Vivimos híper conectados. Nos informamos, nos relacionamos y compartimos a través de Internet datos sensibles de nuestra vida personal. A cualquier hora y en cualquier momento. Lo hacemos a un ritmo tan acelerado que apenas nos preguntamos los riesgos de publicar cierta información.

No solo para nosotros, también para nuestros hijos e hijas. La información privada que compartimos de menores en Internet –fenómeno conocido como sharenting (término derivado de la combinación de las palabras en inglés share –compartir- y parenting –crianza, paternidad-)– queda atrapada en la nube.

Los expertos aseguran que es muy difícil eliminar por completo nuestro rastro digital y el de nuestros hijos

Y es difícil dar marcha atrás. Ahí queda esa foto ridícula o vídeo desafortunado que un día decidimos subir de nuestro hijo. Sin ser del todo conscientes, “los padres estamos conformando la identidad digital del menor”, señala Ricard Martínez, director de la cátedra de Privacidad y Transformación Digital y profesor en la Universidad de Valencia. Por eso, no dejan de aumentar solicitudes para eliminar la huella digital de menores en Internet.

Google ha recibido más de 750.000 solicitudes de retirada de datos personales de internautas en los últimos cinco años y tres millones de peticiones para bloquear URLs, según datos recientes. El top cinco de plataformas con más solicitudes de este tipo lo encabeza Facebook, seguida de cerca por Twitter, Youtube y otros servicios del gigante tecnológico Google. La batalla por la retirada de contenidos que afectan a nuestra privacidad está servida.

La fiscalía puede intervenir si hay una utilización o difusión de imágenes que violen los derechos fundamentales de los menores

Pero, ¿podemos desaparecer por completo de las redes sin dejar rastro? Los expertos aseguran que no del todo. Las fotos y vídeos que subimos son nuestros, pero cuando aceptamos -la mayoría de las veces sin leerlos- los términos y políticas de privacidad, perdemos el control de la difusión de esos contenidos. No sabemos dónde pueden acabar ni quién va a verlos, de manera que resulta muy difícil eliminarlos por completo de Internet.

Sin embargo, existen derechos que limitan los efectos de la sobreexposición y que nos ayudan a eliminar la información publicada en Internet, especialmente de los niños. A menudo olvidamos que los menores también tienen derecho a su propia imagen, así que la difusión de sus fotos y vídeos puede constituir una intromisión ilegítima de sus derechos. En tal caso, la legislación española contempla que puedan exigir la retirada de esos contenidos.

Y es que ante todo está proteger al menor. Por eso, iniciativas como Por un Uso Love de la Tecnología de Orange, que trabajan para concienciar a padres y menores sobre la importancia de hacer un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, recomiendan la educación y el diálogo en familia sobre las consecuencias de fenómenos como el sharenting.

Fuente: Lavanguardia

La AEPD y OCU ya lo han advertido: Los juguetes que se conectan a internet, recopilan información sobre nuestros hijos 

Un juguete conectado es aquel que intercambia información con otro soporte y que suele requerir la instalación de una aplicación en un móvil o tableta. Este producto suele registrar imágenes y sonidos y enviarlos directamente a internet con lo que esta información se procesa al otro lado de la Red y el resultado vuelve al propio juguete para crear así un mecanismo de interacción y respuesta a las acciones del niño. «Los juguetes conectados no son inseguros en principio, pero los padres deben comprobar qué datos recoge el juguete y para qué los va a utilizar», asegura la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, durante la presentación de unos serie de recomendaciones para impulsar la compra segura en internet con motivo del «Black Friday» y la próxima campaña navideña.

En este contexto, la AEPD recomienda que los progenitores investiguen qué datos recoge el juguete y cuál es su destino final, así como la forma en que se protegen esos datos, dónde se almacenan y si se van a enviar a terceros.

Para que los usuarios puedan informarse antes de comprarlos, desde la AEPD aconsejan que se pregunte al personal del establacimiento donde se vaya a adqurir el juguete; revisar el manual de instrucciones y localizar la política de privacidad; descargar la aplicación y revisarla antes de hacer la compra y visitar la web del fabricante y buscar opiniones de otros consumidores sobre el juguete en la web. Tambien aconsejan optar por productos que ofrezcan información completa e identifiquen de forma clara cuándo se está grabando la voz del niño.

Desde la OCU también han advertido en varias ocasiones sobre los riesgos de estos juguete ya que pueden contar con wifi propio a la que se accede sin contraseñas y «en según qué manos puede resultar peligroso». «Además, desgraciadamente hoy en día no existen leyes que regulen este tipo de seguridad y son los consumidores, en este caso menores de edad quienes resultan más perjudicados», alertan desde la asociación de consumidores.

