personales.
La capital leonesa no es la única en la que las autoridades decidieron tomar esta medida, bastante polémica. Cada vez son más las ciudades españolas que graban a los ciudadanos para tratar de garantizar la seguridad. Salamanca, Madrid, Málaga o Barcelona son algunas de ellas.
Hace solo dos semanas la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña autorizó la instalación de dos nuevas cámaras en Barcelona, lo que elevará hasta 22 el número de ojos que vigilan las calles de la Ciudad Condal. Y lo hizo con estos argumentos: «Los dispositivos son una solución técnica que permite la vigilancia permanente, la optimización de recursos humanos, la actuación de forma disuasoria en la comisión de actos delictivos, así como proporcionar sensación de seguridad a los usuarios de la vía pública y asimismo detectar aglomeraciones y personas que hayan podido cometer actos delictivos y facilitar su identificación».
Salamanca, la otra capital de la región junto a León que ya dispone de cámaras, también está satisfecha con el resultado de la videovigilancia. En la ciudad charra hay 16 dispositivos que en su caso se instalaron para proteger el patrimonio del vandalismo y no por un incremento de la violencia, pero el concejal de Tráfico, Transportes y Seguridad, Francisco Albarrán, confirma que «el miedo guarda la viña y nos han permitido no solo evitar daños a los monumentos o al patrimonio, sino también controlar la violencia y detener a los participantes en alguna pelea callejera».
En el extremo sur de España, Marbella espera la resolución a una petición presentada por el Ayuntamiento y por un colectivo de empresarios para la zona de Puerto Banús, intentando garantizar la buena imagen y la seguridad de una zona eminentemente turística y plagada de establecimientos de lujo que son siempre una tentación para los amigos de lo ajeno.
Y en el caso de Málaga, que instaló las cámaras en el centro, fuentes de la Subdelegación del Gobierno señalaron que estas Navidades, por ejemplo, ha habido un repunte de los hurtos en la zona en la que están las cámaras, por lo que no se atrevieron a asegurar que haya una correlación entre el sistema y la disminución del vandalismo y la violencia.
En general, las ciudades que ya cuentan con cámaras de videovigilancia consideran positivo el resultado de su instalación, aunque no es raro que algunos grupos vecinales protesten contra la ubicación en sus barrios, como ocurrió el año pasado con los vecinos de Lavapiés, quienes acusaban al alcalde Gallardón de poco menos que instalar un Gran Hermano para la vigilancia callejera.
Pero la puesta en marcha de las cámaras no es un proceso nada sencillo. En el caso de Castilla y León, es la Comisión Regional de Videovigilancia que encabeza el presidente del TSJ la que debe autorizar o no su emplazamiento. Y los criterios de estos organismos suelen ser bastante restrictivos. Se trata de ponderar qué es más importante, si el derecho a la intimidad o el de la seguridad, y esa decisión nunca es fácil.
El Ayuntamiento de Burgos lo ha pedido porque considera que es una medida adecuada para mejorar la seguridad. Básicamente porque cree en su poder disuasorio. «Si alguien sabe que le están grabando y va con intenciones previas de armarla, quizás se lo piense un poco antes de empezar», argumentan fuentes cercanas al ámbito policial.
Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno no es partidaria, en principio, de la medida de la videovigilancia. Berta Tricio descarta entrar a valorar si las cámaras son o no efectivas, subraya que «hay pocas experiencias en otras ciudades», insiste en que la Comisión de Videovigilancia es muy restrictiva y está convencida de que «en un momento de impulsividad como el que da lugar a una pelea no sirven las cámaras».
La subdelegada recalca que «lo fundamental es el dispositivo de recursos humanos» porque «es innegable el efecto de la presencia policial» y de ahí el refuerzo solicitado para este fin de semana a la unidad antidisturbios de Valladolid, que desde la noche del jueves están vigilando las zonas de copas en una medida que ni la propia Subdelegación ha confirmado si se mantendrá.
En cualquier caso, y respecto al debate de las cámaras, Tricio abre la puerta a estudiarlo si así lo indican «los técnicos». Con esta expresión se refiere a los mandos policiales, de los que asegura que «si ellos me trasladan que sería bueno colocar dispositivos complementarios no pondré ninguna pega». Será en la próxima reunión de la Junta de Seguridad Local cuando deban ponerse estas cartas sobre la mesa.
los hosteleros quieren grabar. El presidente de la Federación de Hosteleros, José Luis López, es de los que abogan con decisión que la solución pasa por instalar cámaras, ya que «la policía no da más de sí. Una reyerta es cosa de dos minutos y ellos te lo dicen: ‘Acabamos de pasar por ahí y no había nada’. Si se produce un altercado y hay cámaras, queda registrado y al autor o a los autores les cae todo el peso de la ley», dice López.
Raúl Mancha, presidente de la Asociación Cívica Burgalesa, también defiende el uso de las cámaras en las zonas de copas, pero con matices. «En un futuro inmediato vamos a pedir de nuevo que se instalen, pero no es la solución; es un pequeño parche porque quien la quiere preparar, la va a liar en un sitio en el que no tenga miedo de que le graben».
Más tajante es el presidente de la Asociación de los Bares de Noche, José Antonio Izquierdo, quien repite una y otra vez que «las cámaras ya tenían que estar puestas. Nosotros las pedimos dos veces desde lo de Jonatan [joven camarero muerto en mayo de 2009 por una paliza en las Llanas]». Pero, con la misma rotundidad exige que haya más policía. «En otras ciudades, hay patrullas en las zonas de marcha, pero aquí parece que están solo para multar. Igual que nosotros sabemos que esto es cosa de tres o cuatro grupos, también lo sabe la Policía», afirma.
Izquierdo explica que, después de haber pedido dos veces en el último año que pongan cámaras en las zonas de ocio nocturno y no haber tenido éxito, descartan hacerlo de nuevo ahora. «¿Para qué? Entonces las pedimos en la Subdelegación del Gobierno y nos dijeron que era cosa del Ayuntamiento. Ahora, dicen lo contrario. Es la de siempre», critica.
El presidente de los hosteleros coincide en que el Ayuntamiento tiene que dar un paso al frente. «Dicen que tienen que ir con la Subdelegación, cuando lo que tienen que hacer es pedirlo ellos y, si la Subdelegación lo echa para atrás, ya tienen la espalda cubierta», señala, insistiendo en que «tres muertos y un chaval en coma es lo suficientemente grave como para tomar cartas en el asunto».
La Asociación Cívica Burgalesa también se unirá a la petición de las cámaras, una vez que recuperen la normalidad tras las vacaciones de Navidad.
FUENTE: www.diariodeburgos.es