Rechazo unánime a instalar cámaras en las aulas

A nadie le ha gustado la idea de la Fiscalía de instalar cámaras en las aulas para evitar actitudes delictivas de los menores. Así, la comunidad educativa en su totalidad ha mostrado su rechazo unánime de las cámaras en los colegios e institutos, ante las noticias de la Fiscalía General del Estado en su memoria anual que afirman que “la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas…)”.

La ministra de Educación, Isabel Celaá ha calificado de «terrible» la instalación de estas cámaras, aunque ha precisado que a pesar de que en principio no le gusta, todas las ideas son susceptibles de debatirse. Mientras que para el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha opinado que “meter cámaras en todos los colegios de manera discriminada no es la solución”.

Sindicatos

Desde FECCOO, además de considerar la medida como ineficaz y contraria a las libertades, afirman que “no resuelve el problema de fondo: la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años.

Por su parte el sector de Enseñanza de UGT considera que las aulas de nuestros centros escolares “no precisan cámaras de vigilancia, sino más y mejores recursos, tanto materiales como humanos, para responder a las necesidades de la diversidad del alumnado”.

CCOO se declara radicalmente en contra de una medida más coactiva que preventiva y pedagógica, entendiendo que los centros educativos “no necesitan cámaras de vigilancia en las aulas”, sino más y mejores recursos materiales y humanos; coordinación, colaboración y una interacción positiva con las familias y el entorno sociocultural; y la confianza, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y de la Administración educativa.

Para UGT estas medidas que anuncia la Fiscalía “atentan contra las libertades y se plantean como coercitivas y para nada propician acciones de prevención”. El mundo educativo no requiere medidas de videovigilancia que creen la sensación de estar permanentemente vigilados. Las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa “deben ser lo suficientemente claras y fluidas, con unos objetivos comunes que hagan innecesario el uso de estas modernas técnicas de control”.

Alguna circunstancia excepcional podría justificar la observación temporal de alguna conducta, pero “iniciar este camino puede llevarnos a una relación de desconfianza mutua, contraria a lo que debe guiar el sistema educativo: metas y objetivos comunes para una mejor educación de los alumnos y alumnas con la participación de la comunidad escolar”, señalan desde UGT.

Para CCOO el modelo educativo extremadamente conservador del PP, que en España representa la LOMCE, ha pretendido convertir las escuelas e institutos en centros de instrucción donde sobreviven los más fuertes y con más recursos, obviando todas las evidencias que demuestran como los centros educativos son, desde hace mucho tiempo, espacios de convivencia y educación colectiva de una extraordinaria diversidad.

Al sistema educativo se le ha privado, hace ya casi una década, “de cualquier recurso material y humano que pudiera haber posibilitado la acción educativa pertinente para prevenir conductas antisociales y gestionar adecuadamente los problemas de convivencia que se originan en el día a día de la actividad educativa”, señala CCOO.

El Informe de la Fiscalía, al no tener en cuenta estas consideraciones, y al obviar los años de recortes y penurias del sistema educativo, recomienda una medida tan ineficaz como de poco recorrido que no va a la raíz del problema y que, además, engorda el corporativismo más negativo y es contraria a las libertades.

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