Fuente: abc

Las polémicas 6.100 cámaras que instalará Madrid en clase: ¿pueden negarse los profesores?

“Se están comprando 70.000 dispositivos electrónicos y 6.100 cámaras para instalar en las aulas”. Así lo ha anunciado este martes Isabel Díaz Ayuso, presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid en la rueda de prensa ofrecida para explicar la vuelta al cole en este territorio. Se aplicará esta medida -junto a un nuevo paquete de preceptos- para que los alumnos de los centros públicos que den positivo en Covid-19 puedan seguir las clases desde casa en streaming. También, desde 3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato los estudiantes tendrán régimen de semipresencialidad, por lo que estas cámaras pueden servir, además, para que sigan sus clases online.

Pese a ello, el Gobierno regional ha abierto un debate en el que hay voces discordantes: ¿Estas cámaras pueden atentar contra el derecho a la intimidad o a la protección de datos de los alumnos? De hecho, a este caldo de cultivo se añade que, salvo los profesores, por regla general, los estudiantes susceptibles a ser grabados son menores. De ahí que la abogada Noemí Brito, especialista en derecho digital y de protección de datos del despacho Ceca Magán, haya explicado que “cuando el tratamiento de las imágenes está relacionado con fines educativos y académicos, la Agencia Española de Protección de Datos legitima el uso de estas herramientas si lo que está en juego es el derecho fundamental a educación”.

Pese a ello, la letrada puntualiza que eso no debe ser una “barra libre, ya que es una actividad intrusiva e invasiva” y que, jurídicamente, el gobierno de Díaz Ayuso tiene que desarrollar una normativa potente que “deje claro el fin educativo de la instalación de las cámaras; tiene que regular el tema de la conservación de las imágenes; o cómo se protegerán de los ataques digitales que pueda sufrir por parte de hackers”. De lo contrario, la aplicación de la medida podría volverse en contra de la Comunidad de Madrid.

Y es que la cuestión ya empieza a dejar preocupados a los padres. Elena Núñez, miembro del AMPA del CEIP Navas de Tolosa, situado en el madrileño distrito de Villavarde, comenta que “la sensación que tenemos los padres es que Educación está improvisando todo. No siento que la Comunidad Madrid tenga en tan poco tiempo un sistema de seguridad contra los ataques digitales”. “No me gustaría que grabasen a mis hijas de cinco y seis años sin que las cámaras sean 100% seguras, ya que hay mucho pederasta en Internet experto en informática”, asevera esta madre.

El choque padres-normativa

“Con la nueva normativa sobre protección de datos, no se requeriría un consentimiento paterno si la Comunidad de Madrid logra argumentar bien que la grabación en streaming se hace para salvaguardar el derecho fundamental a la educación. Quedaría legitimado, pero a la hora de lanzar un proyecto se tiene que evaluar el riesgo y que se aplique con seguridad”, continúa la abogada Brito. Una circunstancia que a Elena no le hace gracia. “Me gustaría que el centro al que llevo a mis hijas me consultase, aunque no se exija. De hecho, creo que no le daría mi permiso”.

Y es que el problema, de fondo, es la confrontación de dos derechos fundamentales. De ahí el difícil encaje legal que tiene que solucionar el gobierno madrileño. Por un lado, el derecho a la educación, que puede verse vulnerado si el niño contagiado da clases de manera intermitente. Y, por otro, el derecho a la protección de datos y a la intimidad.

Una solución que plantea la abogada es que la cámara del aula sólo enfoque y grabe al docente y que, además, no tenga que ser de gran resolución. “No hace falta una cámara de última generación para que el estudiante pueda seguir la lección desde casa”, opina la especialista en derecho digital.

¿Y los profesores?

Los otros damnificados de las grabaciones son los profesores, quienes se muestran “preocupados”, según desvela José Luis Carretero, docente del Instituto Escuela Superior de Hostelería y Turismo. “Muchos compañeros ven peligrar su libertad de cátedra, porque, al sentirse grabados pueden sentirse fiscalizados”, explica el profesor de Formación Profesional. En este sentido, cabría esperar que algunos docentes no vean con buenos ojos que los graben en streaming y que se nieguen a ello.

Una problemática que ya ha previsto la Comunidad de Madrid y que la propia Díaz Ayuso ha solucionado este martes. “Nuestra propuesta, además, es que, si un alumno de primaria se ve obligado a confinarse en casa, el profesor pueda activar la cámara para que el alumno asista a clase desde su casa. Esto, por supuesto, se debe negociar con cada profesor”, decía la presidenta autonómica a los medios.

