El Ayuntamiento de Burgos esperará a que la Fiscalía califique los últimos dos hechos violentos ocurridos en la capital burgalesa, la agresión el pasado sábado a un joven de 18 años en Las Llanas y el atropello de una chica de 21 años en la Avenida de Castilla y León el domingo 19 de diciembre, para decidir si se persona como acusación particular en alguno de los casos. El portavoz municipal ha asegurado que no conviene precipitarse a la hora de tomar una decisión, dado que hay que evitar que el Consistorio pueda entrar en agravios comparativos al personarse en unos casos sí y en otros no cuando son de similares características. Por ello, esperará a conocer la calificación que de los hechos realice la Fiscalía en ambos casos.  Además, Javier Lacalle ha explicado que la Policía Local, la encargada de localizar al conductor fugado del atropello, ha trabajado dentro de su horario laboral, por lo que el Ayuntamiento no tiene que demandar compensación económica por pago de horas extra a sus empleados como consecuencia del suceso.

Hay que recordar que la Policía Local detenía ayer al presunto conductor del vehículo que atropelló el pasado 19 de diciembre a una joven de 21 años en la Avenida de Castilla y León, y se dio a la fuga. La detención se producía en la tarde de ayer, tras un exhaustivo trabajo realizado por la Policía Local, que ha revisado más de 500 Renault Laguna verdes, como el del atropello, y, sobre todo, gracias a la colaboración ciudadana.

El propio Javier Lacalle ha hecho un llamamiento para que los burgaleses sigan colaborando como lo han hecho hasta ahora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, puesto que, en muchas ocasiones, los ciudadanos son la pieza clave para esclarecer sucesos como la violencia callejera y el vandalismo.

Por otra parte, y al igual que hiciera ayer el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, el portavoz municipal ha asegurado que espera que se pueda reconsiderar la decisión de no instalar cámaras de videovigilancia en las zonas de copas de la capital, tal y como ha solicitado formalmente el Ayuntamiento de Burgos, teniendo en cuenta que en menos de año y medio se han producido cuatro sucesos de agresiones graves y peleas con consecuencia de muerte en algunos casos.

Lacalle ha asegurado que las cámaras servirían para disuadir a los violentos y para esclarecer los hechos cuando se produzcan situaciones de esta naturaleza. Asimismo, el portavoz municipal ha insistido en que cuatro casos de similares características en tan poco tiempo son suficientes como para autorizar la instalación de videovigilancia. Aún así, el portavoz municipal considera que Burgos no es una excepción dentro de España y de Europa, por lo que no cree que estos sucesos violentos puedan perjudicar a la candidatura como Capital Europea de la Cultura 2016. Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno en Burgos, tras condenar “el grave incidente” ocurrido en la noche del sábado en el que un joven de 18 años resultó gravemente herido, y ante las declaraciones de los diferentes responsables políticos del Ayuntamiento de Burgos, han asegurado que en ningún momento se han opuesto a que se presente la correspondiente solicitud, facilitando cuantos datos sean precisos.

A través de nota de prensa, la Subdelegación del Gobierno ha recordado que la normativa que regula la utilización de vídeo-cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos  posibilita “al Alcalde o, en su caso, al concejal competente en materia de seguridad ciudadana” a presentar la solicitud de instalación de cámaras de videovigilancia, como ya se ha hecho por parte de todos los ayuntamientos de Castilla y León que cuentan con estos dispositivos, como Salamanca, León o Miranda de Ebro.

La solicitud se dirigirá al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, que remitirá de inmediato la solicitud a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Castilla y León, presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, para que emita el preceptivo informe. El Delegado del Gobierno resolverá en función del mismo, debiendo negar la autorización cuando sea negativo.

En las últimas ocasiones en las que se ha hablado sobre esta posibilidad, tanto la subdelegada del Gobierno como el delegado en Castilla y León han asegurado que no existen motivos suficientes para la instalación de videovigilancia, y que la solicitud formal la debe realizar el Ayuntamiento de Burgos independientemente, y esperar informe favorable de la Comisión de Garantías. Juan Carlos Aparicio, el alcalde de la capital, aseguraba ayer que volverán a plantear la solicitud en la próxima Junta Local de Seguridad.

 

FUENTE: www.radioarlanzon.com