La instalación de cámaras de videovigilancia para el control del tráfico y la seguridad ciudadana ha suscitado opiniones diversas entre la población de Santo Domingo de la Calzada.
Unos defienden su existencia para los fines perseguidos. Otros ven innecesaria «tanta cámara para tan poco tráfico, quitando 'cuatro' días al año», como señala un vecino. Hay quienes respaldan su instalación como medida disuasoria frente a robos y actos vandálicos. «Cuántas más cámaras, más seguridad habrá», afirma otro calceatense. También están quienes creen vulnerado su derecho a la intimidad y se sienten 'observados' por las cámaras.
En total, son treinta -12 de ellas en servicio ya desde el año 2007- las que hay colocadas en los cruces y accesos a la ciudad y casco histórico, en los arcos del Ayuntamiento y en la fachada consistorial que da a la avenida de Burgos, plaza de España, interior y exterior de la Policía Local -única receptora de las imágenes- y en el salón de usos múltiples.
El debate también ha llegado al Ayuntamiento. El PR asegura que las cámaras que graban las vías públicas «no se ajustan a la normativa» y que «vulneran los derechos a la intimidad e imagen de las personas». Amparándose en el artículo 3 de la instrucción 1/2006 de 8 de Noviembre de la Agencia de Protección de Datos, la formación reseña que sus responsables «deberán colocar en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados». Y se pregunta: «¿Los ha visto alguien?».
También alude el PR al artículo que establece que «sólo se considerará admisible la instalación cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas». A su juicio, «una vigilancia con la policía local es más que suficiente y no le somete a ningún esfuerzo desproporcionado».
Por su parte, la portavoz del PP, Milagros López, considera que «es un despilfarro el elevado coste que supone la instalación y mantenimiento de treinta cámaras de televisión», las cuales, a su juicio, «mas que controlar el tráfico controlan el ir y venir de los calceatenses». En su opinión, «este gasto es excesivo para los momentos de crisis en que nos encontramos» y, en la línea del díptico que el partido buzoneó recientemente, considera que «nuestra ciudad tiene otras prioridades y necesidades mucho mas urgentes que instalar el 'ojo que todo lo ve'».
El alcalde, Agustín García Metola, opina que estas declaraciones del PP sobre el uso del sistema «no se ajustan a la realidad» y subraya la eficacia de las cámaras destinadas al control del tráfico -«exclusivamente» a ese fin, remarca-, con una referencia a la ilustrativa y, de algún modo, extrapolable ausencia de actos vandálicos en el belén municipal, hacia el que apuntó una de las cámaras, o a la «localización e identificación de vehículos que, accidentalmente han ocasionado daños en el mobiliario y enseres urbanos». «Su rentabilidad es más que evidente», concluía, no sin achacar al PP que «ni le interesa ni le ha interesado conocer la realidad de este sistema de seguridad y control del tráfico, ya que no lo han visitado en ningún momento».
FUENTE: www.larioja.com