Pero José Luis recela. “Lo que no ha explicado es que si un profesor se niega a dar clase en directo a un alumno confinado, tiene que tener luego un contacto con el estudiante y mandarle otras actividades. Son horas de trabajo que nadie cuenta”, explica el profesor.

“Además, grabar esas clases implica que pueda afectar a la intimidad de profesores y alumnos. Una clase es un espacio en el que se interactúa todo el rato entre alumnos y profesor durante muchos meses, como una familia, e implica que muchas veces se hacen públicos datos, asuntos relativos a la intimidad, datos familiares... todo. ¿Y cómo vigilarán que eso no se filtre?”, se pregunta el docente.

Cuatro cámaras por centro

Los docentes -como en la última semana- se mueven, vigilan y calculan cada paso que da Educación. La directora del IES Juan de Mairena, situado en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, ha revelado a este periódico que los grupos son un hervidero y que, según los cálculos de su gremio “si instalan 6.100 cámaras en los centro de la Comunidad de Madrid, habría menos de cuatro en cada institución”.

“Es algo totalmente insuficiente. Mira, no me parece mal si garantiza la educación de los alumnos, pero con tan pocas cámaras no se hace nada”, se queja la directora. “Ahora bien, a ver qué herramientas nos dan para garantizar la protección de datos y para garantizar el acceso a estas plataformas a todos los alumnos de la Comunidad”, sentencia. De momento, la Comunidad de Madrid ha anunciado sus medidas a los medios, pero a los centros no les ha indicado nada.

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Fuente: Elespanol

Rechazo unánime a instalar cámaras en las aulas

A nadie le ha gustado la idea de la Fiscalía de instalar cámaras en las aulas para evitar actitudes delictivas de los menores. Así, la comunidad educativa en su totalidad ha mostrado su rechazo unánime de las cámaras en los colegios e institutos, ante las noticias de la Fiscalía General del Estado en su memoria anual que afirman que “la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas…)”.

La ministra de Educación, Isabel Celaá ha calificado de «terrible» la instalación de estas cámaras, aunque ha precisado que a pesar de que en principio no le gusta, todas las ideas son susceptibles de debatirse. Mientras que para el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha opinado que “meter cámaras en todos los colegios de manera discriminada no es la solución”.

Sindicatos

Desde FECCOO, además de considerar la medida como ineficaz y contraria a las libertades, afirman que “no resuelve el problema de fondo: la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años.

Por su parte el sector de Enseñanza de UGT considera que las aulas de nuestros centros escolares “no precisan cámaras de vigilancia, sino más y mejores recursos, tanto materiales como humanos, para responder a las necesidades de la diversidad del alumnado”.

CCOO se declara radicalmente en contra de una medida más coactiva que preventiva y pedagógica, entendiendo que los centros educativos “no necesitan cámaras de vigilancia en las aulas”, sino más y mejores recursos materiales y humanos; coordinación, colaboración y una interacción positiva con las familias y el entorno sociocultural; y la confianza, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y de la Administración educativa.

Para UGT estas medidas que anuncia la Fiscalía “atentan contra las libertades y se plantean como coercitivas y para nada propician acciones de prevención”. El mundo educativo no requiere medidas de videovigilancia que creen la sensación de estar permanentemente vigilados. Las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa “deben ser lo suficientemente claras y fluidas, con unos objetivos comunes que hagan innecesario el uso de estas modernas técnicas de control”.

Alguna circunstancia excepcional podría justificar la observación temporal de alguna conducta, pero “iniciar este camino puede llevarnos a una relación de desconfianza mutua, contraria a lo que debe guiar el sistema educativo: metas y objetivos comunes para una mejor educación de los alumnos y alumnas con la participación de la comunidad escolar”, señalan desde UGT.

Para CCOO el modelo educativo extremadamente conservador del PP, que en España representa la LOMCE, ha pretendido convertir las escuelas e institutos en centros de instrucción donde sobreviven los más fuertes y con más recursos, obviando todas las evidencias que demuestran como los centros educativos son, desde hace mucho tiempo, espacios de convivencia y educación colectiva de una extraordinaria diversidad.

Al sistema educativo se le ha privado, hace ya casi una década, “de cualquier recurso material y humano que pudiera haber posibilitado la acción educativa pertinente para prevenir conductas antisociales y gestionar adecuadamente los problemas de convivencia que se originan en el día a día de la actividad educativa”, señala CCOO.

El Informe de la Fiscalía, al no tener en cuenta estas consideraciones, y al obviar los años de recortes y penurias del sistema educativo, recomienda una medida tan ineficaz como de poco recorrido que no va a la raíz del problema y que, además, engorda el corporativismo más negativo y es contraria a las libertades.

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Fuente: Diario16