Cada vez hay más cámaras de vigilancia. Se han convertido en un instrumento básico para la seguridad pero a medida que aumentan en número, crece también las denuncias de los ciudadanos.
La videovigilancia es el tercer motivo de reclamación ante las Agencias de Protección de Datos. Durante el 2009 se presentaron 721 quejas formales. En ciudades como Londres, por ejemplo, hay una por cada 14 personas y se colocan en los lugares donde se registran más sucesos.
El objetivo de las cámaras es garantizar la seguridad sin vulnerar el derecho individual a la intimidad. Por eso debe cumplir una serie de requisitos:
-Debe existir un cártel que informe de su presencia
-Las cámaras privadas no deben grabar imágenes de lugares públicos.
-Las imágenes deben borrarse al mes de grabadas.
-Todo aquel que lo desee puede ver las imágenes.
-Saber cuál es el destino de la grabación.
-Se puede exigir su destrucción.
Muy extendido también está su uso en los centros de trabajo para la seguridad de las instalaciones. La colocación de las cámaras se rige por normativas distintas si se destinan a la vigilancia privada o la pública. Las que están en las calles por ejemplo tienen que ser autorizadas por la Delegación del Gobierno y por un juez. Son utilizadas por las fuerzas de Seguridad del Estado.
FUENTE: www.rtvc.es